El Gobierno de Sánchez deja a 1,2 millones de jóvenes andaluces sin ayudas al transporte

El Gobierno de Pedro Sánchez ha revocado las ayudas al transporte público destinadas a menores de 14 años en Andalucía, una medida que iba a beneficiar a un total de 1,2 millones de jóvenes andaluces. La decisión, comunicada por carta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se fundamenta en el supuesto incumplimiento de la Junta de Andalucía al anunciar que la medida estaba cofinanciada por el Estado, conforme al artículo 14 del Real Decreto-ley 1/2025.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha calificado la retirada de las ayudas como «un golpe de autoritarismo del ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el visto bueno de la vicepresidenta María Jesús Montero». Durante una visita a Málaga junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y los alcaldes de Madrid y Málaga, José Luis Martínez-Almeida y Francisco de la Torre, Bendodo ha criticado que «han castigado y han decidido de forma unilateral quitar las ayudas al transporte público a los jóvenes andaluces, sin dar un motivo, sin mediar ninguna causa, y lo han hecho porque contra Andalucía todo vale por parte de Pedro Sánchez».

El dirigente popular ha exigido una «rectificación urgente» al ministro Puente y a Montero, preguntándose: “Eso de mantener las ayudas al transporte público a todos los españoles, menos a los andaluces, ¿por qué?”.

Bendodo ha cuestionado si «tan valiente que ha sido Óscar Puente hubiera sido tan valiente con otras comunidades autónomas de España en vez de castigar permanentemente a Andalucía», y ha instado a Montero a «obligar» al ministro a revertir la decisión, que considera «una agresión clara a los jóvenes andaluces y al conjunto de los andaluces». Desde el PP, tanto a nivel nacional como andaluz, se ha insistido en la necesidad de una rectificación inmediata.

La parlamentaria andaluza y presidenta de Nuevas Generaciones, Jessica Trujillo, ha tachado la medida de «nueva pataleta» de Puente, calificándola de «arbitraria» y «absolutamente incomprensible». «Es absolutamente incomprensible que un representante del Gobierno de España actúe de esta manera y priorice sus disputas políticas por encima de una medida que beneficia a los más jóvenes de Andalucía”, ha sostenido Trujillo.

Además, ha criticado que el ministro sea “diligente para retirar las ayudas a casi 230.000 jóvenes malagueños y lo lento que es para aclarar los contratos a las amantes de Ábalos en su ministerio».

La Junta dará la batalla

La consejera de Economía, Hacienda, y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado que la Junta «dará la batalla» con «todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance» para defender a los andaluces. «No vamos a permitir chulerías del ministro Puente al pueblo andaluz», ha declarado, acusando al Gobierno de Sánchez de perpetrar el «enésimo agravio a Andalucía».

España ha señalado que la medida afecta a 1,2 millones de jóvenes andaluces y ha pedido a la vicepresidenta Montero, «que es andaluza», que «le pare los pies al ministro Puente para que deje de pisotear los derechos de los jóvenes andaluces». «Si es capaz de quitarle las ayudas al transporte a los jóvenes andaluces que lo haga porque se va a encontrar con la respuesta y la contundencia del pueblo andaluz», ha advertido.

España ha calificado la decisión como una «reacción infantil» del Gobierno, fruto de «la vanidad y la soberbia de un ministro que trata de agraviar una vez más a Andalucía». Ha defendido que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, siempre indicó que las ayudas estaban cofinanciadas por la Junta y el Ministerio, y ha rechazado que se «juegue con la dignidad de los andaluces ni con el derecho de nuestros jóvenes a esas ayudas».

Cuestionada sobre la posibilidad de que la Junta asuma la financiación, España ha argumentado que «sería un atraco más a la Junta de Andalucía», que ya padece una «infrafinanciación anual» de 1.500 millones de euros, 200 millones en dependencia y la falta de actualización de las entregas a cuenta. «Ya nos están asfixiando demasiado», ha concluido.

La Junta ha activado a sus servicios jurídicos para estudiar posibles acciones legales, incluyendo la posibilidad de elevar el caso a los tribunales. «No le vamos a permitir ni una chulería más con el pueblo andaluz», ha enfatizado España, quien ha insistido en que «vamos a defender a nuestros jóvenes con uñas y dientes» para proteger «la dignidad del pueblo andaluz».