Qué es el caso Soule, la operación por la que la Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar

La Fiscalía ha solicitado 15 años y medio de cárcel Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por corrupción en el caso Soule. El exdirigente, que estuvo al mando del máximo organismo español de fútbol durante tres décadas, ha sido investigado por la obtención de contratos de manera irregular entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente unos 4,5 millones.

Qué es el caso Soule

Se denomina caso Soule a la operación e investigación judicial que arrancó en 2017 sobre Ángel María Villar, entonces presidente de la RFEF, y otra larga lista de investigados, entre ellos su hijo, Gorka, y el exvicepresidente, Juan Padrón.

La Audiencia Nacional dictó un auto en el que proponía sentar en el banquillo a Villar por delitos continuados de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

El juzgado central de instrucción número 1 ha investigado si Villar y Padrón se aprovecharon de sus cargos para que su entorno más cercano sacara beneficio económico mediante la obtención de contratos entre 2007 y 2017.

Además, también se habrían beneficiado mediante el pago con cargo a la entidad de retribuciones que no correspondían con prestación de servicios o no se prestaron en las condiciones acordadas. Así, el entorno de Ángel María Villar y Padrón se habría embolsado más de cuatro millones y medio de la Federación de manera irregular.

Los amistosos, también bajo lupa

En el caso Soule también se han investigado varios amistosos de la selección española. El magistrado Francisco de Jorge sospechaba que desde 2009 Ángel María Villar pactó junto a su hijo algunos rivales de España para disputar partidos amistosos con el objetivo de beneficiar a Gorka Villar a través de la empresa Sport Advisers SL.

Así, el expresidente atribuyó a su hijo el control e intervención en la elección de los encuentros de la selección española y sus condiciones a pesar de no tener relación laboral con la Federación.

Este movimiento habría supuesto al menos 3.830.000 euros de perjuicio para la Federación y el hijo del expresidente se habría embolsado 366.583,08 euros.

Otras operaciones fraudulentas

Además, Ángel María Villar también habría realizado pagos a personas de su confianza por servicios no prestados y habría simulado la jubilación de su secretaría para evitar que perdiera derechos económicos, lo cual habría supuesto a la Federación un coste de 235.443,04 euros.

Anticorrupción señala que fueron cuatro los beneficiados de la contratación de personas que no trabajaban en la Federación, entre ellos Adoración de Pedro, y que todas eran "de la confianza" de Villar dado que "mantenía una relación personal" con ellas.

Explica que para esas contrataciones fraudulentas "contó con la colaboración de distintos acusados (Pedro Manuel Rubio, responsable del Departamento de Recursos Humanos de la RFEF; y José María Castillón, administrador general de la RFEF) encargados de la gestión de recursos humanos en la RFEF, que cooperaron en buscar una fórmula que permitiera alcanzar dicho objetivo de modo opaco frente a terceros".

Añade que de esas operativas era conocedor el también acusado Antonio Doblas, quien en su función de asesor laboral de la RFEF sabía "la verdadera situación" de determinadas simulaciones contractuales e informaba a otros encausados "sobre la mejor fórmula a utilizar".

Sobre De Pedro, especifica que "se simuló su jubilación antes del 1 de enero de 2009 a fin de evitar que perdiera determinados derechos económicos", y esto a pesar de no tener realmente la intención de resolver el vínculo laboral, continuando de hecho prestando los mismos servicios hasta septiembre de 2017.

"El único fin de tal maniobra era eludir las consecuencias de un cambio de normativa interna y recibir así indebidamente un premio de jubilación y un complemento mensual por jubilación desde enero de 2009 hasta septiembre de 2017", añade.

Penas importantes de cárcel

La Fiscalía ha solicitado 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar, quien se enfrenta a la mayor pena de toda la trama. Para Gorka, su hijo, reclama siete años de prisión por administración desleal y corrupción en los negocios, y una multa de 900.000 euros. Además, para la empresa de este, Sport Advisers, pide una multa de 1,6 millones por corrupción en los negocios.

Para los otros implicados, Juan Antonio Padrón, José María Castillón y Jorge Juan Pérez Arias (secretario general de la RFEF) solicita las penas de seis años y seis meses por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Esta pena se fija en seis años para Pedro Rubio y Antonio Sánchez Doblas, mientras que para Adoración de Pedro se solicita una pena de cárcel de dos años y nueve meses.

Tanto Ángel María Villar como su hijo ya estuvieron en la cárcel cuando estalló todo este caso en 2017. Ambos fueron detenidos el 20 de julio y entraron en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salieron menos de dos semanas después tras pagar las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, que les impuso el juez Santiago Pedraz.