El dinero público sólo se vigila cuando se destina a fines distintos a los estipulados en la ley, pero nadie ve un escándalo en los casos en los que nuestros impuestos se dedican a pagar indemnizaciones a quienes ganaron un concurso y no pudieron hacer el trabajo encomendado por culpa de la burocracia o de determinadas decisiones políticas. Y Sevilla es una ciudad especializada en pagar con el dinero de todos la desidia administrativa de unos pocos. El ejemplo más flagrante es el del túnel de la SE-40. Veamos la factura. La tuneladora costó 37 millones. Las constructoras que formaban la UTE adjudicataria comenzaron la obra y llegaron a certificar 40 millones de euros más. Y después de ese gasto,...
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