Cómo calza el plan de reformas pactado con Milei con el calendario electoral

Las palabras de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional desde Washington respecto a las elecciones en la Argentina y la importancia de mantener "el rumbo del cambio" que hoy timonea Javier Milei siguen provocando ecos en este extremo del mapa. Lo que algunos festejaron como respaldo y otros tildaron de injerencia, en rigor, forma parte de los argumentos que el propio Gobierno hizo llegar a Kristalina Georgieva en un memorándum medio de las negociaciones y que quedaron plasmadas en las 138 páginas del acuerdo. 

 Ayer, desde el organismo multilateral hicieron esfuerzos por explicar a Georgieva. La propia funcionaria dijo que, en realidad, se refería al Gobierno nacional cuando instaba a la Argentina a mantenerse en curso porque los gobernantes tienden a "debilitar su decisión de hacer reformas" cuando enfrentan elecciones. 

Más tarde, consultado por la enviada especial de El Cronista, Patricia Valli, el director para el hemisferio occidental, Rodrigo Valdés, siguió la misma línea "Las elecciones son para la gente, no para nosotros. Ella estaba subrayando la importancia de que el Gobierno implemente las medidas por delante", puntualizó.

"¿Cuáles son los riesgos?", se había preguntado el jueves la titular del Fondo. Por un lado, señaló "un empeoramiento del ambiente mundial" como un factor exógeno. Pero a la vez, citó que "en el plano doméstico, el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo".

En un Memorándum sobre Políticas Fiscales y Económicas que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausilli, adjuntaron a una carta dirigida a Georgieva el 6 de abril pasado, ambos funcionarios advierten sobre las elecciones como uno de los "riesgos" latentes, en simultáneo con las tensiones internacionales.

"La probabilidad de shocks ambientales e incertidumbre previa a las elecciones de mitad de mandato de octubre podrían agravar estos desafíos", destacaron. Aunque en el punto siguiente ratificaron que "nuestras políticas continuarán adaptándose a las circunstancias cambiantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos de nuestro programa. En caso de que se materialicen riesgos externos o internos y surjan presiones cambiarias, estamos preparados para endurecer drásticamente las políticas fiscales y monetarias, entre otros ajustes, según corresponda".

A la vez, confirmaron que, de suceder algún tipo de revés legislativo, seguirían "oponiéndonos a cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta por el Congreso que ponga en riesgo nuestra estabilidad fiscal y estamos preparados para considerar alternativas, según sea necesario".

El respaldo más claro, no obstante, se advierte en el cronograma de compromisos de reformas y medidas que el Gobierno y los amplios plazos para cumplir con las más complicadas de resolver desde el costo político. Así y todo, por el intenso calendario político de 2025, hay ciertos pasos que no pueden eludir la fricción con la hoja de ruta electoral.

Acuerdo con el FMI: el futuro de la reforma laboral y tributaria

El arribo de la primera cuota fuerte de dólares del Fondo Monetario Internacional unida al levantamiento parcial del cepo le permitió al Gobierno un primer giro a la narrativa negativa de los últimos meses. Sin embargo, el panorama hacia adelante es menos claro porque se entrecruzan dos variables en la ecuación: los compromisos de reformas asumidos con el organismo y el calendario político en una segunda parte del año cargada de pruebas electorales y meses naturalmente volátiles.

Un rápido sondeo en el universo digital, a cargo de la consultora Ad Hoc, ratificó que el líder libertario recuperó el viento favorable en esa arena montándose en los anuncios económicos. Entre el 11 y el 14 de abril, la decisión respecto al cepo cambiario tuvo más impacto que el pico de 3,7% de inflación y "permitió correr la conversación durante el fin de semana", explican sus especialistas.

En Casa Rosada insisten que el cronograma se hizo pensando en darle un tiempo prudencial al Gobierno para que recomponga sus fuerzas en el Congreso, por donde deberán pasar las dos reformas de mayor peso -y costo, según cómo se mire- político. Tanto la modificación al sistema laboral como la que se practique en el campo tributario están comprometidas recién para diciembre de 2026. 

Entonces, el presidente Javier Milei ya no tendrá las facultades extraordinarias de la Ley Bases, a no ser que una nueva mayoría propia y de aliados se las renueven. Y en lo que refiere a los decretos, solo tiene vedado por normativa el uso de esta herramienta para tratar temas impositivos -que es potestad de Diputados como cámara de origen-, penales, electorales y sobre partidos políticos.

