La jueza prohíbe a los menores denunciados por maltratar a un compañero en Santander acercarse a él
Los acusados tampoco podrán comunicarse con él, ni directamente ni a través de terceras personas.
La titular del Juzgado de Menores de Santander ha acordado que los cuatro menores expedientados por supuesto maltrato a Antonio, su compañero con parálisis cerebral del instituto Torres Quevedo, de la capital cántabra, no podrán acercarse ni comunicarse con él.
Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la juez considera una medida proporcional con los hechos, el alejamiento y la prohibición de acercarse al menor para sus cuatro compañeros, que ya no están en ese instituto, ya que sus familias han decidido sacarles del centro tras los hechos denunciados por la madre de la víctima.
La Fiscalía de Cantabria solicitó el pasado viernes, tras conocerse esos hechos el miércoles, la medida cautelar de que los cuatro menores tengan prohibido acercarse, ni comunicarse con su compañero, ni con su familia.
En su resolución, la juez de menores de Santander aplica esa medida cautelar a los cuatro menores expedientados por presuntamente maltratar a su compañero de instituto y les prohíbe acercarse y comunicarse "con él por cualquier medio o a través de terceras personas hasta que recaiga una sentencia firme".
Entiende la magistrada, en el auto que ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que la medida "guarda la necesaria proporcionalidad con los hechos que han motivado la incoación del expediente”.
"De lo hasta ahora instruido y sin ánimo de prejuzgar, se desprende indiciariamente que los mismos (hechos) pudieran tipificarse como delitos de maltrato, trato degradante y delito de odio, de especial gravedad atendida la situación de vulnerabilidad de la víctima, el entorno escolar en el que se producen y demás circunstancias concurrentes", añade la juez en su auto.
La juez pide, además, que se comunique su decisión al instituto santanderino y a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, "debiendo garantizarse en todo caso el derecho a la educación de los menores expedientados", matiza.
