La juez imputa al novio de Ayuso en la investigación impulsada por el PSOE y Más Madrid

La titular del juzgado número 19 de Madrid ha citado en calidad de investigado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el próximo 10 de abril. Inmaculada Iglesias -instructora también de casos como el de Nacho Cano- lo ha llamado a declarar en el marco de la investigación impulsada por la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid, para esclarecer si ha incurrido en la comisión de los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Ésta es una pieza separada a la principal del procedimiento relativo al fraude fiscal.

La magistrada prorrogó 6 meses este proceso, tras las peticiones del Ministerio Fiscal y la acusación popular que representa a PSOE y Más Madrid. También la defensa de González Amador solicitó la prórroga, aunque por motivos diferentes.

La prórroga llega tras las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid, y la propia defensa de González Amador, aunque por motivos diferentes. Para la acusación popular, en este caso ejercida por la izquierda, la continuación de la investigación resulta imprescindible ante los numerosos retrasos acumulados desde la incoación de las diligencias hace un año.

La pareja de Ayuso pasó por los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 24 de febrero, aunque en esa ocasión lo hizo como investigado en la pieza principal. Entonces, González Amador se acogió a su derecho a no declarar para no afectar al recurso a la causa por dos delitos fiscales, hasta que éste no se resolviera.

Los magistrados estimaban que en el presente «momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal».

«Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta», señalaban los jueces.

La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.

Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.