Blanco defiende su modelo de pisos para menores tutelados
El de Castilla y León «no es el mismo modelo» que el de Extremadura. Es lo primero que quiso dejar ayer claro la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, tras trasladar «todo el cariño» a la familia de la educadora social asesinada esta semana presuntamente por tres menores en la vivienda en la que residían. Por un lado, detalló la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, están los centros más grande de reforma, como el Zambrana, en Valladolid, y, por otro, los pisos de cumplimiento de medidas de convivencia en grupo educativo. De estos últimos hay seis en toda la Comunidad, con 39 plazas y en los que en estos momentos hay 32 menores, detal ló . «Tienen muy poquita ocupación», aseguró, para incidir en que esos alojamientos no van destinados «a reforma», a los que se derivan los casos «más graves», sino que buscan que los menores «puedan volver a la vida con toda normalidad y reintegrarse». Un modelo del que Blanco defendió que, en todo caso, es el juez el que determina las medidas que impone a esos menores infractores y el tipo de centro en el que deben ingresar. Además, subrayo, «se va dando permanentemente información» a la Fiscalía sobre cualquier cambio de conducta por si «consideran oportuno» variar el régimen de internamiento. Precisamente ayer alrededor de 200 personas secundaron en la capital leonesa la concentración convocada por trabajadores del sector social en León, bajo el lema 'Somos Belén'. 'Queremos cambiar vidas, no perderlas', 'Que el trabajo no nos cueste la vida', 'Exigimos derechos y protección' son algunos de los lemas que acompañaron la movilización, en la que se dio lectura a un manifiesto que reclamó «un tercer sector digno y seguro» y denunció condiciones precarias con contratos inestables y cargas de trabajo «inhumanas», falta de recursos y seguridad y riesgos psicosociales constantes. Los asistentes exigieron más inversión en personal, infraestructuras adecuadas, sueltos justos y entornos seguros. «No podemos seguir sosteniendo un sistema que nos consume y nos expone a riesgos inaceptables», subrayaron. Por otra parte, sobre el decreto apuntado por el Gobierno sobre atención a los menores tutelados, la vicepresidenta mostró su confianza en que «no contemple una invasión de competencias» de las comunidades, «algo a lo que está muy acostumbrado». «Por un lado cede a sus socios separatistas y, por otro, se plantea la invasión competencia», censuró, dejando claro que las menores están en manos de las autonomías.
El de Castilla y León «no es el mismo modelo» que el de Extremadura. Es lo primero que quiso dejar ayer claro la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, tras trasladar «todo el cariño» a la familia de la educadora social asesinada esta semana presuntamente por tres menores en la vivienda en la que residían. Por un lado, detalló la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, están los centros más grande de reforma, como el Zambrana, en Valladolid, y, por otro, los pisos de cumplimiento de medidas de convivencia en grupo educativo. De estos últimos hay seis en toda la Comunidad, con 39 plazas y en los que en estos momentos hay 32 menores, detal ló . «Tienen muy poquita ocupación», aseguró, para incidir en que esos alojamientos no van destinados «a reforma», a los que se derivan los casos «más graves», sino que buscan que los menores «puedan volver a la vida con toda normalidad y reintegrarse». Un modelo del que Blanco defendió que, en todo caso, es el juez el que determina las medidas que impone a esos menores infractores y el tipo de centro en el que deben ingresar. Además, subrayo, «se va dando permanentemente información» a la Fiscalía sobre cualquier cambio de conducta por si «consideran oportuno» variar el régimen de internamiento. Precisamente ayer alrededor de 200 personas secundaron en la capital leonesa la concentración convocada por trabajadores del sector social en León, bajo el lema 'Somos Belén'. 'Queremos cambiar vidas, no perderlas', 'Que el trabajo no nos cueste la vida', 'Exigimos derechos y protección' son algunos de los lemas que acompañaron la movilización, en la que se dio lectura a un manifiesto que reclamó «un tercer sector digno y seguro» y denunció condiciones precarias con contratos inestables y cargas de trabajo «inhumanas», falta de recursos y seguridad y riesgos psicosociales constantes. Los asistentes exigieron más inversión en personal, infraestructuras adecuadas, sueltos justos y entornos seguros. «No podemos seguir sosteniendo un sistema que nos consume y nos expone a riesgos inaceptables», subrayaron. Por otra parte, sobre el decreto apuntado por el Gobierno sobre atención a los menores tutelados, la vicepresidenta mostró su confianza en que «no contemple una invasión de competencias» de las comunidades, «algo a lo que está muy acostumbrado». «Por un lado cede a sus socios separatistas y, por otro, se plantea la invasión competencia», censuró, dejando claro que las menores están en manos de las autonomías.
