Crece la fractura entre veterinarios y Ministerio de Agricultura a cuenta de la Ley del Medicamento

Desde el 1 de enero de 2025, el Real Decreto 666/2023 ha desatado una crisis sin precedentes en el ámbito veterinario en España. Esta norma, concebida para adaptar la legislación española a los estándares europeos sobre el uso prudente de antibióticos en animales, ha encendido las alarmas en clínicas y hospitales veterinarios de todo el país. Las nuevas condiciones impuestas, más estrictas que las exigidas por la normativa comunitaria, han generado un rechazo frontal por parte del sector de salud animal, que denuncia trabas burocráticas, riesgos clínicos y un cuestionamiento de su profesionalidad.

A ello se suma la implantación de un sistema de registro digital llamado PRESVET, que ha sido calificado como ineficaz y excesivamente burocrático. El pasado 5 de marzo, miles de veterinarios se manifestaron en Madrid frente al Ministerio de Agricultura para exigir la retirada del decreto. En paralelo, han reclamado una reducción del IVA aplicado a los servicios veterinarios, que continúa en el 21%, una tasa para productos de lujo. Las protestas no parecen haber hecho más que empezar, y el conflicto ha traspasado el ámbito técnico para convertirse en un asunto político y social.

El origen del malestar: qué dice el Real Decreto

El Real Decreto 666/2023 busca frenar las resistencias a los antibióticos, un problema serio que la Unión Europea ya está regulando. En España, la norma va más lejos: obliga a los veterinarios a hacer pruebas antes de recetar ciertos fármacos, aunque sea urgente, y les prohíbe vender muchos medicamentos en las clínicas, obligando a los titulares de mascotas buscarlos en farmacias.

Esto causa retrasos y a veces deja a los animales sin tratamiento a tiempo. Además, les fuerza a usar PRESVET, una plataforma digital para registrar antibióticos que los veterinarios critican por ser lenta y poco útil, quitándoles tiempo de atender animales.

La posición del sector veterinario

Desde el inicio de su aplicación, el sector ha calificado el decreto como una norma inasumible en su forma actual. Las principales organizaciones veterinarias denuncian que no se les ha escuchado durante el proceso de elaboración, a pesar de haber enviado más de 50 páginas de propuestas y observaciones al Ministerio de Agricultura.

La carga burocrática añadida, la dificultad para actuar con rapidez ante casos clínicos urgentes y la pérdida de capacidad para dispensar medicamentos desde las clínicas han generado una profunda frustración. La sensación de que su criterio profesional ha sido relegado en favor de medidas que consideran mal diseñadas ha llevado al Comité de Crisis Veterinaria a exigir directamente la dimisión del ministro Luis Planas a través de una carta.

El mensaje que trasladan es rotundo: no se oponen a una regulación que garantice un uso prudente de los antibióticos, pero consideran que la norma actual está mal planteada y peor ejecutada. La carta del Comité de Crisis Veterinaria termina con un mensaje claro: o Luis Planas se va, o las protestas van a subir de nivel.

La postura del Ministerio de Agricultura

Hasta hace poco, el Ministerio de Agricultura había mantenido una defensa férrea del decreto. Sin embargo, en una reciente reunión con la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, admitió por primera vez que el sistema PRESVET presenta “dificultades” según el medio especializado AnimalsHealth. Reconoció también que la aplicación de la norma ha generado problemas de abastecimiento y un incremento en los costes para los cuidadores de animales.

Almansa señaló que el objetivo sigue siendo el control de resistencias antimicrobianas, pero anunció que el ministerio está dispuesto a dialogar para introducir ajustes. Eso sí, dejó claro que la norma no será retirada, sino “afinada”, y pidió paciencia mientras se trabaja en las mejoras. Por el momento, no se han concretado medidas ni calendarios.

A esta postura del Ministerio de Agricultura se suma ahora una novedad legislativa impulsada desde el Ministerio de Sanidad. El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la legislación farmacéutica, actualmente en fase de consulta pública. El borrador contempla la posibilidad de que ciertos medicamentos veterinarios sin necesidad de receta puedan ser vendidos en los centros veterinarios, siempre que estén destinados a animales de compañía como perros, gatos, aves de jaula o pequeños roedores.

No obstante, esta medida ha sido considerada insuficiente por parte del colectivo veterinario, que reclama poder dispensar todos los medicamentos necesarios para el tratamiento de los animales en sus propias clínicas, una práctica habitual en la mayoría de países europeos. El plazo para presentar aportaciones finaliza el 30 de abril.

Mediación desde Derechos de los Animales

Ante el creciente conflicto, la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha hecho un llamamiento al diálogo. Su responsable, José Ramón Becerra, ha descrito la situación como un conflicto competencial entre su dirección y el Ministerio de Agricultura, y ha propuesto mediar para encontrar soluciones que respeten tanto el objetivo sanitario como las necesidades del sector.

J. R. Becerra ha señalado que comprende las quejas de los veterinarios y que comparte la preocupación por el impacto de la norma en el bienestar animal, abogando por dar más margen al criterio profesional en la prescripción, reducir la burocracia innecesaria y garantizar que las decisiones clínicas puedan tomarse con rapidez cuando las circunstancias lo exijan. La Dirección General de Derechos de los Animales también ha mostrado su disposición a trabajar por una reforma del decreto que mantenga el espíritu de la norma europea pero se adapte mejor a la práctica real en clínicas y hospitales veterinarios.

El texto íntegro de la carta del Comité de Crisis Veterinaria puede leerse a través de este enlace.