Alquiler de vientres en Grecia: una industria regulada pero opaca

Este reportaje sobre Grecia forma parte del dossier de #LaMarea105, dedicado a la industria de los vientres de alquiler. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

ATENAS Y TESALÓNICA // La Canea, Creta. Es 8 de agosto de 2023 y Grecia está conmocionada por los incendios de dos de sus islas más populares, Rodas y Corfú. El fuego lo arrasa todo y miles de turistas han tenido que ser evacuados por mar y aire. Mientras el gobierno del primer ministro Mitsotakis evalúa los destrozos, un equipo del Departamento de Crimen Organizado de Creta, en colaboración con otros cuerpos policiales, allana de madrugada las instalaciones de unos de los centros de reproducción médicamente asistida más prestigiosos del país: el Mediterranean Fertility Center. La policía también entra en varias casas donde encuentra a casi 200 mujeres, la gran mayoría extranjeras, embarazadas y envueltas en procesos de gestación subrogada y de ovodonación. Los titulares no se hacen esperar y el escándalo en La Canea abre todos los noticieros del país: «Desmantelada en Creta una red organizada de tráfico de mujeres y bebés».

Ahora, casi dos años después, con el proceso judicial aún sin concluir, se van sabiendo los detalles: embriones para parejas diferentes creados con el mismo material genético, adopciones ilegales, trata de mujeres para procesos de gestación subrogada, tráfico y robo de material genético, transferencias ficticias de embriones, expedición de documentos falsos o irregularidades en la criopreservación de material genético, entre otros presuntos delitos. Según la policía helena, la red explotaba a mujeres vulnerables y las usaban tanto como donantes de óvulos como madres subrogadas. También se acusa a la clínica de fraude a las parejas contratantes. Hasta diciembre de 2022 se habían identificado casi 200 casos de explotación de mujeres (71 mujeres donantes de óvulos y 98 explotadas como madres gestantes).

«Ya se sabía»

Si bien la ciudadanía griega quedó en estado de shock por la operación policial y lo que implicaba este caso de tráfico de mujeres y bebés a gran escala en el corazón de Europa, hubo un grupo reducido de personas a quienes no les sorprendió. Una de ellas fue Katerina Fountedaki, profesora de Derecho Civil en la Universidad Aristóteles de Tesalónica y exvicepresidenta de la EAIYA, el organismo que controla los procesos de reproducción médicamente asistida en Grecia.

La razón es sencilla: «Ya se sabía». En 2019, ella y su equipo habían ordenado el cierre temporal de la clínica tras detectar irregularidades: «Documentos perdidos, mujeres que se escondían… Se hizo un informe y se revocó la licencia de esta clínica», explica. Lo que sucedió tras esa orden de cierre es otro de los asuntos que se está investigando ahora: el ministro de Salud nombró a una nueva cúpula de la EAIYA, que decidió pasar por alto la investigación de sus antecesores y mantener la clínica abierta. «El nuevo presidente de la Autoridad no hizo nada para que se cerrase la clínica, a pesar de que conocía la decisión de cierre. Esto fue corrupción, no falta de herramientas», cuenta Fountedaki.

El escándalo del Mediterranean Fertility Center no es el único que ha sacudido la industria de la gestación subrogada en Grecia, pero sí la última evidencia de los agujeros de este sistema y de las perversiones que esconde.

Compensaciones opacas

En el país heleno, si bien la ley ha sido objeto de diferentes modificaciones, la disposición base se ha mantenido a lo largo de los años: solo pueden acceder al procedimiento parejas heterosexuales o mujeres solteras después de una decisión judicial en la que conste que la mujer contratante no puede gestar. Lo que también se ha mantenido a lo largo de los años es la falta de transparencia en diferentes ámbitos.

Una de las irregularidades más conocidas es el pago bajo mano de compensaciones más altas de lo que establece la ley. Hasta 2022, la remuneración a las gestantes estuvo limitada a 10.000 euros en concepto de «gastos razonables», es decir: el pago de los gastos necesarios para el procedimiento de inseminación artificial, el embarazo, el parto y el puerperio, y la indemnización por daños y perjuicios y salarios perdidos durante esos periodos. Esta compensación, sin embargo, se modificó hace dos años: ahora la madre gestante puede recibir hasta 20.000 euros en caso de gestación de un embrión y 25.000 euros en caso de la gestación de dos. Sin embargo, las gestantes pueden llegar a recibir hasta 50.000 euros, tal y como aseguran fuentes consultadas.

