El alcalde más incompetente de España

Madrid es la ciudad de los negocios, un lugar en el que hacerse rico está al alcance de la mano si cuentas con los contactos adecuados hasta el punto de que puedes engañar al Ayuntamiento de Madrid, hacerte millonario y que todo sea posible gracias a la escasa inteligencia de los responsables de administrar los fondos públicos. La Audiencia de Madrid lo ha certificado con la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa por la venta de material sanitario por valor de once millones de euros, de los que seis millones eran las comisiones que se embolsaron. Todo por menos de un mes de trabajo.

Luceño sí fue condenado, pero por el uso que hizo de la fortuna obtenida, básicamente los impuestos que no pagó: tres años de cárcel, una multa de 3,5 millones y una indemnización de 1,3 millones a la Agencia Tributaria. Pero el negocio por el que fueron llevados a juicio quedó limpio de todo reproche penal. Cuando la negligencia de una Administración alcanza niveles propios de una comedia como la que dirige y protagoniza José Luis Martínez Almeida lo que es extraño es que nadie más se aproveche de ella.

Todas las administraciones implicadas en la respuesta a la pandemia tuvieron que prescindir de los controles habituales en la contratación para intentar conseguir mascarillas, guantes y test. Es cierto que se cometieron errores, se pagaron cantidades exageradas por esos productos y se hizo negocios con personajes poco recomendables. La emergencia se impuso sobre cualquier otra consideración. Los sobreprecios eran inevitables, aunque algunas instituciones demostraron sus pocas luces en un mercado enloquecido.

El Tribunal de Cuentas revisó 59 contratos firmados por el Ayuntamiento de Madrid en esas fechas. Sólo encontró cuatro en el que solicitaron ofertas a más de una empresa antes de decidir la adjudicación. Ese porcentaje del 7% fue el más bajo en las doce mayores ciudades de España. Contratar a dedo se convirtió en la respuesta por defecto, pero sería un error pensar que todas las instituciones funcionaron con niveles similares de eficacia. El Ayuntamiento de Almeida compró mascarillas a 6,24 euros la unidad en el mercado internacional, más del doble que Barcelona (2,50), casi cuatro veces el precio que pagó Zaragoza (1,60).

La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la operación de Medina y Luceño por las sospechas de que se hubiera cometido un delito y reclamó al Ayuntamiento la documentación existente sobre el caso. Almeida mantuvo la noticia en secreto, probablemente con la esperanza de que esas pesquisas acabaran en nada. Nadie quiere quedar en público como un idiota. Fue elDiario.es el que dio la primera información sobre la investigación en marcha. A partir de ese momento, no había forma de ocultar la chapuza. Los precios se habían inflado para cargar comisiones del 60% a las mascarillas, del 81% a los guantes y del 71% a los test. Sólo la mala calidad de los guantes impidió que los beneficios fueran mayores.

Para terminar de dar a la historia un toque de absurdo berlanguiano, Almeida en persona llamó a Medina para agradecerle la donación de un número de mascarillas muy inferior al contratado. Que el primo que ha sido engañado te telefonee debe de ser el colmo de la satisfacción para un comisionista. Una vez recibidos los millones, Luceño resumió la victoria a Medina en pocas palabras: “Pa la saca”.

Quien piense que todo fue una trama sofisticada está tirando demasiado alto. Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y personaje habitual de la prensa del corazón, se puso en contacto con Carlos Martínez Almeida, abogado y primo del alcalde, para ver cómo podía ofrecer al Ayuntamiento la compra de material sanitario en el extranjero. El final de esa gestión le llevó hasta Elena Collado, encargada de la gestión de los contratos en la pandemia y persona de la máxima confianza de Almeida.

En su momento, la facilidad con la que Medina y Luceño llegaron a la gente más cercana al alcalde dejó perplejo al juez instructor. “Le dio Medina el teléfono, nada más y nada menos, que de la coordinadora de recursos. No le dio el de la ventanilla, ¿no?”, preguntó el magistrado a Luceño en el interrogatorio. “¿Esto cree usted que es normal? ¿Cree que cualquiera podía llamar a esta señora?”. Hay jueces que no saben cómo se hacen los negocios en Madrid. Con una llamada y un email, Medina se hizo con un millón de euros.

Una de las claves de la sentencia es que no ha quedado probado lo que testificó Collado en el juicio, que Medina y Luceño le dijeron en varias ocasiones que no se iban a llevar ninguna comisión. Hay que ser muy ingenuo, por utilizar una palabra amable, para pensar que esto podía ser así, o que alguien podía creérselo en un momento en que hacer de intermediario en estas compras aseguraba grandes comisiones.

Para la Audiencia de Madrid, lo que manifestó Collado no ha quedado probado. Contra su credibilidad está el hecho de que ella no dio esa información cuando le preguntaron expresamente por ello la Fiscalía Anticorrupción y después el juez instructor. Collado continúa ocupando hoy el mismo cargo que entonces en el Ayuntamiento de Madrid. Es difícil que hubiera sobrevivido en una empresa privada.

Su máximo responsable político sigue diciendo en público que nadie puede acusarlo de nada. Sólo hizo lo que tenía que hacer para obtener material de protección para las “10.000 personas del Ayuntamiento que estaban al pie del cañón aquellos días”. Sobre los avispados comisionistas, sí tiene palabras de crítica. El alcalde admite que la sentencia no aprecia ningún reproche penal en su actuación, pero sí destaca que se produjo una “conducta éticamente reprochable” por parte de Luceño y Medina.

Nadie se puede extrañar de que la brújula ética de Almeida no se moviera ni un grado cuando se supo que el hermano de Isabel Díaz Ayuso se quedó con una importante comisión de centenares de miles de euros por la venta de material sanitario en las primeras semanas de la pandemia al Gobierno autonómico de Madrid, ese mismo que preside la hermana, en un caso que fue finalmente sobreseído al no hallarse indicios de delito.

De hecho, el alcalde estaba indignado por las críticas que varios partidos hicieron a Tomás Díaz Ayuso. Por entonces, afirmó que todo formaba parte de una campaña de “hostigamiento” contra Ayuso y él. Cuando Podemos instaló una pancarta gigante en un edificio de Madrid con una foto del hermano, Almeida denunció que se trataba de “una pancarta vomitiva y repugnante”. Aparentemente, la ética de los comisionistas depende mucho de cuál sea su apellido.

Ni Almeida ni ningún otro alto cargo del Ayuntamiento fueron investigados por el escandaloso sobreprecio que se llevaron Luceño y Medina. A fin de cuentas, ser idiota no es constitutivo de delito.