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Reabierta la investigación por homicidio imprudente contra el geriátrico de Premià con 87 fallecidos por Covid
La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación contra dos directivos de un geriátrico de Premià de Mar (Barcelona), DomusVi Can' Amell, por trato degradante, homicidio por imprudencia grave y lesiones por la muerte de 87 residentes durante la pandemia de Covid , según un auto avanzado por 'La Vanguardia' y consultado por Ep. En su resolución, el tribunal admite así el recurso del Ayuntamiento de Mataró, que ejerce la acusación particular, contra la decisión de Instrucción 2 del municipio, que decretó el sobreseimiento provisional de las pesquisas contra el director y la jefa médica de la residencia. El consistorio recurrió el auto al considerar que ha quedado acreditado, tanto por las declaraciones de los trabajadores como de los propios perjudicados, que los residentes recibieron un trato degradante durante la pandemia. Entre otros, así lo apuntó una doctora del centro de salud de Premià, al indicar que residentes estaban «poco atendidos y solos en una sala en la que hacía mucho frío », malnutridos y con déficit de higiene. En la querella que presentó la Fiscalía y que dio inicio al procedimiento, también se hizo constar «la inutilización de los timbres de alerta » con los que los usuarios dependientes podían pedir ayuda y la ausencia de personal médico durante las noches y los fines de semana. Por todo ello, el tribunal considera ahora que aunque no fuesen los responsables directos de las patologías que sufrían los ancianos, el director de la residencia y la responsable médica de la misma sí lo eran del trato que estaban recibiendo los pacientes durante el periodo comprendido entre marzo y abril de 2020. Entre el 1 de marzo y el 18 de abril, cuando finalmente se produjo la intervención de la residencia por parte de la Generalitat, habían muerto 64 residentes, que se elevaron hasta los 87 en mayo de 2020. También se estima que existen indicios atribuibles a los querellados de la comisión de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en contra de lo que decretó el juzgado de Mataró, que no actuaron de forma diligente ni adoptaron medidas de seguridad necesarias, como separar a los residentes «lo que obviamente hubiese evitado muchas muertes» . Sobre los informes forenses que inciden en la «inexistencia de responsabilidad» de los investigados porque el tratamiento médico fue el adecuado, el tribunal recuerda que durante gran parte de la pandemia «no se realizaron autopsias a los fallecidos por Covid», por lo que los cadáveres no fueron analizados. El tribunal entiende que la pandemia mundial «sobrepasó las previsiones» y generó el colapso de la sanidad pública, con especial incidencia en personas mayores de 80 años y, sobre todo, en las que estaban en residencias, pero que en este caso hubo una falta de interés por adoptar medidas de mejora.
La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación contra dos directivos de un geriátrico de Premià de Mar (Barcelona), DomusVi Can' Amell, por trato degradante, homicidio por imprudencia grave y lesiones por la muerte de 87 residentes durante la pandemia de Covid , según un auto avanzado por 'La Vanguardia' y consultado por Ep. En su resolución, el tribunal admite así el recurso del Ayuntamiento de Mataró, que ejerce la acusación particular, contra la decisión de Instrucción 2 del municipio, que decretó el sobreseimiento provisional de las pesquisas contra el director y la jefa médica de la residencia. El consistorio recurrió el auto al considerar que ha quedado acreditado, tanto por las declaraciones de los trabajadores como de los propios perjudicados, que los residentes recibieron un trato degradante durante la pandemia. Entre otros, así lo apuntó una doctora del centro de salud de Premià, al indicar que residentes estaban «poco atendidos y solos en una sala en la que hacía mucho frío », malnutridos y con déficit de higiene. En la querella que presentó la Fiscalía y que dio inicio al procedimiento, también se hizo constar «la inutilización de los timbres de alerta » con los que los usuarios dependientes podían pedir ayuda y la ausencia de personal médico durante las noches y los fines de semana. Por todo ello, el tribunal considera ahora que aunque no fuesen los responsables directos de las patologías que sufrían los ancianos, el director de la residencia y la responsable médica de la misma sí lo eran del trato que estaban recibiendo los pacientes durante el periodo comprendido entre marzo y abril de 2020. Entre el 1 de marzo y el 18 de abril, cuando finalmente se produjo la intervención de la residencia por parte de la Generalitat, habían muerto 64 residentes, que se elevaron hasta los 87 en mayo de 2020. También se estima que existen indicios atribuibles a los querellados de la comisión de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, en contra de lo que decretó el juzgado de Mataró, que no actuaron de forma diligente ni adoptaron medidas de seguridad necesarias, como separar a los residentes «lo que obviamente hubiese evitado muchas muertes» . Sobre los informes forenses que inciden en la «inexistencia de responsabilidad» de los investigados porque el tratamiento médico fue el adecuado, el tribunal recuerda que durante gran parte de la pandemia «no se realizaron autopsias a los fallecidos por Covid», por lo que los cadáveres no fueron analizados. El tribunal entiende que la pandemia mundial «sobrepasó las previsiones» y generó el colapso de la sanidad pública, con especial incidencia en personas mayores de 80 años y, sobre todo, en las que estaban en residencias, pero que en este caso hubo una falta de interés por adoptar medidas de mejora.
