Los funcionarios no son pacientes de segunda

Decía Hipócrates que cualquier profesional de la medicina debe declarar el pasado, diagnosticar el presente y pronosticar el futuro. Esta semana hemos presenciado el desenlace de Muface, que se ha vivido entre los funcionarios como una superproducción hollywoodiense en la que se desactiva la bomba en el último suspiro de la película. Pero ahora hay que analizar el resto de conexiones, porque si se apuesta por un modelo que ha sido un éxito durante décadas, hay que ser consecuente y no quedarse en la propaganda que tanto inunda hoy la política.

Esta reflexión nos lleva directamente a diagnosticar el presente. La oferta asistencial de Muface se ha ido deteriorando en los últimos años. Hay muchos factores, pero la infrafinanciación del sistema en la última década el ingrediente detonante. Ahora hemos visto un esfuerzo presupuestario del Estado que, visto el desenlace de la negociación, ha convencido a las aseguradoras para licitar. Eso sí, han sido necesarias hasta tres licitaciones para que vean viable el concierto.

Sin embargo, el 41,5% de incremento sobre las primas no puede solo elevar la remuneración de los agentes financiadores cuando lo realmente mollar es el servicio asistencial. Dicho de otra forma, si el esfuerzo presupuestario no llega al prestador final del servicio, quienes sufrirán la merma serán los propios funcionarios en la calidad del servicio médico que reciban, con lo cual no se habrá avanzado nada. Si ocurriera así, el modelo del mutualismo estará en riesgo. Por ello, es momento de exigir protección a la calidad asistencial, pues los funcionarios no son ciudadanos ni pacientes de segunda.

Para conseguir este objetivo, la oferta de centros y profesionales debe aumentar para poder cubrir la demanda sanitaria que tengan el millón y medio de personas adscritas al modelo. Solo así se podrá asegurar un nivel mínimo de accesibilidad, en el que el tiempo de espera para acceder a consultas, cirugías menores o el manejo de diagnósticos graves no supere en ningún caso los 20 días. Asimismo, se debe asegurar la continuidad asistencial mediante una oferta integral de servicios de hospital que evite derivaciones innecesarias para el paciente por parte de las aseguradoras cuando los recursos existan en el centro.

Otro de los aspectos por los que debe regirse Muface, si es que de verdad lo que se persigue es dar asistencia médica, es que la aseguradora no pueda restringir el cuadro médico una vez iniciado el nuevo contrato. No se puede poner en riesgo la continuidad asistencial del usuario. Estamos hablando de salud, es más, estamos hablando de un derecho constitucional que debe ser protegido sea cual sea la circunstancia o responsable del servicio.

Con los mimbres descritos, el pronóstico del modelo será favorable. Solo asegurando una asistencia de calidad tiene sentido la participación del sector privado. No se puede olvidar que nuestra participación en el Sistema Nacional de Salud solo tiene sentido y futuro si está asociado a la calidad que siempre ha existido. Pero si no es así, lo que se esconde tras el mejor convenio para Muface de la historia será una muerte lenta, progresiva y agónica. Porque no se puede olvidar que la asistencia prestada desde operadores privados es una elección. Y esta ha sido de preferencia entre el cuerpo de trabajadores públicos históricamente, pero en los últimos años se ha visto un deterioro de esa adscripción.

Estamos en el momento decisivo. Ahora que comienza el nuevo trienio para Muface es la hora de que cada operador cumpla con su cometido. El Gobierno financia y vela; las aseguradas se comprometen a que el ciudadano tenga una oferta amplia y bien remunerada, y la provisión sanitaria, con esta base, prestará el servicio de calidad que siempre hemos dado. En definitiva, que la máxima de Hipócrates no se quede vacía de contenido y Muface se convierta en un ejercicio de hipocresía.