PP y Vox se alían en Cantabria para aprobar la Ley de Simplificación entre críticas: "Desmán urbanístico"
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la Ley de Simplificación Administrativa regional con los votos favorables del Partido Popular y Vox, también del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y el rechazo de socialistas y regionalistas. La norma entrará en vigor en una semana. Durante el debate, PP y Vox, que hace semanas llegaron a un acuerdo para sacar adelante la ley con las enmiendas introducidas por ambos, han defendido que se trata de una norma "necesaria" que va "hacer la vida más fácil a los ciudadanos. A la contra, desde el PRC y el PSOE sostienen que se trata de una "mala" ley, que, a su juicio es "de desregulación, no de simplificación", y abre la puerta a la "especulación urbanística". La ley recoge la aprobación de un plan de simplificación con medidas concretas en medio año y da un plazo de tres meses al Gobierno cántabro de María José Sáenz de Buruaga para revisar los silencios con el objetivo de transformarlos en positivos, así como la creación de un grupo de trabajo de simplificación o la emisión de informes anuales sobre si las administraciones simplifican o no. La consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), ha destacado que se trata de una ley que ha contado con la "contribución" del Parlamento para "mejorarla" y cuyo objetivo es "hacer la vida más fácil a los ciudadanos en su relación con la Administración", al establecer el deber general de simplificar y eliminar burocracia y trámites innecesarios. Dan así "un paso de gigante" en el "empeño" del Gobierno regional de "convertir a Cantabria en una de las comunidades autónomas con menos burocracia de España", que "permitirá no solo mejorar la gestión pública, sino también fortalecer el desarrollo económico y social de la comunidad en beneficio de todos los ciudadanos": "Hemos llegado a los últimos, pero tenemos la mejor ley", ha aseverado la consejera, que ha puesto en valor que el Ejecutivo autonómico ha hecho en "tiempo récord, 12 meses, un texto para la ley, que "nace de la sociedad, de las aportaciones de los sectores económicos, sociales y profesionales de Cantabria". Según ha explicado, ese deber general de simplificación lleva aparejada la disminución de trámites y cargas, con reducción de los plazos de resolución y eliminación de documentación; la generalización del silencio positivo, o la obligación de todos los procedimientos de la utilización de la declaración responsable, con un régimen sancionador que llega hasta los 900.000 euros. "Esta ley elimina trámites, no requisitos, reduce la burocracia, no pide al ciudadano lo que ya tiene la Administración, crea la carpeta ciudadana y la empresarial, establece la plataforma de datos, impone la interoperabilidad y hace una gran apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial, permite y fomenta el pago por aplicaciones móviles", ha defendido. En cuanto al uso de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) para construir viviendas, como recoge esta norma, la consejera ha apostado por la colaboración público-privada para "defender el interés general y solucionar el...
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la Ley de Simplificación Administrativa regional con los votos favorables del Partido Popular y Vox, también del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y el rechazo de socialistas y regionalistas. La norma entrará en vigor en una semana. Durante el debate, PP y Vox, que hace semanas llegaron a un acuerdo para sacar adelante la ley con las enmiendas introducidas por ambos, han defendido que se trata de una norma "necesaria" que va "hacer la vida más fácil a los ciudadanos. A la contra, desde el PRC y el PSOE sostienen que se trata de una "mala" ley, que, a su juicio es "de desregulación, no de simplificación", y abre la puerta a la "especulación urbanística". La ley recoge la aprobación de un plan de simplificación con medidas concretas en medio año y da un plazo de tres meses al Gobierno cántabro de María José Sáenz de Buruaga para revisar los silencios con el objetivo de transformarlos en positivos, así como la creación de un grupo de trabajo de simplificación o la emisión de informes anuales sobre si las administraciones simplifican o no. La consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), ha destacado que se trata de una ley que ha contado con la "contribución" del Parlamento para "mejorarla" y cuyo objetivo es "hacer la vida más fácil a los ciudadanos en su relación con la Administración", al establecer el deber general de simplificar y eliminar burocracia y trámites innecesarios. Dan así "un paso de gigante" en el "empeño" del Gobierno regional de "convertir a Cantabria en una de las comunidades autónomas con menos burocracia de España", que "permitirá no solo mejorar la gestión pública, sino también fortalecer el desarrollo económico y social de la comunidad en beneficio de todos los ciudadanos": "Hemos llegado a los últimos, pero tenemos la mejor ley", ha aseverado la consejera, que ha puesto en valor que el Ejecutivo autonómico ha hecho en "tiempo récord, 12 meses, un texto para la ley, que "nace de la sociedad, de las aportaciones de los sectores económicos, sociales y profesionales de Cantabria". Según ha explicado, ese deber general de simplificación lleva aparejada la disminución de trámites y cargas, con reducción de los plazos de resolución y eliminación de documentación; la generalización del silencio positivo, o la obligación de todos los procedimientos de la utilización de la declaración responsable, con un régimen sancionador que llega hasta los 900.000 euros. "Esta ley elimina trámites, no requisitos, reduce la burocracia, no pide al ciudadano lo que ya tiene la Administración, crea la carpeta ciudadana y la empresarial, establece la plataforma de datos, impone la interoperabilidad y hace una gran apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial, permite y fomenta el pago por aplicaciones móviles", ha defendido. En cuanto al uso de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) para construir viviendas, como recoge esta norma, la consejera ha apostado por la colaboración público-privada para "defender el interés general y solucionar el...
