Las competencias migratorias y la financiación de Catalunya frenan la negociación de los presupuestos

La fragmentación parlamentaria que caracteriza a la política española obliga al Gobierno a hacer permanentemente encajes de bolillos cuando se enfrenta a cualquier negociación, pero la de los Presupuestos Generales del Estado resulta paradigmática. Dependiente de los votos en el Congreso de hasta siete formaciones políticas distintas, además de PSOE y Sumar, el Ejecutivo se prepara para abordar la catarata de peticiones que sus socios parlamentarios ponen encima de la mesa a cambio de apoyar unas cuentas sobre las que los socialistas mantienen intacto su optimismo a pesar de las dificultades.

De hecho, algunos de esos socios, como Junts y ERC, frenan cualquier impulso a los Presupuestos hasta que no se produzca el desbloqueo de las conversaciones sobre las competencias en inmigración y sobre la fiscalidad catalana, respectivamente. Dos de los compromisos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán.

En el Partido Socialista están convencidos de que el horizonte de la legislatura, en cualquier caso, se ha despejado en las últimas semanas tras superar la última crisis con Junts. El acuerdo sobre la cuestión de confianza y sobre el decreto de las pensiones y las ayudas al transporte desencalló una situación de bloqueo entre ambas formaciones que había dejado al Gobierno en minoría parlamentaria en varias votaciones. Y confían en la Moncloa en que ese impulso sirva para poder abordar de una vez los ansiados Presupuestos.

Desechada la hipótesis de una moción de censura de Junts junto al PP y Vox, en el Ejecutivo tienen claro que la apuesta de Carles Puigdemont y los suyos pasa por mantener en pie la legislatura, aunque pida un alto precio como recompensa. Y por eso en las reuniones en privado que mantienen de forma recurrente las cúpulas de los dos partidos, el PSOE traslada la necesidad de aprobar al menos unos Presupuestos que den estabilidad política y permitan, además, desplegar las reformas pendientes. Pero superados un sinfín de escollos, Junts vuelve a poner condiciones para ello.

“Queremos que la Generalitat sea la institución de referencia absoluta para cualquier persona inmigrada que viene a Catalunya, tanto en derechos como en deberes”, defendió esta semana el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en TVE. “Es la diferencia entre tener una gestión integral o no tenerla. No tiene sentido que tengamos capacidad para hacer todos los expedientes sancionadores menos el más grave, que es la expulsión”, añadió. Y los independentistas catalanes reclaman que esa negociación tenga luz verde antes de sentarse a hablar de Presupuestos.

Como adelantó elDiario.es, la salida a ese nuevo órdago de Junts no es sencilla porque el Gobierno descarta de plano ceder la gestión de los pasos fronterizos y de las expulsiones de personas inmigrantes a la Generalitat, y busca fórmulas legales para traspasar las competencias de acogida y para que los Mossos sí puedan tener un rol de acompañamiento a la Policía y la Guardia Civil. Una propuesta en la que hay implicados media docena de ministerios y que los socialistas trabajan con esmero para poder contentar a Junts sin rebasar los límites de la Constitución, que a juicio de todas las fuentes gubernamentales consultadas sobrepasa la propuesta de Puigdemont. Lo que está previsto es que la próxima semana se produzca un nuevo encuentro entre ambas partes para analizar el detalle de la propuesta, aunque en el PSOE admiten que es posible que el acuerdo aún tarde en concretarse.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene una interlocución constante con ERC. Las conversaciones con los republicanos respecto a los Presupuestos Generales del Estado tampoco han echado a andar de manera formal, según ambas partes. Y los republicanos, en permanente competencia política con Junts, exigen también el cumplimiento previo de los acuerdos pendientes, en especial el de la financiación singular para Catalunya comprometido a cambio de la investidura de Salvador Illa.

Sumar: vivienda y permisos remunerados

La coalición de Yolanda Díaz quiere aprovechar la negociación de presupuestos para impulsar algunas de sus principales banderas para el resto de la legislatura, una vez acordada con el PSOE su medida estrella, la reducción de la jornada laboral. Sumar ya enunció hace varios meses sus prioridades para estas cuentas, en un documento que presentaron sus cinco ministros centrado en tres grandes pilares: la política de cuidados, las medidas sobre vivienda y la reforma fiscal.

Partes de este último punto ya se negociaron en el paquete que el Gobierno aprobó el año pasado, aunque quedó fuera hacer permanente el impuesto a las energéticas, que terminaron tumbado Junts y PNV, y otra figura importante para la coalición, que esperan poder retomar ahora, un impuesto a las grandes herencias.

En cuanto a vivienda, el grupo plurinacional quiere “prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible”, “condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las CCAA a la aplicación por estas de los instrumentos de la ley de vivienda para limitar los precios de alquiler” o un aumento del parque público con la construcción de 500.000 pisos para alquiler asequible.

