Ridiculizan al Poder Judicial

El desmantelamiento del Poder Judicial está en marcha, y las razones por las que nos encontramos en este punto de la historia pueden explicarse desde la necesidad del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador de desquitarse con la ministra presidente, Norma Piña, quien no se levantó de su silla para saludarlo en un acto conmemorativo del 5 de febrero, o bien, las resoluciones de jueces incómodos que “complicaron” en más de una ocasión la construcción de un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, hasta la ineficiencia de un sistema de justicia que hoy solo resuelve el uno por ciento de los delitos que se cometen a diario.

Sea cual sea la razón, la renovación del Poder Judicial ha sido cuestionada desde dentro y fuera del partido en el poder y ha quedado demostrado que, así como está planteada en la Constitución de nuestro país, es prácticamente imposible realizarla ya que la ciudadanía, que elegirá a los jueces, ministros y magistrados, bajo el argumento falaz de la democracia, necesitarían conocer a más de cinco mil aspirantes y asentar, es decir, escribir en la boleta electoral el nombre completo de al menos 600 aspirantes.

En un ejercicio que realizó en el mes de noviembre pasado el diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se comprobó que bajo las condiciones que los mismos morenistas aprobaron en la reforma al Poder Judicial, un elector tardaría el menos tres horas y media en revisar los nombres de los cinco mil desconocidos aspirantes, anotar el nombre completo de los elegidos y depositar correctamente las boletas en 26 urnas electorales. Todo un desafío para los más jóvenes y qué decir de personas mayores, algunos con discapacidades motrices y visuales.

A estas alturas, los legisladores del movimiento de regeneración nacional y hasta la misma presidenta están conscientes de que la reforma al Poder Judicial que impulsó el expresidente López Obrador los metió en un grave problema. Esa es la razón por la que diversos esfuerzos emanados desde el mismo Instituto Nacional Electoral, la mermada oposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación están encaminados a suspender o al menos posponer la elección de ministros magistrados y jueces hasta en tanto se encuentre una solución viable a un texto constitucional que no ayuda. Sin embargo, la necesidad o necedad del expresidente mexicano, en voz de la actual presidenta Claudia Sheinbaum es de que la elección judicial va para el mes de junio sin ningún tipo de pretexto.

Hay que decirlo como es, hay preocupación porque la realidad es clara, no hay manera de realizar un proceso que resulte exitoso, certero, transparente y confiable. El movimiento de la cuarta transformación puede perder más de lo que va a ganar. En un esfuerzo por encontrar una alternativa que facilite el proceso electoral del próximo mes de junio, los candidatos a los puestos del Poder Judicial empezaron a ponerse sobrenombres para facilitar la recordación y el asentamiento de sus nombres en las boletas. La primera que empezó con esta idea fue Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se nombró a sí misma “La ministra del pueblo”.

El sobrenombre ha sido duramente criticado en la opinión pública, bajo el argumento de que una estrategia de esta naturaleza banaliza a los aspirantes y al mismo Poder Judicial. Pero la crítica no surtió efecto, a otros aspirantes les pareció una idea genial, y a manera de sobrenombres de “superhéroes” de cómic, empezaron a renombrase con títulos que rayan entre lo inverosímil y lo ridículo. Aquí algunos ejemplos: el ángel de justicia, el defensor popular, el magistrado del cambio, el magistrado del pueblo, el abogado del pueblo, el defensor del pueblo, el juzgador de la nación, el juez del pueblo, el juez de AMLO, el juez de la 4t, jueza de la verdad, el lagunero, el profe, el juez memo, el güero, marino y un largo etc.

Parece una mala broma, pero no lo es. Los aspirantes buscaron aparecer en la boleta de esta manera y podemos entender la razón para facilitar el proceso, pero a todas luces una estrategia de esta naturaleza ridiculiza al Poder Judicial ya de por sí completamente vilipendiado por la actual administración. En un momento de lucidez, este jueves, el Instituto Nacional Electoral rechazó la estrategia de sobrenombres, quedando esta intención como una anécdota vergonzosa. Por unanimidad, el consejo general del INE resolvió negar la inclusión de sobrenombres en las boletas de la elección del Poder Judicial, ya que pueden considerarse propaganda electoral, lo que está prohibido en el desarrollo de la jornada.

Luego de esta negativa del INE, estamos como al principio, sin una solución clara para resolver el problema de la elección judicial del mes de junio, pero además con las presiones del expresidente mexicano para que se materialice su venganza. La única persona que puede dar un golpe en la mesa y detener este tren en ruta de colisión es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es la única que puede enviar al Congreso una nueva iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial para resolver los problemas operativos que impiden su realización y esperar un año más para que todo salga bien.

Un año más con la actual configuración judicial ni le quita ni le pone a la intención de separar de su cargo a Norma Piña y a los otros ministros, y sí puede dar la certeza que necesita este proceso, insólito en la historia de México y del mundo. La pregunta es: ¿aceptará AMLO una propuesta de esta naturaleza? Sinceramente, lo dudo mucho.