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Una familia transforma ilegalmente 400 hectáreas de secano en regadío en Sevilla y provoca daños al ecosistema por valor de seis millones de euros
La Guardia Civil , a través del Servicio de Protección de la Naturaleza ( SEPRONA ) de la Comandancia de Sevilla, está investigando a cinco personas del mismo grupo familiar por su supuesta implicación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, usurpación y falsedad documental. En el marco de la Operación Irrigatio , la Guardia Civil detectó importantes irregularidades medioambientales en los términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río , en la provincia de Sevilla, concretamente en un complejo de fincas y explotaciones agrícola pertenecientes a un grupo familiar, donde se había transformado de forma ilícita más de 400 hectáreas de terreno de secano a regadío . Los terrenos, principalmente de olivos, aunque también de naranjos, donde se cultivaban olivos, eran nutridos mediante captaciones no autorizadas de agua superficiales y subterráneas. Entre los métodos empleados se encuentra la extracción directa del cauce del río Guadalquivir sin autorización, así como el uso de pozos y sondeos carentes de permisos , incluso durante periodos de especial riesgo por sequía. Así, desde el Seprona se estima que habrían sido transformadas 270 hectáreas sin permiso alguno pro parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estimando que el daño ecológico ocasionado podría superar los seis millones de euros . Dicha investigación detectó una compra masiva de terrenos agrícolas de secano, convirtiéndoles posteriormente a regadío de forma fraudulenta. Además, algunas de las fincas se adquirían con cercanía a ríos o con derechos legales de captación, al parecer con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua. Las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los tres millones de euros. A lo largo de las inspecciones realizadas por el SEPRONA y agentes fluviales de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se han constatado diversas infracciones administrativas. En su mayoría, las explotaciones inspeccionadas disponían cerramientos complejos y la ocultación de motores , pozos y sistema de captación en casetas y estructuras metálicas. Otro de los aspectos relevantes de la investigación es la presunta apropiación indebida de vías pecuarias y caminos públicos , cuya libre circulación habría sido impedida. Además, se han documentado trabajos de roturación y desmonte en zonas de servidumbre del arroyo Guadalbacor, con el objetivo de implantar cultivos intensivos de olivar, invadiendo áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental. Asimismo, se ha podido comprobar que el grupo familiar investigado habría percibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de fincas. En concreto, se habrían declarado parcelas de regadío como de secano, y viceversa, con el propósito de beneficiarse de subvenciones vinculadas a la protección del clima y la sostenibilidad agrícola. Esta información ha sido remitida al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para su valoración.
La Guardia Civil , a través del Servicio de Protección de la Naturaleza ( SEPRONA ) de la Comandancia de Sevilla, está investigando a cinco personas del mismo grupo familiar por su supuesta implicación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, usurpación y falsedad documental. En el marco de la Operación Irrigatio , la Guardia Civil detectó importantes irregularidades medioambientales en los términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río , en la provincia de Sevilla, concretamente en un complejo de fincas y explotaciones agrícola pertenecientes a un grupo familiar, donde se había transformado de forma ilícita más de 400 hectáreas de terreno de secano a regadío . Los terrenos, principalmente de olivos, aunque también de naranjos, donde se cultivaban olivos, eran nutridos mediante captaciones no autorizadas de agua superficiales y subterráneas. Entre los métodos empleados se encuentra la extracción directa del cauce del río Guadalquivir sin autorización, así como el uso de pozos y sondeos carentes de permisos , incluso durante periodos de especial riesgo por sequía. Así, desde el Seprona se estima que habrían sido transformadas 270 hectáreas sin permiso alguno pro parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estimando que el daño ecológico ocasionado podría superar los seis millones de euros . Dicha investigación detectó una compra masiva de terrenos agrícolas de secano, convirtiéndoles posteriormente a regadío de forma fraudulenta. Además, algunas de las fincas se adquirían con cercanía a ríos o con derechos legales de captación, al parecer con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua. Las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los tres millones de euros. A lo largo de las inspecciones realizadas por el SEPRONA y agentes fluviales de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se han constatado diversas infracciones administrativas. En su mayoría, las explotaciones inspeccionadas disponían cerramientos complejos y la ocultación de motores , pozos y sistema de captación en casetas y estructuras metálicas. Otro de los aspectos relevantes de la investigación es la presunta apropiación indebida de vías pecuarias y caminos públicos , cuya libre circulación habría sido impedida. Además, se han documentado trabajos de roturación y desmonte en zonas de servidumbre del arroyo Guadalbacor, con el objetivo de implantar cultivos intensivos de olivar, invadiendo áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental. Asimismo, se ha podido comprobar que el grupo familiar investigado habría percibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de fincas. En concreto, se habrían declarado parcelas de regadío como de secano, y viceversa, con el propósito de beneficiarse de subvenciones vinculadas a la protección del clima y la sostenibilidad agrícola. Esta información ha sido remitida al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para su valoración.
