¡Lo que faltaba en la vivienda! Una posible trampa institucional

El problema de la vivienda se ha impuesto en las agendas públicas con argumentos parecidos, lo que indica que es posible encontrar soluciones si las administraciones responsables, y los partidos políticos (especialmente los mayoritarios), son capaces de alcanzar un acuerdo a largo plazo.

Marco Valerio Marcial, nacido cerca de Calatayud en el siglo I, era un poeta con un lenguaje vulgar, y en uno de sus epigramas recrimina a un amigo: "¿Cómo costeas esa birria de toga y el alquiler de tu penumbroso cuarto?" Esto pone en evidencia que el problema de la vivienda no es precisamente nuevo, tiene milenios de antigüedad.

Para los menos informados, una propuesta interesante es el Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Consiste en la cesión de suelo regional a varias adjudicatarias con un canon como contrapartida. El objetivo de esta colaboración público-privada es gestionar la construcción de viviendas en alquiler -aparentemente asequibles para colectivos con dificultades de obtener una vivienda en alquiler con un salario limitado- para a continuación actuar como operador durante, depende del momento de adjudicación, 50, 60 o 75 años. Al cabo de dicho plazo las viviendas se recuperan para el patrimonio público, pues afortunadamente la nueva normativa impide venderlos. Sorprende que tratándose de una política social para grupos que no tienen capacidad para acceder al mercado libre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretenda que no produzca ningún coste.

Se anuncia una renta mensual, teórica, puesto que a dicha cantidad hay que sumar elementos que habitualmente no tienen que pagar los inquilinos, como los de comunidad o el IBI. Los adjudicatarios tienen que aportar una fianza y depósito de garantía. Lo que nadie parece querer contar es que este proceso, aparentemente acertado, significa que al empresario privado le tienen que salir las cuentas con unas rentas aproximadas a los 800 euros, según fuentes de alguno de los adjudicatarios.

Dado que es el gestor privado el encargado de seleccionar a los peticionarios y que la Administración no realiza ninguna aportación, los seleccionados terminan siendo grupos con una renta media superior a lo esperado para un alquiler social; este es en el que la renta de alquiler no sobrepase el 35% de los ingresos, tal como recomiendan todos los expertos y que la mayor parte de la normativa legal ha empezado a incorporar, como en el caso que nos ocupa donde el propio Plan Vive lo limita en un 35%. Este proceso ha dado lugar a innumerables renuncias, y la lista de espera acumula más de 50.000 peticionarios.

Sorprende que una propuesta destinada a resolver un problema tan acuciante termine en una acumulación de inexactitudes que provoca que una parte, nada despreciable, de los adjudicatarios iniciales estén procediendo a su renuncia. Lo grave de esta situación es que las personas con problemas de alojamiento, que desconfían de que se les ayude, terminan identificando que los anuncios no se corresponden con la realidad. No parece muy acertado que los adjudicatarios de una solución terminen encontrándose con un problema.

Pero mal empieza el proceso si una de las administraciones donde el problema es más acuciante parece ocultar con una posible trampa a los beneficiarios del Plan Vive. La primera medida, que parece olvidarse con frecuencia, es que para una buena política de vivienda hay que tener estructurada una información fiable, determinante para tomar decisiones —en sectores profesionales, de investigación y medios de comunicación, es algo sobre lo que hay una demanda generalizada —. Si no contamos con datos precisos que permitan establecer análisis rigurosos y contribuyan a realizar un diagnóstico lo más acertado posible, será difícil tomar decisiones correctas.

España no cuenta con información agregada, suficientemente válida, para poder realizar análisis y diagnósticos fiables. No hay excusa para tener una información fiable. Un argumento que por repetido no deja de sorprender es que, en un país como España, con una flota de automóviles amplia y que estadísticamente está perfectamente controlada, sin embargo, no sabemos con certeza cuántas viviendas tenemos. Por tanto, una de las primeras tareas que debería acometer la Administración del Estado es desarrollar una buena estructura con capacidad para verificar el número exacto de viviendas, así como su localización.

Es indispensable que quienes gobiernan den soluciones a un problema que está presente en la sociedad. No parece adecuado que el Gobierno central, que no ha hecho ni una vivienda en más de seis años, critique lo que el PP hizo en el pasado; y es indignante que el PP responsabilice del problema al Gobierno central, cuando las competencias fundamentalmente las tienen las CCAA y ayuntamientos, que en gran parte gobierna dicha formación.

Sobre la posibilidad de resolver el problema de la vivienda hay demasiados responsables públicos, que parecen no entender que el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española de 1978 pasa por resolver el problema del alojamiento, no el de la vivienda en propiedad, para lo qu, especialmente el Partido Popular que gobierna en 13 comunidades autónomas sigue empeñado en apoyar la adquisición de la propiedad con rebajas impositivas.

En los últimos meses se han realizado propuestas del PP y del Gobierno de coalición, coincidentes en gran parte del diagnóstico. El PP parece no acordarse, en algunas de sus formulaciones, que recuerdan a las que alimentaron la burbuja inmobiliaria. Y el Gobierno de coalición parece no percibir que lo que propone no será una evidencia antes de cuatro o cinco años. Sería un acierto político, y una esperanza sólida, que los dos grandes partidos de España, PSOE y PP, alcanzaran un acuerdo de Estado en esta materia para los próximos 25 años, que diera tranquilidad y confianza a los ciudadanos de que es posible resolver este problema.