Aagesen abre el trámite para adaptar la ley a "inundaciones de nueva generación" con vistas a prohibir construir en zonas de riesgo

Cinco meses después de la DANA que devastó parte de la provincia de Valencia, el Gobierno mueve ficha para actualizar los baremos que calibran la posibilidad de que una determinada zona sufra inundaciones, que quedaron superados por el desastre de octubre del año pasado, y modificar leyes sobre usos hidráulicos que también contemplan requisitos que deben cumplir los promotores urbanísticos para edificar en zonas con riesgo de inundación o cercanas a cauces de los ríos. Aunque sobre el papel no va tan lejos, hace meses que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se mostró favorable a "evitar" que pueda construirse en áreas de riesgo.

Para hacer estas reformas legales, Transición Ecológica abrirá el lunes que viene una consulta pública como paso previo a elaborar un decreto que "pretende avanzar en el desarrollo normativo relativo a las limitaciones de los usos de las zonas inundables". Permanecerá abierta para recibir comentarios hasta el 19 de abril.

La futura norma también incorporará "medidas de fomento de la adaptación al riesgo de inundación" y modificará el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Reglamento General de Costas para incorporar "medidas nuevas que minimicen el riesgo para las personas y los bienes".

El riesgo de las "inundaciones de nueva generación"

La tercera ley que modificará Aagesen es el decreto que evalúa el riesgo de inundación, con mapas de peligrosidad y planes de gestión de riesgo, dado que quedaron superados en la DANA de Valencia como punto de partida de lo que el Ministerio califica "inundaciones de nueva generación" que, como los incendios forestales, también se recrudecen y se hacen cada vez más frecuente como consecuencia del calentamiento global y, en concreto del Mediterráneo. "Siempre ha habido inundaciones en España y en especial en el levante peninsular", reconoce el Ministerio, que también alerta "del agravamiento del riesgo de inundación", sobre todo en la zona mediterránea.

El ministerio recuerda que la DANA de octubre "ha batido el récord nacional de intensidad de la precipitación acumulada en una, seis y doce horas" y en una sola hora se registró un máximo de 771 litros por metro cuadrado. "La precipitación de toda la cuenca del Júcar tuvo un volumen total próximo a los 2.000 hectómetros cúbicos en 24 horas", unos valores que, en su momento, llevaron al Ministerio a señalar que las lluvias fueron hasta cuatro veces más copiosas de lo que se podría haber previsto.

Los eventos de lluvias torrenciales, que Transición Ecológica "cada vez más frecuentes" y con "efectos devastadores" superan ya los valores con los que en los mapas de peligrosidad se consideraba que un evento de lluvias torrenciales podría tener una probabilidad alta o media (con un retorno de 100 años) y baja (un retorno de 500 años".

Por otra parte, el decreto que prepara Transición Ecológica busca "establecer un marco común" entre administraciones públicas para implantar "medidas de protección de inundaciones" y "mecanismos de formación" de prevención de riesgos tanto para empleados públicos como para ciudadanos.

Los expertos reclaman más contundencia.

La urbanización en zonas con riesgo de inundación es una constante a pesar de que la ley lo desaconseja, para empezar, porque ni alcaldes ni promotores tienen en cuenta los mapas de riesgo de inundación, según señalaban a este periódico pocos días después de la DANA de Valencia distintos expertos en ordenación del territorio.

"Cuando una zona tiene alto riesgo [de inundación], no se puede urbanizar directamente. En otras, en función del riesgo que tenga, se le puede poner algunas trabas o exigencias a la urbanización", decía el catedrático Análisis Geográfico Regional y profesor de Ordenación del Territorio en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, que pedía "ser taxativo" para obligar a actualizar planes urbanísticos que todavía se rigen por normas de hace décadas, cuando no existía ningún control sobre edificación en zonas de riesgo.

La experta en Derecho urbanístico y planificación urbana de la Universidad de Valencia María Jesús Romero reclamaba la "limitación urgente y necesaria de las concesiones de edificación en áreas consideradas de riesgo, así como la recalificación de estos terrenos a categorías que no permitieran su edificación".