Las polémicas más sonadas que rodean a Marlaska: munición israelí, tragedia de Barbate, cese de Pérez de los Cobos...
El titular del Ministerio del Interior no se ha planteado dimitir tras casi siete años envuelto en controversias.

La compra de munición a Israel ha vuelto a situar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro del huracán político. Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le nombrara al cargo de la cartera en junio de 2018, Marlaska ha sorteado crisis internas, críticas de todos los partidos y reprobaciones parlamentarias. En casi siete años al frente de uno de los ministerios más expuestos, el exmagistrado no se ha planteado dimitir nunca y Sánchez lo ha respaldado siempre. Hasta esta semana.
La adquisición a una empresa israelí de 15 millones de balas para la Guardia Civil por más de 6 millones de euros ha provocado un nuevo conflicto en el Gobierno. La decisión, tomada por el Ministerio del Interior, contraviene el compromiso del Ejecutivo de no comerciar armamento con Israel debido a la ofensiva militar en Gaza. Tras conocerse la operación de compra esta semana, Marlaska la ha defendido alegando razones contractuales, ante la imposibilidad de anular el pago de un material "necesario", pero Moncloa lo ha desautorizado y ha anulado el proceso.
"La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados", indicó este miércoles Interior. Ahora, no obstante, el Gobierno prohibirá la entrada de la munición israelí en España para evitar pagar los seis millones. En este sentido, considera que tiene una "causa justificada" para rescindir el contrato sin tener que abonar esa cuantía o pagar una indemnización.
Con todo, esta crisis se suma a las sombras que ya acumulaba Marlaska en su trayectoria.
Compra de munición a Israel
La última polémica estalló esta semana tras saberse que Interior había formalizado la compra de munición con la empresa israelí IMI Systems LTD —que figura como adjudicataria— y con la también israelí Guardian Homeland Security S.A. —que figura como representante—, aunque las dos comparten NIF. El contrato estaba destinado a abastecer a la Guardia Civil y, aunque se cerró en Semana Santa, salió a la luz una semana después.
La contradicción con la posición oficial del Ejecutivo fue clara: el Gobierno había prometido no vender ni comprar armas a Israel mientras continuara la ofensiva sobre la población palestina. De hecho, el 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior difundió una nota de prensa para informar que "iniciaba el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí".
Ello causó un revuelo inmediato en el seno del Gobierno y Sumar y los socios criticaron con dureza a Interior, con peticiones desde la comparecencia en el Congreso de Grande-Marlaska a la exigencia de dimisión o incluso a insinuar una posible ruptura de coalición. Por su parte, la cartera de Marlaska defendió que se trataba de un acuerdo ya comprometido y que, además, era imposible anular el contrato sin comprometer la operatividad del cuerpo.
Sin embargo, Moncloa no compró el argumento y Sánchez ordenó al ministro buscar una "solución" para rescindir dicho contrato. Así, el presidente rectificó este jueves a Marlaska anunciando la anulación de la compra para preservar la coalición con Sumar y la coherencia con el discurso que ha venido exhibiendo el Ejecutivo.
Cesión de competencias a Cataluña
Otra de las fricciones en los últimos meses tiene que ver con las negociaciones entre el PSOE y Junts para la cesión de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Interior se mantuvo firme en no traspasar competencias como el control de fronteras, la regulación de flujos migratorios o la expulsión de extranjeros por ser materias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pero la formación de Carles Puigdemont, que condicionó su apoyo a los Presupuestos a este traspaso "integral", puso al ministro en la diana. "Si el señor Marlaska no está de acuerdo, se le cesa, porque este es un acuerdo con el PSOE, y no me sirve que se resista el señor Marlaska, porque si se resiste quiere decir que prefieren a un ministro que cumplir con el acuerdo. Han de elegir, o el ministro o el acuerdo", advirtió el secretario general de Junts, Jordi Turull, en enero.
Si bien desde Interior reiteraron las líneas rojas, finalmente, tras largas negociaciones, el Gobierno y los independentistas llegaron a un acuerdo em marzo para delegar a la Generalitat competencias sobre inmigración que ejercía el Estado. De este modo, dieron luz verde a que los Mossos d'Esquadra controlen la seguridad de los puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional; además de permitir a la comunidad gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las autorizaciones de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración y también expedir el documento de identidad para extranjeros.
Gestión fronteriza en Ceuta y Melilla
La gestión fronteriza de ha sido otro de los focos más intensos de crítica. En 2021, durante una crisis diplomática con Marruecos tras la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se produjo una entrada masiva de migrantes en Ceuta, muchos de ellos menores. En agosto, España procedió a la devolución de muchos de esos niños sin respetar los procedimientos legales.
