El Congreso vota esta semana el decreto de menores migrantes sin un número concreto para el traslado

Arranca una semana decisiva para el Gobierno y Canarias. El Congreso de los Diputados debatirá y votará esta semana el decreto pactado entre Moncloa y Junts para reubicar al resto de comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados procedentes del archipiélago y Ceuta. Aunque en principio se habló del traslado de unos 4.400 niños y adolescentes extranjeros, la cifra exacta está todavía por concretar, después de que casi todas las autonomías hayan trasladado al Ministerio de Juventud e Infancia el número de menores que acogen actualmente en sus respectivos territorios.

Salvo sorpresa de última hora, la iniciativa se aprobará en el Pleno de la Cámara Baja el próximo 10 de abril gracias a los votos de los de Carles Puigdemont y el resto de socios parlamentarios del Gobierno. La norma que reforma la ley de extranjería establece un mecanismo para aliviar los sistemas de acogida que se encuentren saturados mediante la reubicación de menores migrantes a otras comunidades autónomas, en base a unos criterios ponderados, como la población, el desempleo, la renta per cápita o el "esfuerzo previo" de cada autonomía en la acogida.

Para obtener la radiografía completa del sistema de protección del país, el departamento que dirige Sira Rego solicitó la cifra de acogida de menores migrantes extranjeros no acompañados que tiene cada comunidad. Aragón es el único territorio que, por ahora, no ha aportado ningún dato, según el ministerio, y, de no hacerlo antes del próximo jueves, se usará para el reparto la última información disponible, que es la del año 2023. "Nos encontramos con un silencio absoluto por parte de Aragón y la Comunidad de Madrid nos ha dado una cifra genérica que no refleja en absoluto el nivel de plazas ocupadas por menores migrantes no acompañados. Por tanto, es complicado hacer la estimación", recriminó la ministra de Juventud e Infancia el pasado jueves.

El Gobierno ha pedido a las comunidades que aclaren los datos que han ofrecido ante la "asimetría" de las cifras aportadas, que impiden hacer un dimensionamiento adecuado del sistema de protección. Tal y como explicó Rego, hay comunidades que han facilitado datos inconcretos, como Madrid, que habría aportado cifras de "todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas ocupadas".

Un número por concretar

Con todo, todavía no hay definida una cifra concreta de cuántos son los menores migrantes que deben reubicarse por todo el territorio español. Según cuentan fuentes del Gobierno, aún se está valorando la cifra, y el martes se celebrará una reunión interministerial para concretar los detalles de ese traslado.

Un dato al que, además, se le tendrá que sumar el de otros tantos menores migrantes solicitantes de asilo que, según un auto del Tribunal Supremo, debe gestionar el Gobierno central. El alto tribunal dictó el pasado 26 de marzo una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a garantizar en un plazo de diez días la acogida de algo más de mil menores migrantes no acompañados tutelados por Canarias y que han solicitado asilo o manifestado su voluntad de hacerlo. Tras valorar un posible recurso a esa sentencia, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con el líder del archipiélago, Fernando Clavijo, para coordinar la atención de esos niños y adolescentes y valorar la situación particular de cada uno de ellos.

Según contaron fuentes del Gobierno, entre esos mil menores solicitantes de asilo habrá casos de todos los tipos. "Habrá niños que se quieran quedar en Canarias porque ya están arraigados o que tienen sus amigos, algunos que están a punto de cumplir 18 años y otros que en principio pueden estar vinculados a la aprobación del real decreto", detallaron.

"Ha habido diferencias, momentos tensos, pero el próximo jueves se acaba un año y pico de traslación tremenda y de una travesía complicada y es la convalidación de ese real decreto que es un hito histórico", aseveró el viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien reiteró su petición al Partido Popular para que apoye el decreto.

Por su parte, los de Génova mantienen el rechazo a la reforma legal, y prácticamente todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han avanzado que la recurrirán el decreto ante el Tribunal Constitucional. Aunque mientras tanto, y en caso de que se apruebe la iniciativa el jueves, los barones populares aseguran que la acatarán.