Desaparición forzada: el absurdo pleito con la ONU

La semana pasada, distintas voces del gobierno, el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos sumaron a México a la lista de países que descalifican la actuación de Naciones Unidas. Veamos los hechos y las reacciones.

Primero, el supuesto agravio. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas decidió el 4 de abril de 2025 activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados Partes con respecto a la situación de México.

Dicho artículo establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Al anunciar la decisión que adoptó por consenso el Comité, su presidente, Olivier de Frouville, expresó que se acordó “solicitar al Estado Parte [México] toda la información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento”.

Como se lee con claridad, el Comité no afirmó que el Estado mexicano practique la desaparición forzada, sino que hay indicios bien fundados de que esa desaparición ocurre en el territorio mexicano de forma generalizada o sistemática. El gobierno de México reconoce que hay 127 mil personas sin localizar, lo que confirma esos fundados indicios. Y el presidente del Comité dio cuenta de que, al solicitar información, no se prejuzgaba.

Segundo, reacciones sin sustento. En la conferencia matutina del 8 de abril, la titular del Ejecutivo afirmó que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado […] Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatirlo” (El País, 8 de abril). La presidenta no tomó en cuenta que Naciones Unidas no acusó al Estado mexicano de practicar la desaparición forzada, pero incluso así anunció una nota diplomática de “inconformidad”.

La reacción escaló y el presidente del Senado detectó que la ONU desplegaba una “estrategia para descarrilar” al gobierno mexicano. E impulsó una votación por la que el Senado exigió la destitución de Olivier de Frouville del Comité.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó hasta dónde extravió su misión al expresar: “¡la ONU no va a hacer nada aquí!, no lo vamos a permitir; quienes se dicen los defensores de la democracia mundial quieren venir a pisotear la democracia que está en ciernes en este país”. (La Jornada, 9 de abril).

Las declaraciones de las autoridades mexicanas se dieron apenas unos días después de que, gracias al tesón y valentía de los colectivos de familiares de desaparecidos, se conocieran los horrores del rancho Izaguirre en Jalisco. Se viene negando la magnitud de la barbarie y no hay empatía mínima con las víctimas.

Como se aprecia, desde el Ejecutivo, el Legislativo y un órgano constitucional autónomo de México se produjo una reacción desproporcionada y gratuita contra una decisión de Naciones Unidas para evaluar el gravísimo problema de la desaparición forzada en nuestro país.

No hay mayor ultraje contra los derechos fundamentales de la población en México que la violencia sistemática que asola al territorio. El ejercicio de la soberanía pasa por que el Estado ejerza el monopolio de la fuerza, haga valer la ley y brinde seguridad física básica a sus habitantes, y eso no sucede en nuestro país: vastas zonas son controladas por grupos criminales que a diario extorsionan, asesinan y desaparecen a indefensos.

La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada era una valiosa oportunidad para ir a fondo en esta dolorosa pandemia de violencia en México, para deslindar responsabilidades y para confirmar, de haberlo, el serio compromiso de la cabeza del Estado con las víctimas de la desaparición. Pero en vez de aprovechar la disposición de Naciones Unidas, nuestro gobierno optó por minimizar el problema y descalificar al organismo, alineándose con los líderes autoritarios que confunden soberanía con autarquía.