El Gobierno de Ayuso pide medios para implantar la nueva Ley de eficiencia de la Justicia
La nueva Ley Orgánica de medidas de eficiencia del servicio público de la Justicia le supone a Madrid, sólo en su primer año de aplicación, un coste adicional de 40 millones de euros. Por eso, el consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín , ha pedido al ministro responsable, Félix Bolaños, que financie los costes de implantación. Lo hizo el pasado febrero, por carta, y ante la falta de respuesta, lo ha vuelto a hacer ahora, cuando es inminente la Conferencia Sectorial de Justicia , que se celebrará este viernes, y para la que Madrid ha pedido, sin éxito, que se incluyan estos puntos en el orden del día. Se sorprende el consejero en su misiva al ministro de que «ante la inminente entrada en vigor de una Ley que viene a cambiar el modelo tradicional de la Administración de Justicia», con «un coste económico enorme para las comunidades autónomas con competencias transferidas», sólo haya un punto en el orden del día de esa reunión, y referido a «la información sobre el estado de implantación del nuevo modelo organizativo» Además, el jueves entran en funcionamiento los medios adecuados de solución de conflictos (MASC) pero «no se nos ha facilitado información alguna sobre cómo el Ministerio de Justicia va a implementar dichos mecanismos». Por eso, García Martín vuelve a pedir que se incluya en el orden del día de esa reunión cómo se va a financiar a las comunidades para aplicar esta ley, y que se apruebe el marco común de teletrabajo. La nueva norma atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad exclusiva de implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios. Además, se obliga a acudir a medios alternativos de solución de conflictos, o la implantación de las oficinas de justicia en el municipio. Por eso, en su primera carta, además de recordarle a Bolaños estos extremos, el consejero le recriminaba que «pese a la enorme carga que dicha Ley atribuye a las comunidades autónomas con competencias transferidas, no se ha tenido en cuenta a quienes tenemos la responsabilidad última de implantar el contenido de esta». Se lamenta también de que «tampoco la Ley va acompañada de dotación presupuestaria suficiente que cubra los costes que nos va a generar a los diferentes gobiernos autonómicos su ejecución efectiva». Y calcula que «la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos que se derivarán de la entrada en vigor de los tribunales de instancia supondrá a Madrid, sólo el primer año, un coste adicional de 40 millones». A esta cifran han de sumarse las derivadas del «incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, por los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos».
La nueva Ley Orgánica de medidas de eficiencia del servicio público de la Justicia le supone a Madrid, sólo en su primer año de aplicación, un coste adicional de 40 millones de euros. Por eso, el consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín , ha pedido al ministro responsable, Félix Bolaños, que financie los costes de implantación. Lo hizo el pasado febrero, por carta, y ante la falta de respuesta, lo ha vuelto a hacer ahora, cuando es inminente la Conferencia Sectorial de Justicia , que se celebrará este viernes, y para la que Madrid ha pedido, sin éxito, que se incluyan estos puntos en el orden del día. Se sorprende el consejero en su misiva al ministro de que «ante la inminente entrada en vigor de una Ley que viene a cambiar el modelo tradicional de la Administración de Justicia», con «un coste económico enorme para las comunidades autónomas con competencias transferidas», sólo haya un punto en el orden del día de esa reunión, y referido a «la información sobre el estado de implantación del nuevo modelo organizativo» Además, el jueves entran en funcionamiento los medios adecuados de solución de conflictos (MASC) pero «no se nos ha facilitado información alguna sobre cómo el Ministerio de Justicia va a implementar dichos mecanismos». Por eso, García Martín vuelve a pedir que se incluya en el orden del día de esa reunión cómo se va a financiar a las comunidades para aplicar esta ley, y que se apruebe el marco común de teletrabajo. La nueva norma atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad exclusiva de implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios. Además, se obliga a acudir a medios alternativos de solución de conflictos, o la implantación de las oficinas de justicia en el municipio. Por eso, en su primera carta, además de recordarle a Bolaños estos extremos, el consejero le recriminaba que «pese a la enorme carga que dicha Ley atribuye a las comunidades autónomas con competencias transferidas, no se ha tenido en cuenta a quienes tenemos la responsabilidad última de implantar el contenido de esta». Se lamenta también de que «tampoco la Ley va acompañada de dotación presupuestaria suficiente que cubra los costes que nos va a generar a los diferentes gobiernos autonómicos su ejecución efectiva». Y calcula que «la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos que se derivarán de la entrada en vigor de los tribunales de instancia supondrá a Madrid, sólo el primer año, un coste adicional de 40 millones». A esta cifran han de sumarse las derivadas del «incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, por los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos».