El Ministerio de Derechos Sociales, entonces en manos de Ione Belarra, exigió a Marlaska que frenara los retornos y el caso acabó en los tribunales. Así, en enero de 2024, el Tribunal Supremo declaró ilegales esas devoluciones por realizarse con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería y en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
No obstante, el episodio más trágico ocurrió el 24 de junio de 2022, cuando una veintena de personas murió y otro centenar resultaron heridos al intentar saltar la valla que separa Melilla de Marruecos. Algunas organizaciones exigieron investigaciones contra la brutalidad policial ejercida, pero Marlaska lo negó rotundamente.
El ministro recalcó que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue "proporcionada", "oportuna", "rigurosa" y "profesional" ante la actitud "violenta" de los migrantes. Además, aseguró que "no hubo fallecidos en suelo español", pese a las investigaciones que apuntaban lo contrario. La respuesta del Gobierno fue cerrar filas en torno al ministro y Sánchez agradeció su trabajo.
Traslado de presos de ETA
En marzo de 2023 Interior puso fin a la política de dispersión de los presos de ETA, una medida aplicada durante décadas para evitar la concentración de etarras en cárceles cercanas a su entorno. De este modo, durante cinco años (desde 2018) se fue trasladando progresivamente a todos ellos al País Vasco y Navarra. Entre los últimos trasladados se encontraba Irantzu Gallastegi, pareja de Txapote.
Marlaska defendió que los traslados se hacían de forma "individualizada" y dentro de la legalidad, atendiendo a factores como la inserción, el arraigo familiar o el grado de cumplimiento de la pena. No obstante, asociaciones de víctimas del terrorismo y partidos de la oposición criticaron la medida.
Las asociaciones condenaron la medida como una "traición" y denunciaron que los presos etarras se estaban convirtiendo en moneda de cambio con EH Bildu, ya que ha sido una demanda histórica de la izquierda abertzale. Por su parte, el PP y Vox acusaron a Marlaska y a Sánchez de "blanquear" a los terroristas para asegurarse la gobernabilidad.
El cese de Pérez de los Cobos
Una de las decisiones más controvertidas de Marlaska fue el cese en mayo de 2020 del coronel Diego Pérez de los Cobos, entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por una "pérdida de confianza". El alto mando fue destituido por no informar a sus superiores del contenido de un informe que estaba elaborando la Benemérita, por orden judicial, sobre la posible responsabilidad del Gobierno en la autorización de la manifestación del 8M durante los primeros días de la pandemia.
La decisión generó una fuerte sacudida institucional, ya que Pérez de los Cobos había ganado visibilidad nacional por su papel durante el 1-O en Cataluña, cuando dirigió el operativo de coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil. De hecho, la Justicia acabó dándole la razón al coronel: el Tribunal Supremo calificó el cese de ilegal y forzado, pero Marlaska se negó a dimitir y Sánchez salió en su defensa.
El asunto no solo indignó a buena parte de la cúpula de la Guardia Civil, sino que generó una cadena de dimisiones internas, entre ellas la del director adjunto operativo del cuerpo, Laurentino Ceña, como gesto de solidaridad con Pérez de los Cobos. La oposición pidió la dimisión del ministro, acusándole de utilizar Interior con fines partidistas.
Barbate y la falta de medios
La muerte de dos guardias civiles el 9 de febrero de 2024 al ser embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz) volvió a situar a Grande-Marlaska en el centro de la polémica. El suceso puso el foco sobre la falta de medios y recursos para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, una de las zonas más conflictivas de España.
Los agentes estaban en una embarcación semirrígida, sin apenas protección, enfrentándose a una lancha de alta velocidad equipada con un motor superior. Desde hacía tiempo, asociaciones de guardias civiles venían advirtiendo del desequilibrio en el terreno, señalando que los narcos contaban con recursos náuticos, armamento y logística que desbordaban a los agentes.
Tras lo ocurrido, varios sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil exigieron responsabilidades al Ministerio del Interior y la dimisión de Marlaska. Además, criticaron que no se hubieran reforzado las patrullas marítimas a pesar del incremento de la actividad delictiva en la costa gaditana.
Como en otras crisis anteriores, Marlaska no dio un paso atrás y tampoco recibió un reproche público por parte de Sánchez. El ministro defendió la gestión de su departamento y descartó dimitir, apelando al "compromiso de inversión" de su departamento y su propósito de "seguir avanzando" en la lucha contra la criminalidad organizada".