Causa Vialidad. El juez Ercolini procesó a la “pata provincial” en el esquema de corrupción
Son 15 funcionarios de Vialidad de Santa Cruz y un representante de Austral Construcciones; este es otro tramo de la causa que tiene a Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Baez con procesamiento confirmado por la Cámara de Casación

El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de una nueva tanda de imputados en la causa conocida como Vialidad, donde se investigó el entramado de corrupción en la obra pública de Santa Cruz durante el kirchnerismo y tiene a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Baéz, entre otros, con una condena confirmada por la Cámara de Casación por fraude al Estado.
En este otro tramo del expediente, la investigación se centró en la pata provincial detrás de la maniobra. Ercolini encontró elementos para procesar a 15 personas que cumplían funciones dentro de la Administración General de Vialidad (AGV) de Santa Cruz, quienes, por acción u omisión, habrían tenido un rol clave en el despliegue de la maniobra.
Se trata de los directores provinciales Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Víctor Hugo Paniagua, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, y Juan Gelves; los representantes por la AGN, Elio Enrique González, Gerardo Daniel Mansilla, Claudia Viviana Oliva, Jorge Ricardo Pasiecznik y Alba Lilia Josefa Cabrera; y el vocal técnico Guillermo Horacio Cantero.
Además, el juez Ercolini procesó a José Carlos Pistán, representante de Austral Construcciones S.A, la firma insignia de Lázaro Báez. Sobre todos ellos, el juez trabó un embargo de 100 millones de pesos.
Ercolini enumeró casi 200 pruebas en las que basó su decisión. Son documentaciones de diverso tipo, como informes oficiales, correos electrónicos y actuaciones de otros expedientes, además de declaraciones testimoniales y otras presentaciones judiciales.
“La maniobra criminal se vio conformada por distintas aristas y etapas que confluyeron hacia un único fin específico que ha sido expuesto y explicado en más de una oportunidad: hacerse ilegítimamente de los fondos que le eran otorgados a la provincia de Santa Cruz para el desarrollo de obra pública vial, a través del beneficio direccionado hacia el empresario Lázaro Antonio Báez”, dice Ercolini en su resolución.
“Ese objetivo delictivo, como se vio a lo largo de los primeros apartados, fue planificado por un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, quienes fueron secundados para la ejecución de ese propósito por distintas personas de su confianza, quienes ocuparon cargos jerárquicos dentro de la administración pública nacional”, continúa.
Pero ese esquema, dice el juez, se apoyó sobre una estructura provincial, conformada por funcionarios que ejecutaban órdenes o desatendían adrede sus funciones.
“Esa estructura burocrática provincial -que operaba armónicamente en espejo junto con aquella montada a nivel nacional-, se nutrió de una serie de individuos (los aquí imputados), para que, desde los puestos específicos que les tocó ocupar, pusieran a disposición su rol funcional ayudando -de forma activa u omisiva-, a su ejecución, desarrollo y permanencia”
No debe perderse de vista que los funcionarios en cuestión, además de actuar con conocimiento y voluntad, lo hicieron bajo la venia, supervisión y, seguramente, orientación de los sucesivospresidentes de la AGVP (Pavesi, Villafañe y Santibañez) que ya cuentan con condena confirmada por la Cámara Casatoria del fuero, dentro del tramo de esta causa que fuera elevado a la etapa de debate oral y público”, siguió.
El juez recordó los principales rasgos que presentó la maniobra, como el repentino salto profesional que hizo Lázaro Báez –de empleado bancario a ser el principal empresario de obra pública de la provincia–, el vertiginoso crecimiento de su conglomerado empresarial, y las cuantiosas irregularidades que marcaron todo el proceso de la obra pública, desde las licitaciones hasta el trato preferencial que tuvo en tramos tempranos de la obras.
A su vez, declaró la falta de mérito de otros 9 implicados: Darío Gastón Pedelaborde, Angelina María Esther Abbona, Patricia Alejandra Álvarez, Alice María Quinteros, Carlos Javier Ramos, Mario Roberto Layún, Juan Antonio Bontempo, Luis Alberto Villanueva y Juan Manuel Campillo.