Milei, Bullrich y el problema del péndulo sin equilibrio

Racionalidad macroeconómica y racionalidad en el manejo de la calle: con esos dos logros entró el gobierno de Javier Milei a 2025. Pero esos dos logros empiezan a complicarse y el año electoral llega con amenazas. Unas están fuera del control del Gobierno: la guerra comercial global que inició Donald Trump y el impacto que podría tener en el ingreso de dólares a la Argentina. Otras amenazas dependen del Gobierno tanto para generarlas como para volver a encauzarlas: ahí están, por un lado, la macro y el peligro de tocar los cables rojos del tipo de cambio y, por el otro, la calle y la madeja de dilemas que les presentan a la gobernabilidad y al proyecto de poder del Gobierno. En este último punto, la figura de Patricia Bullrich se lleva el protagonismo. El modo en que Bullrich ejerce esa centralidad acarrea consecuencias políticas para el Gobierno: el riesgo es la pérdida de legitimidad de la noción de orden en la calle y de represión legítima por parte del Estado.

Un proyecto sostenible de país, y de poder, requiere un péndulo en equilibrio. Encontrar ese punto de equilibrio constante es la base de un gobierno que pretende inaugurar una nueva era. En cambio, una gestión que solo hable el lenguaje de un extremo, en el mediano o largo plazo, está destinada a generar una reacción en sentido opuesto. La respuesta política de Bullrich, y de Milei, a la actuación de las fuerzas de seguridad en la marcha del miércoles pasado coloca al Gobierno en un extremo. Y desanda en parte la construcción mileísta del primer año de gestión que le ha garantizado el apoyo de la opinión pública.

Hasta ahora, Milei logró lo imposible: desacoplar una cadena de sentido común que la política no quiso o no pudo romper durante décadas. Por un lado, desacopló el ajuste de su sentido de “antipopular”. En la medida en que el ajuste está conduciendo a la baja de la inflación y, de ahí, a la baja de la pobreza, implosionó la noción de “ajuste neoliberal”. Ese logro es el más difícil de refutar desde la oposición más dura del kirchnerismo: hay consenso vergonzante en que la principal política contra la pobreza es una macro equilibrada y sin inflación endémica y el crecimiento económico sostenido. Una política que el kirchnerismo evitó y el macrismo no logró encaminar. La herramienta central del Gobierno es la racionalidad económica y una cadena de causa efecto basada en la evidencia cotidiana: la baja de la inflación percibida en la vida diaria con efecto balsámico

Pero, además, Milei reforzó ese cambio de sentido del “ajuste” con una cuota de pragmatismo. Sin llamarlo “justicia social”, una noción que rechaza, Milei hace política social de equidad con discriminación positiva para beneficiar a los sectores más empobrecidos. Es decir, hace justicia social a pesar de sus pruritos ideológicos. El aspecto racional de la política macroeconómica de Milei, que incluye el componente social, es central en el apoyo sostenido que conserva en la opinión pública. Según el ministerio de Capital Humano, llegado diciembre de 2024, la AUH había aumentado un 137 por ciento en términos reales, por encima de la inflación, que en 2024 fue del 117,8 por ciento. Comparando el monto individual de la AUH de noviembre de 2023 con el monto de febrero de 2025, el aumento real fue del 151 por ciento, según datos de Empiria Consultores. Es decir, el ajuste no llega a la asistencia estatal sobre los más pobres. Una dimensión de racionalidad con sensibilidad social inesperada en el mileísmo. El aspecto racional de la política macroeconómica de Milei, que incluye el componente social, es central en el apoyo sostenido que conserva en la opinión pública.

Por otro lado, Milei desacopló la noción de “orden” y “calle bajo control” de su costado autoritario. En trece meses de gobierno, Milei y Bullrich lograron algo que parecía tan inconcebible como la baja de la inflación: terminar con los piquetes. El orden en la calle también es clave en el apoyo al Gobierno.

La conexión entre política macroeconómica y manejo de la calle ha sido parte de su estrategia. El control de la calle se logró con “protocolo antipiquetes”. Pero también con el desarme de las organizaciones sociales y su poder de intermediación y el aumento de la ayuda social directa, por ejemplo, la AUH. En la Tarjeta Alimentar el Gobierno deja un flanco débil: según Empiria, hay una caída del 14 por ciento en términos reales. Por eso Capital Humano sólo hace referencia al aumento nominal, del 137,5 por ciento, pero no al real, que muestra una baja del poder adquisitivo de esa ayuda social.

El pragmatismo también estuvo presente en el manejo de la calle. Las marchas universitarias de abril y mayo de 2024 fueron prueba de eso: en ese caso, el Gobierno no penalizó la toma del espacio público por parte de una manifestación que desbordó sin incidentes las veredas de la ciudad. En ritmo más sincopado, el Gobierno terminó aceptando la legitimidad de la protesta y la protesta se movió dentro de cánones democráticos, sin focos de violencia.