Una de las principales medidas que Sumar quiere impulsar dentro de estos Presupuestos son los permisos remunerados de cuatro semanas para cuidar a hijos menores de ocho años. Durante la legislatura pasada el Gobierno aprobó por decreto un permiso temporal de ocho semanas sin remunerar, ante la imposibilidad de sacar adelante la Ley de Familias que lo incluía. Este curso el Ejecutivo dio luz verde al anteproyecto que recupera lo mollar de esa norma y que incluye el permiso remunerado para las primeras cuatro, pero para entrar en vigor tiene que cumplir su trámite en el Congreso. Ese permiso es además un requisito que impone la Unión Europea y que debía haber entrado en vigor hace unas semanas. Por ello España se enfrenta a una multa millonaria.

Las peticiones del resto de socios

Todos los socios del Gobierno coinciden en que las negociaciones están ahora mismo frías aunque esperan retomarlas en las próximas semanas, una vez desbloqueado el impasse de enero con el decreto del escudo social, aunque todos son conscientes también de que las dificultades para negociar estas cuentas públicas no se han evaporado por mucho que Junts aceptase la semana pasada suavizar la proposición no de ley con la cuestión de confianza y volver a negociar con los socialistas.

“La mejor manera es hacerlo con Presupuestos”, decía hace unas semanas el diputado de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, preguntado por la presión permanente que ejerce Junts a la legislatura y la posibilidad de que el Gobierno agote su mandato sin esas cuentas públicas. 

“EH Bildu lleva tiempo negociando esos presupuestos para 2025 y constatamos una línea de avances importante. Si hay otras formaciones que determinan o que tienen la sensación de sus pretensiones en la medida en que no se vean satisfechas lo mejor es tumbar los presupuestos tendremos que navegar en una realidad como esa”, dijo. 

Fuentes de la formación independentista trasladan en el mismo sentido que sus propuestas para esos Presupuestos no sorprenderán a nadie. “Irán encaminadas a lograr avances en derechos sociales y económicos, además de partidas e inversiones para los territorios de Euskal Herria. No tenemos líneas rojas”, sostienen. 

Esas mismas fuentes trasladan que las conversaciones con el Gobierno ya estaban en realidad bastante avanzadas y esperan poder retomarlas pronto. Con unos presupuestos, dicen, “las instituciones tendrán más margen de maniobra para realizar inversiones sociales”, al tiempo que esperan que haya un acuerdo también para el primer paso previo a esas cuentas públicas, aunque no obligatorio, la senda de déficit. 

En el PNV no avanzan públicamente las peticiones que han trasladado al Gobierno dentro de esta negociación, pero sí aseguran que el cumplimiento del acuerdo de investidura que firmaron ambos partidos hace más de un año “a buen seguro formará parte de las negociaciones”. 

Entre otras cuestiones, aquel acuerdo hablaba de “culminar el autogobierno con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes”, avanzar en la reforma del Estatuto de Gernika y “dialogar y negociar” sobre “el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad”.

El BNG asegura que mantiene un diálogo “continuo” con el Gobierno y en concreto sobre presupuestos ya mantuvieron reuniones antes de que Sánchez decidiera prorrogarlos el año pasado. Ahora mismo, dicen, las conversaciones están algo paralizadas, pero las retomarán en cuanto sea necesario. Entre sus prioridades, “impulsar la Agenda Gallega y agilizar, sobre todo, las infraestructuras para Galiza recogidas en el Acuerdo”, así como otras cuestiones importantes como la puesta en marcha “de los juzgados de violencia de género”. 

Podemos no negociará sin impuesto a las energéticas

Un hueso más duro de roer para el Gobierno será el de Podemos, que ya ha advertido de que ni siquiera se sentará a negociar las cuentas públicas si el Gobierno no aprueba antes el impuesto especial a las energéticas. Ese tributo fue un compromiso que asumió tanto con el partido de Ione Belarra como con el resto de sus socios de izquierda en las negociaciones para la reforma fiscal. Para cumplir su promesa, aprobó un decreto que sin embargo Junts y PNV terminaron tumbando, tal y como habían prometido. 

Podemos acusa al PSOE de falta de voluntad negociadora para sacar adelante este impuesto y de parapetarse detrás de esos dos partidos para ocultar su verdadera voluntad de favorecer a las empresas energéticas y por eso pone como línea roja que el impuesto esté aprobado antes de sentarse a negociar. 

Pero incluso si el Gobierno consiguiera aprobar ese impuesto, algo totalmente improbable vistos los precedentes, las condiciones de Podemos para aprobar esas cuentas no serían fáciles de asumir para los socialistas: la primera es que el Ejecutivo rompa relaciones con Israel y la segunda es un paquete de medidas sobre vivienda para bajar el alquiler por ley un 40%, algo a lo que los socialistas se resisten. 

Las bases de Podemos respaldaron el pasado octubre que el partido ponga esas dos condiciones para poder dar su sí a esas cuentas públicas. La formación también pide que se prohíba la compra de vivienda en España que no sea para residir, además de desmantelar inmediatamente organizaciones ultras como Desokupa.