“Lo que está pasando es increíble. Me contactó una clienta que nació en Brasil, y que tiene ciudadanía italiana. Ella vive en Italia hace poco más de un año y fue madre este fin de semana. Me contó que la comuna no quiso anotar a su hijo como italiano porque dijo que ella todavía no cuenta con dos años de residencia en el país y no puede pasarle la ciudadanía”, explica con asombro Graciela Cerulli, titular del estudio Cerulli Arena y especialista en Derecho Internacional privado, en particular en ciudadanía. Y agrega: “Irá al consulado brasileño en Italia y adoptará, por ahora, la ciudadanía brasileña”.

Aunque parezca un caso raro, los especialistas afirman que seguirán surgiendo este tipo de situaciones porque el decreto ley, que el gobierno de Giorgia Meloni anunció el viernes y comenzó a regir un día después, salió demasiado rápido y sin contemplar estos casos.

Es que el decreto provocó un drástico cambio de la ley de ciudadanía que limita el ius sanguinis -derecho por sangre- a los descendientes de italianos de primera o segunda generación. Además, aclara que ya no se podrá tramitar en los consulados.

Esta medida establece que solo quien tiene padres o abuelos nativos italianos podrán obtener automáticamente la ciudadanía. Así, provocó que todos los consulados argentinos cancelaran los turnos ya asignados para gestionar el trámite.

Presentación

Pero aún no está dicha la última palabra porque el decreto debe ser aprobado o derogado por el Parlamento italiano en un máximo de 60 días, a partir del 28 de marzo pasado cuando entró en vigor.

“El decreto aprobado por el gobierno italiano es descaradamente ilegítimo ya que viola el principio de irretroactividad de la ley. La ciudadanía italiana es un derecho adquirido desde el nacimiento y este decreto no puede poner en discusión este hecho. Estoy seguro de que el Parlamento italiano no lo confirmará o lo modificará completamente. El ius sanguinis existe desde 1865 en Italia y nunca fue modificado, aún menos de forma retroactiva”, sostiene Marco Mellone, abogado y autor de varios trabajos sobre ciudadanía italiana.

Según cuenta Cerulli, el martes varios abogados argentinos especializados en ciudadanía se encontraron en una audiencia que estaba fijada hace tiempo por otro tema, pero hablaron sobre el decreto y coincidieron en que es inconstitucional. “Las opciones que tiene este decreto son: que se apruebe tal como está, y de esta manera se transformaría en ley; que se realicen enmiendas y que se dicte una ley; o puede pasar que no se trate en los próximos 60 días o que no se apruebe y, en estos dos últimos casos, quede en vigencia la ley anterior. Con nuestros colegas estamos convencidos que el decreto, así como está, no va a ser aprobado por el Parlamento”, resume Cerulli.

En el encuentro del martes pasado, representantes de los estudios de abogados más importantes especializados en ciudadanía italiana acordaron presentar demandas en la justicia italiana como si no hubiese salido el decreto. “Además vamos a sumar una nota diciendo que si el juez no acoge la demanda pedimos la inconstitucional del decreto de la ley porque consideramos que la persona es italiana al momento de nacer. Este es un derecho imprescriptible que no puede ser tocado y ninguna ley nueva puede tocar ese derecho”, agrega Cerulli.

Además, la abogada aconseja que todos los que tengan la carpeta con la documentación terminada la presenten ya mismo porque hay “un gris” hasta que el Parlamento vote. “Yo estoy haciendo eso. Estoy pidiendo la documentación de todas las oficinas de nuestro estudio en los diferentes países y la estamos presentando”, cuenta.

Mellone, por su parte, ofrece una esperanza para todos aquellos que aún quieren obtener la ciudadanía italiana. “Este decreto tendrá vida breve porque será declarado inconstitucional por la Corte Constitucional italiana. Nosotros, los abogados italianos ya estamos actuando en este sentido”, destaca.

