Un poquito de transparencia, ministro Bustinduy

Silencio casi absoluto. La legislatura anterior finalizó sin que el Ministerio de Consumo nos contestase a casi ninguna de las cientos de denuncias que presentamos contra empresas que cometían fraudes masivos contra los consumidores. Cientos de denuncias sin respuesta. Cientos de denuncias que no sabemos si en el ministerio se tomaron siquiera la molestia de analizar. Lamentablemente, esta legislatura va por el mismo camino. Si el ministro Bustinduy no toma cartas en el asunto, la falta de transparencia va a convertirse en marca de la casa. Hasta mediados de 2022, en el ministerio tenían la excusa de que carecían de capacidad sancionadora. En realidad, no era una excusa válida porque aunque no pudiese multar, sí podía evaluar incumplimientos de la legislación, dirigirse a las empresas para instarlas a cumplir la ley, informar a las comunidades autónomas de las irregularidades para que fuesen ellas las que interviniesen o incluso podía llevar a esas empresas a los tribunales. Desde hace ya casi tres años, el ministerio tiene competencias para imponer sanciones por fraudes que se produzcan en todo el territorio nacional o al menos en varias comunidades. Competencias de las que se dotó asumiendo las reivindicaciones de FACUA en ese sentido. Y ojo que está haciendo uso de ellas. La macrosanción de casi 180 millones de euros a cinco aerolíneas por recargo ilegal del equipaje de mano y otras irregularidades es la principal muestra de ello hasta la fecha. Y hay un puñado de expedientes sancionadores más en marcha. Pero lo cierto es que la transparencia sobre lo que hace con nuestras denuncias sigue brillando por su ausencia, salvo en los casos que acaban derivando en sanción, como el de las aerolíneas. El problema es que la inmensa mayoría no finalizan con sanción. Y el ministerio no nos cuenta por qué. Somos conscientes de que está absolutamente infradotado, de que Consumo cuenta con un escasísimo número de funcionarios para desarrollar las labores de control y sanción de las prácticas fraudulentas que se producen en el mercado. Pero eso no justifica el silencio ante nuestras denuncias. La falta de medios suficientes no es justificación para el constante ninguneo, para una opacidad que se produce denuncia tras denuncia. Ni siquiera hay respuestas ante cuestiones que Consumo ha considerado prioritarias. En la pasada legislatura, denunciamos a multitud de empresas de servicios básicos de interés general por saltarse la obligación de facilitar teléfonos gratuitos para la información al consumidor. Y no recibimos respuesta a ninguna de ellas pese a que esa obligación era fruto de un cambio legal que había aprobado el propio ministerio. Otro ejemplo, en junio del año pasado denunciamos a tres aerolíneas por el recargo del equipaje de mano, una práctica por la que ya había abierto un expediente sancionador a otras cinco compañías. A día de hoy, Consumo sigue sin contarnos si ha incoado o no nuevos expedientes sancionadores. ¿El motivo? Como en el resto de casos, solo ellos lo saben. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. Algunas de nuestras...