Efecto dominó: anulan unas oposiciones a la Policía Local de un pueblo de Granada tras las irregularidades en la capital
«Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar». El refrán podría explicar la decisión del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro , municipio de la Costa Tropical granadina, de suspender las oposiciones que había convocado para cubrir un puesto de agente de la Policía Local. Ante la «sospecha de amaño», y también ante todo lo que se ha armado en Granada capital, ha anulado la prueba y ha puesto las presuntas irregularidades en manos de la Fiscalía Provincial. «La paralización de este proceso de selección no guarda ninguna relación con las actuaciones que se investigan en otros municipios de la provincia sobre supuestas irregularidades en oposiciones para la Policía Local», han destacado desde el consistorio del que es alcaldesa la socialista Toñi Antequera . La regidora asegura haber actuado «en todo momento con absoluta diligencia» y que, ante la denuncia de supuestas anomalías en el proceso, ha abierto «una investigación interna para averiguar lo sucedido». También ha subrayado su trabajo «para garantizar la transparencia en cualquier proceso de selección, velar por la igualdad de oportunidades de los aspirantes a la función pública y cumplir escrupulosamente con la legalidad para dotar en este caso la plantilla de la Policía Local«. El anuncio de la convocatoria de una plaza en el cuerpo local de seguridad se hizo público el 18 de febrero, precisamente el día en el que agentes de la Policía Nacional registraron la Jefatura de la Policía Local de Granada, así como dependencias municipales en el edificio de Los Mondragones o la sede de un sindicato local, en busca de pruebas que demuestren las irregularidades que han salido a la luz no sólo en Granada, sino en municipios como Albolote, Algarinejo, Monachil o Pulianas. «Nosotros hemos actuado con absoluta transparencia», ha insistido la alcaldesa, que ha agregado en un audio que la plaza volverá a convocarse si la Fiscalía no observa ningún indicio delictivo «y se constata que se están respetando los principios de acceso a la función pública«.
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«Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar». El refrán podría explicar la decisión del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro , municipio de la Costa Tropical granadina, de suspender las oposiciones que había convocado para cubrir un puesto de agente de la Policía Local. Ante la «sospecha de amaño», y también ante todo lo que se ha armado en Granada capital, ha anulado la prueba y ha puesto las presuntas irregularidades en manos de la Fiscalía Provincial. «La paralización de este proceso de selección no guarda ninguna relación con las actuaciones que se investigan en otros municipios de la provincia sobre supuestas irregularidades en oposiciones para la Policía Local», han destacado desde el consistorio del que es alcaldesa la socialista Toñi Antequera . La regidora asegura haber actuado «en todo momento con absoluta diligencia» y que, ante la denuncia de supuestas anomalías en el proceso, ha abierto «una investigación interna para averiguar lo sucedido». También ha subrayado su trabajo «para garantizar la transparencia en cualquier proceso de selección, velar por la igualdad de oportunidades de los aspirantes a la función pública y cumplir escrupulosamente con la legalidad para dotar en este caso la plantilla de la Policía Local«. El anuncio de la convocatoria de una plaza en el cuerpo local de seguridad se hizo público el 18 de febrero, precisamente el día en el que agentes de la Policía Nacional registraron la Jefatura de la Policía Local de Granada, así como dependencias municipales en el edificio de Los Mondragones o la sede de un sindicato local, en busca de pruebas que demuestren las irregularidades que han salido a la luz no sólo en Granada, sino en municipios como Albolote, Algarinejo, Monachil o Pulianas. «Nosotros hemos actuado con absoluta transparencia», ha insistido la alcaldesa, que ha agregado en un audio que la plaza volverá a convocarse si la Fiscalía no observa ningún indicio delictivo «y se constata que se están respetando los principios de acceso a la función pública«.