Esta semana vuelven a acoplarse esos dos frentes, macro y calle, pero en una coyuntura muy diferente. El miércoles, el oficialismo libertario llamó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el DNU del nuevo acuerdo con el FMI. En la Plaza del Congreso se llevará a cabo una nueva marcha que promete una convocatoria de mayor masividad y una representación más amplia que la de la semana pasada.

Todos los fantasmas se ciernen sobre ese escenario. Se instalan miedos emblemáticos: son inevitables las comparaciones con el Congreso y la plaza de 2017, cuando la reforma previsional se convirtió en objeto de disputa violenta tanto dentro del Congreso como afuera. También están los temores coyunturales de que vuelva a darse la violencia aparateada de la semana pasada y la preocupación por una escalada de descontrol en la represión.

La marcha de jubilados mostró un cambio de tendencia plagado de debate. Habla de un cambio de percepción tanto en el oficialismo como en la oposición respecto de la fortaleza del Gobierno. El Gobierno ya no juega solo en el tablero político; la oposición más dura empieza a encontrar grietas donde jugar. Y algunas de sus facciones, con las armas más preocupantes: ahora, el Gobierno denuncia el uso político de barras como fuerza de choque y se ve un foquismo que violenta una marcha convocada con una consigna atendible. Hay varias cuestiones a señalar.

Primero, la dificultad del kirchnerismo y las izquierdas para digerir la alternancia política y la legitimidad de una fuerza no peronista. Cuando la política del Ejecutivo, sea Milei ahora o Macri en 2017, no se alinea con sus intereses, la presión es máxima, e ilegítima en el peor de los casos: eso pasó el miércoles pasado. Ese hábito político vuelve al centro de esta coyuntura. No es nuevo ese posicionamiento y no será el último. En diciembre de 2015, la negativa de Cristina Kirchner a participar de la transmisión del poder a Mauricio Macri implicó el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones. Ahora, Argentina vuelve a 2023 y la polarización que organizó el balotaje: una puja entre visiones opuestas del mal menor o del miedo menor, Milei versus Massa como la representación de riesgos democráticos en sentido opuesto. Para el kirchnerismo y el votante de Massa, Milei llevaría la Argentina a una versión iliberal y autoritaria. La marcha de este miércoles es una manifestación de ese convencimiento: una marcha casi plebiscitaria de la gestión y, más puntualmente, del ajuste y, también, del acuerdo con el FMI que se estará discutiendo en el recinto.

Imposible imaginar en el kirchnerismo y las izquierdas un rol de aprobación parlamentaria de sus políticas por una oposición no obstruccionista: lo de Juntos por el Cambio apoyando como deber cívico el acuerdo con el FMI de la presidencia Fernández-Kirchner cuando los diputados de Máximo Kirchner lo rechazaban. O cuando también Milei le votaba en contra.

Segundo, ¿qué hace el Gobierno con el cambio de escenario de este 2025 comparado con 2024? De Davos 2025 al criptogate, el Gobierno dañó su autoridad y su legitimidad anticasta. La plaza de la semana pasada y la de este miércoles son muestras de la pérdida del miedo a Milei. La represión legítima fue necesaria para contener los disturbios, pero Bullrich y Milei tomaron el camino de extremar posiciones: sobregirar sin plasticidad política ni racionalidad su posicionamiento. El caso del fotógrafo Pablo Grillo muestra esa lógica: ante una vida puesta en peligro por la acción de un gendarme, llega una defensa cerrada de las fuerzas de seguridad. Deja afuera cualquier revisión profesional de errores y excesos cometidos en el ejercicio de la represión. Esa respuesta política aleja la noción de orden público de la racionalidad necesaria que la legitima.

La racionalidad también se pierde en la lectura moralista que propuso Milei: “los azules”, es decir, las fuerzas del orden, como el arquetipo incuestionable del bien. Esa lectura tiene problemas: por ejemplo, la complicidad entre narcos y policías en Rosario o los casos de violencia policial durante la pandemia, con Magalí Morales como caso testigo: fue detenida arbitrariamente y apareció ahorcada en una comisaría en San Luis. La moralización política de Milei genera una cámara de eco tan intensa como la generaba la moralización kirchnerista.

Tercero, la instalación de la noción de “golpe blando”, que le permite al Gobierno darle legitimidad a la respuesta extrema. Es delicadísima: implica ver fantasmas golpistas en la protesta legítima y en la crítica racional al Gobierno. Un proyecto de país sostenible le demanda al Gobierno una construcción doble: autoridad presidencial y legitimidad en el ejercicio del poder.

El mayor desafío de un gobierno como el de Milei es producir reformas profundas y estructurales sin caer en extremos innecesarios: un péndulo que se mueve de un extremo, el kirchnerismo, al otro, el mileísmo, está condenado al movimiento perpetuo. No les conviene ni a la Argentina ni a Milei.