«Cuando se creó la EAIYA, establecimos una lista de precios indicativos. Empezamos a escuchar rumores de que las parejas [contratantes] hacían arreglos con las madres sustitutas; y es probable que sucediese. Ciertamente, hay zonas grises que deben explorarse», explica Bassil Tartlatzis, pionero de la reproducción médicamente asistida en Grecia y presidente del Consejo Científico del FIVI Fertility & IVF Center de Tesalónica.

Tarlatzis, quien puso en marcha la primera unidad de fecundación in vitro en el país, ha participado en todos los comités en materia de reproducción médicamente asistida llevados a cabo por el Ministerio de Salud. Participó como asesor experto en la redacción de la ley de 2002, así como en sus posteriores modificaciones. En 2005 fue uno de los primeros miembros y vicepresidente de la EAIYA.

La falta de transparencia también afecta al reclutamiento de mujeres, un tema en el que los diferentes actores involucrados se pasan la pelota unos a otros. La ley establece que no están permitidas las agencias intermediarias y las clínicas no pueden actuar como tales. Tampoco está permitido que las mujeres gestantes se promocionen o publiciten sus servicios. Entonces, ¿cómo llegan las parejas y las clínicas a las gestantes?

Reclutamiento de gestantes

«En nuestra clínica, requerimos que las parejas que buscan subrogación traigan a su propia madre sustituta. No facilitamos el proceso de encontrar madres sustitutas. Nuestra función se limita a brindar servicios de FIV una vez que los padres previstos hayan identificado una madre sustituta adecuada», especifica la dircom de Embryolab Fertility Clinic, la única clínica contactada que, junto con FIVI Fertility & IVF Center, ha accedido a ser entrevistada para este reportaje. Otras clínicas, como Garavelas Clinic, Pelargos IVF, Fertility Advanced, South Eastern Fertility Solutions, Medimall o Embryoland nunca contestaron a las peticiones.

Esta información contrasta con la que da Eirini Dimou, CEO de Embryo Consultants, una empresa nacida a raíz del escándalo en La Canea y que, según su responsable, se dedica «a acompañar a las parejas que quieren optar por esta opción». Cuando se le pregunta sobre las madres gestantes, responde: «Si quieres ser gestante, vas a una clínica y te postulas». Se sobreentiende, entonces, que son las clínicas las que hacen el match entre la madre gestante y la pareja contratante.

Existe poca información acerca del reclutamiento de las gestantes en Grecia y, desafortunadamente, tras meses de investigación, ha resultado infructuoso entrevistar a ninguna. Lo que sí existe es un informe académico que da algunas claves.

En 2017, Pantelis Ravdas publicó el artículo académico «La maternidad subrogada en Grecia: datos estadísticos derivados de decisiones judiciales» en la revista Bioethica 3 (2). A partir del estudio de 281 decisiones judiciales aprobadas entre 2003 y 2007, analizó los perfiles de las parejas contratantes y de las mujeres gestantes. Con estos datos, concluyó que la edad media de las gestantes es de 34,26 años, y la de quienes las contratan, de 40,7 años.

La investigación de Ravdas muestra que solo el 35% de las gestantes es de origen griego. El resto procede, sobre todo, de Polonia, Bulgaria, Georgia, Albania y Rumanía. De todas las extranjeras que deciden ser gestantes, el 81,7% procede del Este de Europa.

Otro dato que llama la atención es la relación entre las parejas contratantes y las mujeres gestantes: hasta en un 39,5% existe una relación de amistad, sin embargo, el 24% de las gestantes tiene una relación de dependencia laboral con la pareja y un 19% prefiere no contestar. «En esta categoría [en la que existe una relación laboral entre la pareja contratante y la gestante] se incluyen diversos empleos, en su mayoría como “internas” (por ejemplo, servicio doméstico de limpieza), pero también independientes (manicurista, peluquera…) o dependientes (por ejemplo, oficinista)», se puede leer en el artículo.

Otro de los agujeros negros en relación a la compensación es qué se indemniza y qué no. «La mayoría de casos van bien, pero pueden surgir problemas: la gestante puede desarrollar diabetes durante el embarazo, o placenta previa; quizás tenga sangrado… El sangrado obstétrico puede ocasionar la muerte de la madre y para pararlo hay que realizar una histerectomía, lo que significa la extirpación del útero. Por otra parte, ¿qué sucede si el bebé tiene que estar un tiempo en la incubadora? ¿Quién asume ese gasto? Porque es carísimo. Esto debe quedar claro de antemano. ¿Hasta qué punto el seguro cubre a la gestante? ¿Qué sucede si hay un diagnóstico de síndrome Down?», se pregunta Tarlatzis.

Esto último es relevante, porque en ese caso, si la pareja de intención quiere no continuar con el embarazo, pero la madre sustituta decide no abortar, prevalece el derecho de la gestante a no hacerlo. «¿Qué sucede entonces con ese bebé?», repite el obstetra. Ese es otro de los supuestos no cubiertos por la ley.

«Los 20.000 euros cubren los gastos de un embarazo normal. Si pasa algo por mala praxis médica, se investiga como eso mismo; pero si se trata de una complicación, la gestante no recibe ninguna otra compensación: no hay ninguna disposición para esto», aclara Fountedaki.

Más allá de lo que establece la ley, la EAIYA no tiene control sobre las compensaciones ni está trabajando sobre ellas, por lo cual las gestantes quedan desamparadas. La Marea preguntó a este organismo por esta circunstancia y respondió que no le consta «que se hayan producido incidentes de este tipo».

De hecho, la EAIYA tampoco valora casos específicos a no ser que la gestante lo pida, tampoco controla el reclutamiento de las madres gestantes ni sus perfiles. Tanto es así que no existen datos gubernamentales sobre el origen y las condiciones socioeconómicas de estas personas, solo hay datos académicos no actualizados.

¿Quién controla a la EAIYA?

Preguntada por todas estas cuestiones, la EAIYA asegura que «durante la inspección de las clínicas, la Autoridad supervisa si se aplica la normativa o no. Los datos (por ejemplo, de las donantes, de las parejas, de las mujeres gestantes) se guardan en archivos con acceso restringido y la Autoridad examina si los expedientes están bien guardados». Es decir, más allá de controlar que la documentación esté al día, la EAIYA no pone en marcha ningún otro mecanismo de supervisión.

En Grecia existe un marco legal que controla los requisitos para obtener una licencia para una clínica de FIV, y la encargada de controlar que se cumplen es la EAIYA. Sin embargo, el marco legal solo hace referencia al equipamiento, al edificio, al personal de la clínica y a la certificación ISO. La EAIYA no puede, por ejemplo, verificar la estructura financiera de la clínica.

Respecto al escándalo en La Canea, su postura es clara: «La presente Autoridad no tiene información en sus archivos respecto de los motivos esgrimidos y como resultado de ello la clínica continuó su funcionamiento». Tras el escándalo, y después de que se pusiera de relieve que en Grecia no existe un registro nacional ni de donantes ni de gestantes, desde el organismo se asegura de que está redactando un registro nacional de «madres sustitutas y ‘parejas sociales’» que se pondrá en funcionamiento «en los próximos meses». En el momento en el que se escriben estas líneas, esto todavía no ha sucedido.

La normativa en Grecia

Grecia es uno de los países de la UE, junto con Portugal y Chipre, donde la gestación subrogada está permitida, pero sólo de manera altruista. El procedimiento está regulado por el Artículo 1458 del Código Civil y por hasta cuatro leyes (2002, 2005, 2014 y 2022). Esta técnica se abrió en 2014 a parejas extranjeras; y en 2022 se aumentó la compensación para la gestante y se amplió el límite para las madres sustitutas hasta los 54 años. En las sucesivas leyes se mantuvo la limitación a parejas heterosexuales y mujeres solas, la obligatoriedad de una aprobación judicial y la prohibición de las agencias intermediarias: tiene que ser la pareja contratante quien halle a la madre sustituta.

Solo las mujeres de hasta 50 años de parejas heterosexuales o mujeres solteras incapaces de gestar pueden acceder a este procedimiento: es decir, mujeres con el síndrome Mayer-Rokitansky, aquellas con malformaciones congénitas en el útero o con miomas u otras enfermedades que hagan el embarazo imposible o peligroso.

Por su parte, la gestante, que debe tener entre 25 y 54 años y no haber pasado por más de dos cesáreas, no puede usar sus propios óvulos; y si está casada, debe presentar el consentimiento del marido. Ella no constará en los documentos de nacimiento del bebé, que adquiere inmediatamente la ciudadanía de los contratantes.

Este reportaje forma parte de la investigación sobre la industria de los vientres de alquiler desarrollada con la financiación de Journalismfund Europe.

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