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Madrid tacha de «nula» e «ilegal» la conferencia para el reparto de menores inmigrantes
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, ha remitido una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que le recrimina la convocatoria extraordinaria de la conferencia sectorial para el próximo lunes sobre el reparto de menores inmigrantes , que considera «viciada de nulidad» y que trata a las comunidades autónomas «como súbditos». La consejera pide a la ministra que cancele la conferencia por su «evidente ilegalidad». En caso de no hacerlo, Madrid se reserva iniciar las acciones legales pertinentes. Dávila protesta por «el fondo y las formas» en que se ha convocado esta conferencia, de la que se tiene noticia en los medios de comunicación desde el pasado 10 de abril. «Se trata de una nueva vuelta de tuerca del Gobierno central a las comunidades autónomas», que según le recuerda representan «a millones de ciudadanos cuyos derechos se ven sistemáticamente ninguneados y pisoteados por una actuación desleal». Lamenta la «vulneración del marco competencial» y el «desprecio al procedimiento», y critica a la ministra que «su departamento haya decidido tratar a las comunidades autónomas como súbditos, a pesar de que somos nosotros, y no ustedes, los que tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores». Además, la consejera denuncia la «extraordinaria gravedad» de que el Gobierno central esté incumpliendo el mandato del Tribunal Supremo, al «negarse a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo cuya asistencia ha sido expresamente ordenada por dicho tribunal», lo que indica «una alarmante falta de respeto a la justicia» y «una profunda carencia de humanidad». La convocatoria extraordinaria del lunes «infringe además el artículo 17 del Reglamento de la Conferencia Sectorial», el que regula que el carácter extraordinario lo da el tratar de asuntos urgentes e inesperados: «Las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas ni urgentes, al haberse producido hace más de un mes». Por todo ello, le solicita a la ministra que «reconsidere su convocatoria» y «proceda a su cancelación, dada su evidente ilegalidad». Si no lo hace, advierte que la Comunidad de Madrid «se verá obligada a emprender las acciones que correspondan».
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, ha remitido una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que le recrimina la convocatoria extraordinaria de la conferencia sectorial para el próximo lunes sobre el reparto de menores inmigrantes , que considera «viciada de nulidad» y que trata a las comunidades autónomas «como súbditos». La consejera pide a la ministra que cancele la conferencia por su «evidente ilegalidad». En caso de no hacerlo, Madrid se reserva iniciar las acciones legales pertinentes. Dávila protesta por «el fondo y las formas» en que se ha convocado esta conferencia, de la que se tiene noticia en los medios de comunicación desde el pasado 10 de abril. «Se trata de una nueva vuelta de tuerca del Gobierno central a las comunidades autónomas», que según le recuerda representan «a millones de ciudadanos cuyos derechos se ven sistemáticamente ninguneados y pisoteados por una actuación desleal». Lamenta la «vulneración del marco competencial» y el «desprecio al procedimiento», y critica a la ministra que «su departamento haya decidido tratar a las comunidades autónomas como súbditos, a pesar de que somos nosotros, y no ustedes, los que tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores». Además, la consejera denuncia la «extraordinaria gravedad» de que el Gobierno central esté incumpliendo el mandato del Tribunal Supremo, al «negarse a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo cuya asistencia ha sido expresamente ordenada por dicho tribunal», lo que indica «una alarmante falta de respeto a la justicia» y «una profunda carencia de humanidad». La convocatoria extraordinaria del lunes «infringe además el artículo 17 del Reglamento de la Conferencia Sectorial», el que regula que el carácter extraordinario lo da el tratar de asuntos urgentes e inesperados: «Las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas ni urgentes, al haberse producido hace más de un mes». Por todo ello, le solicita a la ministra que «reconsidere su convocatoria» y «proceda a su cancelación, dada su evidente ilegalidad». Si no lo hace, advierte que la Comunidad de Madrid «se verá obligada a emprender las acciones que correspondan».