¿Qué puede pasar con la reforma laboral? El gobierno de Milei ya intentó avanzarla por decreto, en el marco del mega DNU 70/2023 y el capítulo correspondiente quedó judicializado, aunque en suspenso. Y si bien el Congreso le habilitó una serie de cambios en lo que refiere una flexibilización en el registro y bajas del empleo registrado, el Gobierno siempre puede intentar una reforma mayor por esta vía que ya le resultó. De momento, no obstante, no es la opción que barajan.

Así y todo quedaron también reformas pendientes que se extrajeron de la Ley Bases en una negociación con la CGT. Algunos de esos artículos reaparecieron dentro de un capítulo de la Ley de promoción de inversiones PyME -también conocido como Ley de Mini RIGI- que presentó un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza encabezados por la karinista Romina Diez. 

Este proyecto caduca el 28 de febrero de 2026. Y como dijo en público ya el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ninguna de las dos iniciativas se abordará antes del recambio legislativo, cuando el Gobierno aspire a tener no solo una tropa mayor pero también más diputados y diputadas hábiles para la negociación política que requieren dos leyes de semejante tenor.

"La mayor parte de ellos jamás habló con alguien de Unión por la Patria. O si lo hizo, apenas fue con Germán Martínez (el jefe de bloque). No entienden que dentro de UP conviven muchos sub-bloques con los que hay que negociar por separado. No es lo mismo Germán que Cecilia (Moreau) que su padre Leopoldo (Moreau) o (Victoria) Tolosa Paz", se lamenta ante El Cronista un articulador de alta alcurnia en la plana libertaria.

 Y añade: "Algunos de estos realmente se creen que los logros del Gobierno en el Congreso bajaron de las fuerzas del Cielo cuando cada votación se trabajó con todo desde la Casa Rosada cuando se quería conseguir un resultado favorable". Lo concreto es que hoy, quienes mueven el ábaco legislativo en el extremo opuesto de avenida de Mayo no contabilizan como votos seguros -entre propios, aliados y librepensadores- a más de 100 diputados y diputadas. 

Lo mismo ponen un techo de 38 senadores y senadoras, mucho más frágil. "Solo reunieron rara vez", lamentan. Y tampoco confían que la vice, Victoria Villarruel, les juegue 100% a favor, llegado el caso.

Calendario electoral vs compromisos con el FMI: cómo calzan

El Gobierno confía en cambio en que el desembolso inicial de u$s 12.000 millones de la última semana unto a los u$s 3.000 millones programados entre junio y noviembre sean lo suficientemente robustos como para mantener el dólar flotando entre las bandas, con mínima intervención, hasta cruzar las elecciones nacionales. Necesitan, a la par, que lo acompañe del ingreso de divisas vías las exportaciones. 

El acuerdo con el FMI contempla diez tramos de desembolsos. Los u$s 15.000 millones totalizan el 75% de todo el paquete del organismo multilateral, en apenas tres de las diez cuotas. Las restantes se extienden a razón de dos por año, en mayo y noviembre, hasta marzo de 2029. Cada una por $723 millones, a cambio de cumplir con una serie de metas específicas. 

Si bien contempla un plazo de gracia de cuatro años para que el Gobierno empiece a saldarlo, el nuevo entendimiento no cambia la letra del entendimiento previo alcanzado con el entonces ministro de Economía Martín Guzmán con un cronograma de pagos que sigue vigente y que vuelve inviable la posibilidad de la Argentina de pagar si no se revierte la situación de las reservas.

En términos nominales, la Argentina debe enfrentar un volumen de deuda de u$25.000 millones entre 2026 y 2029 mientras que desde el FMI se girarán solo los u$s 5.000 millones pendientes en el mismo período. Quienes miran la curva cruzada de vencimientos advierten que no será sin embargo hasta 2028 que se empezará a pronunciar la línea de las obligaciones. Y recién en 2029 ya se superpondrán los dos planes de pago. A partir de allí, las obligaciones condicionarán la viabilidad de cualquiera que gane las elecciones de 2027 forzándolo a renegociar o sucumbir.

En lo que respecta al actual calendario, dos de las tres elecciones donde el gobierno de Javier Milei tiene puesto el foco ya habrán concluido para el momento que el primer ítem en la hoja de ruta de reformas comprometidas salte en la agenda del oficialismo.  La Ciudad de Buenos Aires resolverá su elección local el 18 de mayo y en el caso de la Provincia de Buenos Aires, el test local sucederá el 7 de septiembre.

