La Junta asumirá la responsabilidad civil por el menor tutelado por el apuñalamiento mortal a un joven
La Junta de Andalucía asumirá el pago de la responsabilidad civil en el caso del menor tutelado en un centro de protección por el apuñalamiento mortal de Alejandro Ortega, otro menor de 16 años, en El Arenal el pasado 1 de febrero durante un botellón, según han señalado a ABC fuentes del caso. Este menor que quedó bajo tutela de la Junta -ahora personada en la causa- tras haber sido declarado en desamparo y haber cumplido una condena por violencia doméstica a sus progenitores en un centro de reforma se encuentra internado en un centro terapéutico en régimen cerrado ordenado por la Fiscalía de Menores de Córdoba. Este es uno de los avances de la investigación llevada a cabo por el fiscal de Menores y en la que se analizará si además la Junta de Andalucía -ahora como responsable civil - incurrió en algún ilícito penal durante la tutela de ese menor -que esa noche había escapado del centro de protección-. Hay que recordar que el Ministerio Público hace una semana había solicitado un informe detallado forense del presunto homicida que se encuentra internado y que podría presentar problemas mentales. Y no ha sido la única prueba solicitada por el Ministerio Público para concluir la instrucción de esta causa con la mayor agilidad -podrían llamar a declarar a más testigos- sino que también ha ordenado una diligencia para que el servicio de emergencias refleje exactamente en un registro a qué hora recibieron la llamada al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 y cuánto tardó la ambulancia en llegar al lugar de los hechos, según ha constatado ABC de fuentes de la investigación. Algunos testigos habían apuntado la tardanza de en la llegada de los servicios sanitarios hasta esta zona -a pocos metros de la entrada a El Arenal- donde yacía en el suelo Alejandro y ver si esto pudo ser determinante o no a la hora de que pudiera haber salvado su vida antes de la llegada al Hospital Reina Sofía de Córdoba. A la entrada del recinto ferial a escasos cincuenta metros de la portada, en una zona de descanso con bancos se había desplazado un grupo de jóvenes para celebrar un cumpleaños. Y junto a este grupo de amigos otro en el que se encontraba Alejandro Ortega, juvenil del CD Azahara Guadalquivir y alumno del IES Averroes. Minutos después de las 22.15 horas la tragedia estallaba sobre el albero. La regulación de la responsabilidad civil de los menores se encuentra repartida entre el Código civil y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor donde se recoge de forma explícita «que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda «. »En caso de los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía». En el caso que investiga el Juzgado de Menores , la Junta tenía asumida la tutela del presunto homicida al declararse su s ituación de desamparo tiempo atrás que es «la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material».
La Junta de Andalucía asumirá el pago de la responsabilidad civil en el caso del menor tutelado en un centro de protección por el apuñalamiento mortal de Alejandro Ortega, otro menor de 16 años, en El Arenal el pasado 1 de febrero durante un botellón, según han señalado a ABC fuentes del caso. Este menor que quedó bajo tutela de la Junta -ahora personada en la causa- tras haber sido declarado en desamparo y haber cumplido una condena por violencia doméstica a sus progenitores en un centro de reforma se encuentra internado en un centro terapéutico en régimen cerrado ordenado por la Fiscalía de Menores de Córdoba. Este es uno de los avances de la investigación llevada a cabo por el fiscal de Menores y en la que se analizará si además la Junta de Andalucía -ahora como responsable civil - incurrió en algún ilícito penal durante la tutela de ese menor -que esa noche había escapado del centro de protección-. Hay que recordar que el Ministerio Público hace una semana había solicitado un informe detallado forense del presunto homicida que se encuentra internado y que podría presentar problemas mentales. Y no ha sido la única prueba solicitada por el Ministerio Público para concluir la instrucción de esta causa con la mayor agilidad -podrían llamar a declarar a más testigos- sino que también ha ordenado una diligencia para que el servicio de emergencias refleje exactamente en un registro a qué hora recibieron la llamada al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 y cuánto tardó la ambulancia en llegar al lugar de los hechos, según ha constatado ABC de fuentes de la investigación. Algunos testigos habían apuntado la tardanza de en la llegada de los servicios sanitarios hasta esta zona -a pocos metros de la entrada a El Arenal- donde yacía en el suelo Alejandro y ver si esto pudo ser determinante o no a la hora de que pudiera haber salvado su vida antes de la llegada al Hospital Reina Sofía de Córdoba. A la entrada del recinto ferial a escasos cincuenta metros de la portada, en una zona de descanso con bancos se había desplazado un grupo de jóvenes para celebrar un cumpleaños. Y junto a este grupo de amigos otro en el que se encontraba Alejandro Ortega, juvenil del CD Azahara Guadalquivir y alumno del IES Averroes. Minutos después de las 22.15 horas la tragedia estallaba sobre el albero. La regulación de la responsabilidad civil de los menores se encuentra repartida entre el Código civil y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor donde se recoge de forma explícita «que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda «. »En caso de los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía». En el caso que investiga el Juzgado de Menores , la Junta tenía asumida la tutela del presunto homicida al declararse su s ituación de desamparo tiempo atrás que es «la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material».