Otro punto importante por el que están luchando los abogados en Italia es por la tasa de justicia. Mientras que en los consulados aumentaron el importe del trámite de 640 euros a 700 euros, en Italia se incrementó en gran medida la tasa de justicia que pagan quienes demandan al gobierno italiano por no conseguir turno para sacar la ciudadanía, o quienes quieren obtenerla por vía materna. “La ley de presupuesto de este año modificó la tasa de justicia y eso también es inconstitucional. Hasta diciembre se pagaba una tasa por juicio aunque en la misma demanda estuvieran 10 personas; a partir de enero cada demandante debe pagar una, que son cerca de 600 euros. Es decir que si hay cinco demandantes en un solo juicio deberán pagar 3000 euros”, cuenta Cerulli, quien está llevando ese caso ante el Tribunal.

Estrategia política

Fabio Porta, diputado del Partito Democrático elegido en América del Sur -agrupación que es opositora al gobierno a Meloni- sostiene que lo que pasó con este decreto es grave y que espera que otros partidos que hasta ahora se manifestaron en favor del gobierno no respalden el decreto.

“Nos preocupa la falta de respeto con relación a una comunidad que tanto ayudó a Italia, con sacrificios; y que tanto puede continuar haciendo por este país, que tiene la mayor recesión demográfica de la historia. Otra cosa grave es que este decreto confirma la actitud que tiene este gobierno de derecha en relación con los extranjeros que viven en Italia, pero también con los italianos que viven en el extranjero porque todos son considerados como personas peligrosas”, agrega.

Según adelanta Porta, en las próximas semanas su espacio político conducirá una batalla dentro del Parlamento para evitar la aprobación del decreto.

Desde otro espacio político Ricardo Merlo, presidente del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE), también coincide con la inconstitucionalidad de esta medida. “Este decreto borra la identidad italiana en el exterior. Es extremo porque no es solo que se transmite hasta la segunda generación, es decir, hijos y nietos; sino que se hereda solo si el que la transmite nació en Italia o vivió dos años en este país. Por ejemplo, mi hijo es italiano, pero no la podrá transmitir a su hijo porque no vivió dos años en Italia. Consagra ciudadanos de clase A y B, porque algunos podrán transmitirla y otros no. Es realmente absurda”, reconoce

El MAIE es movimiento que cuenta con diputados y senadores en Parlamento.

Merlo detalla que su movimiento está actuando en tres frentes diferentes. “El primero es el político. Estamos hablando con dirigentes que mostraron sensibilidad y apertura. No soy pesimista. Creo que va a haber una modificación en el Parlamento porque hay muchos dirigentes políticos que están entendiendo que esto es un error. Queremos que cuando el decreto vaya al Parlamento haya modificaciones para ordenar algunas cuestiones”, cuenta.

El segundo frente es el burocrático. “Estuve tres días en el Ministerio de Relaciones Exteriores hablando con funcionarios importantes para intercambiar ideas y aunque son funcionarios también me escucharon. Pero en el caso de que esto no avance vamos a ir a la Justicia, porque consideramos que muchos de los pasajes del decreto son anticonstitucionales. Por ejemplo, los hijos de italianos que nacieron hace un mes en la Argentina se deberían regir con la ley anterior y no con este decreto. Estamos peleando en todos estos frentes”, agrega Merlo.

Según dice el presidente de MAIE, el objetivo que tiene es que en el Senado se hagan las modificaciones necesarias que poder recuperar “al menos parte de lo que perdimos”.

Merlo acepta que la ciudadanía italiana se había convertido en una actividad comercial para un grupo de personas. “Tal vez, era demasiado permisiva, pero una cosa es buscar un equilibrio y otra es querer borrar la historia con el codo. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Así que estamos peleando para lograrlo. Soy optimista, creo que vamos a disminuir los daños y recuperar parte de lo que perdimos con este decreto”, finaliza.