Durante las semanas previas, ya se habrá definido el cierre de alianzas bonaerense (9 de julio), las alianzas nacionales (7 de agosto) y bonaerenses (8 de agosto) y el cierre de listas nacional (17 de agosto). También ya habrán dado su veredicto las urnas de Salta (4 de mayo); San Luis, Chaco y Jujuy (11 de mayo); Misiones (8 de junio); Santa Fe y Formosa (29 de junio), entre los distritos que ya anunciaron su desdoblamiento.

La tercera elección en la que el Gobierno se juega su caudal político es en la nacional. Ese es el resultado que incidirá directamente en su oportunidad de acrecentar la tropa legislativa donde pone pocas bancas propias en juego pero apuesta a crecer a costa de sus aliados con los que comparte un mismo elector. Serán el 26 de octubre.

Pero antes que llegue ese turno electoral, el Gobierno deberá avanzar con las primeras decisiones que pueden insumirle capital político. Por un lado, desarrollar un plan para eliminar entidades extrapresupuestarias ineficientes "a fin de mejorar también su gobernanza". Por el otro, cumplir con la normativa nacional y presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026, "de conformidad con la regla de déficit presupuestario general cero". 

Según el acuerdo sellado con el FMI, el proyecto de presupuesto debe contener "un marco fiscal a mediano plazo, que incluirá una declaración detallada de riesgos fiscales y escenarios adversos". El contenido de ese proyecto y los planes del Gobierno pasarán a formar parte del debate electoral y si bien es cierto que no hay un plazo para debatirlo, será casi un mes y medio de fuego constante para el Ejecutivo por parte de sus opositores. 

Así sucedió el año pasado y el Gobierno optó por retirar del proyecto del debate en la comisión que timonea José Luis Espert cuando los bloques opositores amenazaron con reformar sus artículos, pese a que los propios gobernadores reclamaban hacer la vista gorda. Algunos de esos mandatarios deberán medir su arrastre en elecciones propias además de dirimir en octubre la renovación de bancas en el Legislativo nacional. 

Catamarca irá a las urnas ese mismo 26 de octubre; La Rioja aún no puso fecha y dos provincias de buen diálogo con el Gobierno nacional deberán, además, elegir gobernadores a la par de sus legislaturas locales y representantes nacionales: Corrientes y Santiago del Estero, en fechas aún a confirmar, pero con chances que terminen siendo concurrentes con la nacional.

Recién para mitad de noviembre, llegarán las primeras reforma fiscales y estructurales de alto voltaje político con la obligación de publicar un informe de las empresas estatales incluidas en la Ley 27.742, junto con una hoja de ruta para su privatización y concesiones, a cargo de la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales. Y los lineamientos para llevarlo a cabo hacia fin de mes, siguiendo "un proceso de privatización eficiente y transparente". En esa fecha concluye el mandato del actual cuerpo legislativo. 

También en noviembre deberán avanzar, acorde a lo negociado con el FMI, con la liberalización del comercio mayorista en el mercado eléctrico, siguiendo la Resolución 21/2025. Y publicar el informe de asistencia técnica del Fondo sobre la implementación de varias de las recomendaciones clave del GAFI en materia de monitoreo y análisis estratégico para abordar los riesgos transfronterizos de lavado de activos y la implementación de exenciones basadas en el riesgo para mejorar la eficiencia del sector público.

Diciembre, que suele ser un mes de elevada volatilidad en la Argentina, será el plazo para la eliminación de todos los fondos fiduciarios -con excepción de los subsidios al gas residencial-, lo que impactará en distintos niveles. Desde la Secretaría de Energía, por lo pronto, se comprometieron a reducir el conjunto de 9,5 millones de hogares que reciben subsidios en las tarifas de luz. Lo que impactará irremediablemente en la curva de inflación, advierten los especialistas.

Para fin de año, el Gobierno deberá completar la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social (Sistema de Indicadores Sociales, SIS), trabajando con la asistencia técnica del Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social. E implementar la ampliación de la cobertura del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), en colaboración con el BID, para incluir a otros organismos y agencias gubernamentales, según lo anunciado en el decreto 1093/2024.

Por último, en ese contexto, se conocerán los primeros ejes de la reforma tributaria que piensa el gobierno de Javier Milei. Según la hoja de ruta prevista con el FMI, el Ejecutivo deberá desarrollar (y compartir con el personal del Fondo) "una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario", lo que debe contemplar "la racionalización de los costosos gastos fiscales" para así eliminar de manera gradual los llamados "impuestos distorsionantes sobre las transacciones comerciales y financieras".