La realidad de la situación de los menores migrantes en Canarias: 5.000 se encuentran sin regularizar

La mayor parte de los jóvenes que están llegando en cayucos a Canarias no tienen papeles. Así lo adelantaba El País en base a unos datos oficiales que ha cruzado el propio diario. Esta investigación revela que solo unos 800 menores de los 5.800 que se encuentran bajo la tutela del Gobierno canario cuentan con una autorización de residencia. A las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran se le suma que la mayoría de ellos se encuentran indocumentados. Esta situación se traduce en un incumplimiento de la ley que obliga a que los jóvenes tengan una autorización de residencia. Esto implica que mucho jóvenes cumplen la mayoría de edad sin portar autorización de residencia. Pese a que se consideran regulares a todos los efectos, la falta de autorizaciones de residencia y trabajo supone un grave problema y un atentando contra sus derechos. La responsabilidad de esta situación recae, tanto sobre la Administración autonómica, como sobre el Estado, pues ambos intervienen en el proceso de regularización. La primera de ellas inicia los trámites, pero es el Ejecutivo central el que tiene la responsabilidad última de la regularización. Si trascurridos 90 días desde la acogida del menor no se ha tramitado el permiso de residencia recae la responsabilidad sobre las oficinas de extranjería. Estas son quienes deben tramitar y resolver la situación en el plazo de un mes. La mayoría de los menores que llegan a Canarias de manera irregular se encuentran indocumentados. En lugar de tramitarles un pasaporte, un proceso que suele durar bastante tiempo, se ha optado por la tramitación de una cédula de inscripción, un documento que emite la Policía Nacional. Al igual que ocurre con el pasaporte, la tramitación de este documento implica largos procesos burocráticos que retrasan los trámites. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha solicitado más flexibilidad en los procesos. El Gobierno Canario se encuentra desbordado ante la llegada diaria de menores a la que están expuestas las islas. Pese a la adjudicación de 39 técnicos para la tramitación de documentación, reconocen no poder llevar los procesos al día. Por su parte, la Delegación del Gobierno responsabiliza a los servicios de protección canarios y señala el bajo número de expedientes que se tramita Este es un problema que viene siendo reclamado por el Defensor del Pueblo desde el año 2020. En la actualidad, la administración ya acumula más de un millar de expedientes a la espera de iniciar este proceso. La indocumentación de los menores puede repercutir sobre el reparto de los mismos a otros territorios. Esto se prevé que se empiece a ejecutar en verano y ha sido aprobado gracias a la modificación de la Ley de Extranjería. La ley obligará a que todos los territorios sean solidarios en el reparto y proporcionará mejores condiciones a los menores que hasta el momento se encuentran hacinados en Canarias. Está previsto que todas las comunidades autónomas se reúnan con la Ministra de Infancia, Sira Rego el 28 de abril para así dar a...