Baleares propone aumentar hasta un 200% la 'ecotasa' y crear un nuevo impuesto a vehículos de alquiler

El Govern de Baleares ha concretado este viernes sus primeras propuestas de contención de la saturación turística, entre la que destacan la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en junio, julio y agosto —la conocida como 'ecotasa'—; crear un nuevo impuesto a los vehículos vacacionales y la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, han dado a conocer en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern la batería de medidas que ahora se negociarán con los grupos parlamentarios en busca de los apoyos necesarios para su aprobación en el Parlament.

A grandes rasgos, la propuesta del Govern que preside Marga Prohens incluye un nuevo marco normativo para la contención de plazas turísticas, medidas contra la oferta turística ilegal, con el incremento de sanciones hasta los 500.000 euros; la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que no se pagará en enero y febrero, y con una subida de entre el 66 y el 200%, según la categoría del establecimiento durante los meses de junio, julio y agosto; así como un nuevo impuesto a vehículos vacacionales con una tarifa variable según emisiones y tiempo de circulación en las islas de 30 a 80 euros.

El portavoz ha explicado que las propuestas del Ejecutivo buscan dar respuesta a objetivos establecidos en las Bases de la Agenda de Transición, surgido de los grupos de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares.

Incremento del ITS hasta el 200%

Entre las principales medidas destaca la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que pasa de dos a cuatro tramos. En el tramo que comprende enero y febrero el impuesto se reduce a cero, mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumenta de 1 a 2,5 euros el tramo más bajo y de 4 a 6 euros por noche el tramo más alto. En verano, para los cruceros que atracan en la isla pasa de 2 a 6 euros noche.

En los meses de mayo, septiembre y octubre, así como en los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, se mantienen las diferentes cuotas vigentes hasta la fecha. Como otra novedad, también se incluye una deducción de hasta 250 euros anuales a través de la declaración de la renta para compensar el coste del impuesto a los residentes que se hayan alojado en un establecimiento de las islas.

Se propone la modificación por ley de las finalidades previstas para la recaudación del tributo para además de priorizar las inversiones en sostenibilidad y modernización, financiar medidas de lucha contra la oferta ilegal y medidas de bienestar laboral, como la novación de contratos fijos discontinuos en contratos fijos indefinidos.

Nuevo impuesto a vehículos de alquiler

El Govern de Prohens también se plantea la creación de un nuevo impuesto a vehículos vacacionales para compensar el impacto de las emisiones y cuya recaudación iría destinada a inversiones en transporte público.

El impuesto se aplicaría a vehículos particulares que circulen de manera temporal inferior a seis meses como vehículos de alquiler sin conductor que no consten en los registros de vehículos no turísticos, y tendrá una tarifa que variará en función de las emisiones y del tiempo de circulación entre los 30 y los 80 euros.

Lucha contra la oferta ilegal

Otras de las medidas anunciadas por el Govern es la prohibición de nuevas plazas de alojamiento turísticos en viviendas plurifamiliares y se elevarán las exigencias de calidad para la renovación de las plazas existentes. El Ejecutivo reactiva el intercambio de plazas y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda a la espera de que los consells fijen su techo de plazas y capacidad de carga para levantar la moratoria, y crea una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de plazas.

La lucha contra la oferta ilegal se intensifica con nuevas medidas entre las que destaca la obligatoriedad de los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento a comercializar, en el que se responsabiliza de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras y un aumento de las sanciones del 25 por ciento con multas de hasta 500.000 euros.

En todo caso, habría una rebaja de hasta el 80% de la sanción siempre que estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado, en cuyo caso, el beneficiario de la renta será la administración.

El Govern también ha anunciado la regulación de las nuevas zonas saturadas y de reconversión, que podrán ser declaradas por los Consells insulares previa presentación de un plan estratégico de actuación para dichas zonas, así como un régimen extraordinario de modernización de establecimientos turísticos en zonas de reconversión, para el impulso de proyectos de modernización de la oferta.