Consumo abre expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. La investigación del departamento que dirige Pablo Bustinduy dio comienzo en octubre de 2024 contra varias inmobiliarias y ahora se ha abierto procedimiento sancionador contra una de ellas, mientras que para el resto las indagaciones siguen en marcha para saber si habrían cometido estas u otras prácticas.

La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En dichas denuncias se relataban infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino.

Según recuerda el ministerio, la ley de vivienda "prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato" y establece que "estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones". De acuerdo con la ley de defensa de los consumidores y usuarios, las infracciones calificadas como "graves" prevén "multas de hasta 100.000 euros" o "entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido". Para las "muy graves", la norma determina que pueden ser "sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido".

Este nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al expediente abierto hace tres meses a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas. En este caso, el expediente se puso en marcha por anuncios de alojamientos que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la ley de defensa de los consumidores. Consumo, según indica el ministerio, solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.

Todo ello añadido al expediente sancionador ya abierto en varias comunidades autónomas a las empresas de pisos turísticos que ofrecen "cientos" de viviendas turísticas con información falsa o que, aun siendo veraz, "por su contenido o presentación", inducen a error a los destinatarios. La más común es la conocida como del 'falso casero', que consiste en hacerse pasar por un particular para alquilar una vivienda turística que en realidad está gestionada por una gran empresa.

Según el ministerio, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre "potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler". Se tratarían de "prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas".