Al PP se le atraganta el uso del Senado como arma de oposición al Gobierno

La estrategia de acoso y derribo del PP contra el Gobierno de coalición tenía en el Senado uno de sus puntales. Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro diputados de lograr la investidura en el Congreso, pero la derecha goza de una cómoda mayoría absoluta en la Cámara Alta. Y con Pedro Rollán al frente, la institución se ha puesto al servicio del partido. Pero la incidencia real de las acciones políticas del PP han sido muy limitadas, mientras se acumulan problemas que afectan a senadores, al grupo que lideran Alicia García y Javier Arenas o a la propia Cámara Alta.

La intención del PP no era un secreto. El propio Feijóo lamentó en una declaración pública en enero de 2024 la “humillación que se vive en el Congreso, donde las minorías mandan”. Y anunció él, como líder político, que el Senado iba a aumentar el número de plenos semanales y zanjó: “Vamos a invertir la mayoría absoluta en recuperar la dignidad del parlamentarismo y poner las Cortes al servicio de los españoles en lugar de al servicio de las minorías”.

El líder del PP realizó aquel anuncio con el presidente del Senado, Pedro Rollán, sentado a su vera. Rollán ya ocupó una plaza en la primera dirección de Feijóo. Con él al frente, el PP ha modificado de forma exprés y unilateral el Reglamento para, por ejemplo, interferir en el contenido de la Conferencia de Presidentes o para intentar torpedear la tramitación de leyes provenientes del Congreso. La Cámara Alta ha llegado al punto de levantar el carácter de urgencia que la Baja le puede dar a los procesos legislativos para acortar plazos.

La imposibilidad de usar el Senado para suspender el proceso legislativo de la amnistía fue el primer gran fiasco del PP. El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, maniobró para congelar el texto y amagó con recurrir al Constitucional. Se cambiaron las normas internas para intentar eternizar los trámites parlamentarios. Pero en el último instante asumieron la imposibilidad de paralizar la ley en el Senado, para disgusto de quienes habían sido movilizados masivamente desde la política y los medios con la incumplida promesa de un choque institucional inédito. 

El PP se ha encontrado con una realidad: la Constitución determina que el Senado es una cámara de segunda lectura, y sus capacidades legislativas están limitadas y, en todo caso, supeditadas al Congreso. De hecho, el PP ha logrado aprobar un buen número de proposiciones de ley con su mayoría absoluta. Por ejemplo, leyes para hacer más laxa la normativa que regula los desahucios o rebajas fiscales.

Todas esas iniciativas están paralizadas en el Congreso por la mayoría que PSOE y Sumar lograron en la Mesa. El PP ha protestado enérgicamente contra esta decisión que, ciertamente, evita que se debatan y voten en el Pleno leyes que podrían ser aprobadas con el apoyo de Vox y de Junts o del PNV. A diferencia de lo que ocurre con el Senado, el Congreso tiene potestad legal para estirar los plazos todo lo que quiera.

La alianza de PP con Junts y PNV pareció cuajar a finales de 2024 cuando, primero en el Senado y luego en el Congreso, las derechas española, vasca y catalana optaron por unir fuerzas para limitar el alcance del paquete fiscal del Gobierno. Pese a que asumieron la práctica totalidad del contenido, sí lograron sacar algunas enmiendas que fueron aprobadas definitivamente por la Cámara Baja. El inicio de 2025 ha venido con una inesperada bronca entre los antiguos aliados hasta un punto que parece irreversible.

Comisiones de investigación y control al Gobierno

Más allá de algunos pequeños triunfos legislativos, el PP ha centrado su labor en el Senado en acciones políticas. Las comisiones de investigación son un buen ejemplo. La Cámara Alta ha convocado una y otra vez a los nombres propios de escándalos como el ‘caso Koldo’.

Ministros, empresarios, funcionarios y exdirigentes del PSOE como José Luis Ábalos o personas relacionadas con él han desfilado por el Senado sin que de sus intervenciones se haya derivado acción judicial o legislativa alguna. De hecho, no han sido pocas las críticas internas a cómo se ha dirigido la investigación parlamentaria. Incluso se han producido duros enfrentamientos entre el presidente de la comisión y los propios representantes del PP en la misma.

Otras comisiones ni siquiera han logrado colarse en los titulares o programas informativos. La que analiza la labor del CIS y de su presidente, José Luis Tezanos, es un ejemplo. Ahora se ha puesto en marcha una tercera sobre la gestión de la DANA de València que provocó más de 223 muertos.

El PP también ha intentado usar los controles al Gobierno en el Senado como arma, una circunstancia mucho más habitual en política. Su mayoría absoluta le permite casi monopolizar las preguntas e interpelaciones a los ministros, y tanto las mociones como las proposiciones no de ley (con las que las Cortes conminan al Ejecutivo a tomar determinadas decisiones) tienen garantizada su aprobación.

Pero tampoco en este caso la Cámara Alta logra la proyección que sí tiene el Congreso. Aunque a Feijóo le gusta decir de cuando en cuando que el Senado ha “aprobado rebajas fiscales” o alguna frase similar, suele ocultar que se trata de iniciativas sin rango de ley meramente declarativas que, además, a veces llegan tarde.

Ocurrió recientemente, en plena crisis en el Gobierno por el fiasco inicial en el decreto social. El ‘no’ de PP, Vox y Junts tumbó el paquete legislativo que recogía, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones, nuevas ayudas a los afectados por DANA o las subvenciones al transporte público, entre otras cuestiones como la prórroga de la moratoria antidesahucios.

El PP vio la grieta entre el Gobierno y Junts y planteó una moción parlamentaria para reclamar al Gobierno que aprobara sendos decretos específicos para las tres materias que Feijóo consideraba centrales, especialmente el de pensiones. El PP eligió el Senado, donde se garantizaría plazos y la aprobación. De hecho, la Mesa de la Cámara convocó un pleno extraordinario con ese único punto del orden del día: una moción. El órgano de gobierno del Senado no ha querido desvelar el coste de dicho pleno extraordinario.

El problema es que cuando se debatió y votó la moción, el Gobierno y Junts ya habían cerrado un acuerdo para un nuevo decreto adelgazado que recogía las cuestiones principales del anterior. Un gran esfuerzo para un fútil resultado.

Los problemas de los senadores

A la poca relevancia política de la acción política en la Cámara Alta se han unido algunos problemas que afectan a los propios senadores. 

Quizá el más destacado por tener implicaciones penales ya dictadas por un tribunal es el de José Manuel Baltar. El que fuera heredero de la Diputación de Ourense que durante lustros controló su padre recaló en el Senado como parte de la negociación con Alfonso Rueda para salir de la institución. 

Para entonces, elDiario.es ya había desvelado que Baltar fue pillado por un radar de Tráfico a 215 kilómetros por hora. El presidente de la Xunta se lo quitó de encima y lo mandó a Madrid, donde su participación en el Senado ha sido de muy baja relevancia.

El Tribunal Supremo ha condenado a Baltar como autor de un delito contra la seguridad vial, pero su partido no le ha pedido su acta ni piensa abrir ningún expediente disciplinario contra él.

Otro senador en problemas es el gaditano José Ignacio Landaluce. Alcalde de Algeciras además de su cargo estatal, su nombre saltó a los titulares hace unos meses por unas supuestas agresiones sexuales que habría cometido contra dos concejalas del partido, según ellas mismas referían en unos pantallazos de WhatsApp que hizo públicos Alvise Pérez, líder de Salf. 

En pleno escándalo por las denuncias contra Íñigo Errejón, el PP nacional y el andaluz se apresuraron a declarar que habían abierto expedientes informativos sobre Landaluce. Pero las mujeres negaron haber sido víctima de ninguna agresión y el caso se diluyó. 

Ahora, nuevos testimonios han recuperado las acusaciones contra Landaluce, que sigue negando los hechos. Desde las direcciones autonómicas y estatal se ha optado esta vez por no dar credibilidad a las denuncias, que son anónimas. 

Sobre el Senado planea otro problema que tanto el PP como el presidente de la Cámara quieren quitarse de encima. elDiario.es publicó el pasado mes de enero que el partido tiene a sueldo en la Cámara Alta al abogado que representa a Manos Limpias en la acusación contra el Fiscal General del Estado por la supuesta filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de varios delitos fiscales.

Víctor Soriano forma parte del personal a sueldo de la Mesa del Senado como asesor de la secretaria primera del órgano, la senadora alicantina del PP Eva Ortiz. A ese extremo se aferra el partido de Feijóo para sostener que no tiene nada que ver con la contratación de Soriano. Pero también Rollán se quita del medio. Desde la Presidencia del Senado defienden que es Ortiz quien lo contrató y que es ella la responsable de determinar que es compatible asesorar en la Cámara Alta a tiempo completo y por casi 60.000 euros de sueldo mientras lidera la acusación en el Supremo contra Álvaro García Ortiz.

elDiario.es ha reclamado al Senado, sin éxito, la documentación sobre la compatibilidad de Soriano. También el PSOE ha registrado un escrito dirigido a Rollán para exigir que se haga público el expediente, sin que la Presidencia se haya pronunciado. Otra confusión más entre el partido y la institución que Feijóo soñó que le ayudaría a tumbar a Pedro Sánchez.