Pandemias en la historia (1918-2020)
Se han cumplido cinco años de la pandemia que conmovió a España y al mundo entero, demasiadas calamidades y muertes dejó tras de si. Se vivió una de las mayores crisis de la historia Una pandemia con efectos negativos, no solo en el ámbito sanitario, sino también en lo social y con incalculables consecuencias económicas, con un agujero del que todavía no hemos salido. Las cifras en muertes han sido negras, los hospitales se desbordaron y los frutos del confinamiento todavía se dejan notar. La pandemia de COVID-19 afectó as España con más fuerza que a la mayoría de los países. Más de 3,2 millones de personas se vieron infectadas, la octava cifra más alta del mundo, y más de ciento veinte millones fallecieron por coronavirus. En España se diagnosticó el 31 de enero de 2020 en San Sebastián de La Gomera, el primer caso, cuando un turista alemán dio positivo, mientras que el primer fallecimiento conocido ocurrió el 13 de febrero en Valencia. La gran mayoría de los fallecidos fueron personas mayores de 65 años. La falta de camas o respiradores llevó a que los hospitales restrinjan ingresos por criterios que no dependen sólo de la edad, sino de la esperanza de vida de los pacientes. El Plan de contingencia para los servicios de medicina intensiva frente a la pandemia del Covid-19, estableció que en la fase de saturación de las UCI habrá "criterios de ingreso estrictos, guiados por escalas objetivas, aplicando, si es necesario, los protocolos de limitación del tratamiento de soporte vital". Otro documento, que establece los criterios de la prioridad, dice que: se valorará la expectativa de vida del paciente inferior a 1-2 años, dando prioridad a la persona con más años de vida ajustados a la calidad de la misma o tener en cuenta "el valor social de la persona enferma". Es decir que un sintecho entraría en la UCI el último, por tener prioridad un dirigente político o el Jefe del Estado. Algunas comunidades autónomas, como la que dirige Isabel Díaz Ayuso, estableció un protocolo en las residencias de personas mayores, que originó 7.291 muertes. El gobierno de Díaz Ayuso había aprobado un Protocolo (de la vergüenza) que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas, algo que nunca ocurrió. Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida; no se produjo la atención sanitaria adecuada a los ancianos por decisiones políticas y de gestión discriminatorias. Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la Comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, señalando que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes, a quienes se les denegó el deber de socorro tras la publicación de los llamados Protocolos de la vergüenza, respondieron a criterios...
Se han cumplido cinco años de la pandemia que conmovió a España y al mundo entero, demasiadas calamidades y muertes dejó tras de si. Se vivió una de las mayores crisis de la historia Una pandemia con efectos negativos, no solo en el ámbito sanitario, sino también en lo social y con incalculables consecuencias económicas, con un agujero del que todavía no hemos salido. Las cifras en muertes han sido negras, los hospitales se desbordaron y los frutos del confinamiento todavía se dejan notar. La pandemia de COVID-19 afectó as España con más fuerza que a la mayoría de los países. Más de 3,2 millones de personas se vieron infectadas, la octava cifra más alta del mundo, y más de ciento veinte millones fallecieron por coronavirus. En España se diagnosticó el 31 de enero de 2020 en San Sebastián de La Gomera, el primer caso, cuando un turista alemán dio positivo, mientras que el primer fallecimiento conocido ocurrió el 13 de febrero en Valencia. La gran mayoría de los fallecidos fueron personas mayores de 65 años. La falta de camas o respiradores llevó a que los hospitales restrinjan ingresos por criterios que no dependen sólo de la edad, sino de la esperanza de vida de los pacientes. El Plan de contingencia para los servicios de medicina intensiva frente a la pandemia del Covid-19, estableció que en la fase de saturación de las UCI habrá "criterios de ingreso estrictos, guiados por escalas objetivas, aplicando, si es necesario, los protocolos de limitación del tratamiento de soporte vital". Otro documento, que establece los criterios de la prioridad, dice que: se valorará la expectativa de vida del paciente inferior a 1-2 años, dando prioridad a la persona con más años de vida ajustados a la calidad de la misma o tener en cuenta "el valor social de la persona enferma". Es decir que un sintecho entraría en la UCI el último, por tener prioridad un dirigente político o el Jefe del Estado. Algunas comunidades autónomas, como la que dirige Isabel Díaz Ayuso, estableció un protocolo en las residencias de personas mayores, que originó 7.291 muertes. El gobierno de Díaz Ayuso había aprobado un Protocolo (de la vergüenza) que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas, algo que nunca ocurrió. Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida; no se produjo la atención sanitaria adecuada a los ancianos por decisiones políticas y de gestión discriminatorias. Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la Comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, señalando que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes, a quienes se les denegó el deber de socorro tras la publicación de los llamados Protocolos de la vergüenza, respondieron a criterios...
