La Fiscalía investiga a una consejera de Cantabria y a su director general por la caza de lobos

La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias de investigación, tras las denuncias de asociaciones ecologistas, a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por la autorización y ejecución de la orden para cazar 41 lobos en la comunidad autónoma.

Fuentes de la Fiscalía han informado de la apertura de esas diligencias tras las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel).

Una vez que se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Desperdicio Alimentario, que incluía la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), el Gobierno cántabro también publicó la resolución de la Dirección General de Biodiversidad que establece, en base al plan regional de gestión de la especie, el cupo de extracciones (41 ejemplares hasta julio de 2026).

Ascel presentó el 7 de abril una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto caso de prevaricación contra Serdio, mientras que Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía de Cantabria tanto al director general como a la consejera.

Ecologistas responsabiliza al director general de haber dictado la resolución por la que se establece el cupo de extracción de 41 ejemplares, antes de que entrara en vigor la salida del lobo del Lespre.

Y cree que ambos políticos podrían también ser responsables de un delito contra la fauna al autorizar la muerte de 41 lobos y el abatimiento de parte de ellos -nueve, según la última cifra facilitada por el Ejecutivo- en un contexto de estado de conservación "desfavorable".

En su denuncia, Ascel argumenta que la resolución se dicta "contra normas generales, fuera de la vigencia del cambio planteado, contra la Ley 42/2007 (del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Tranquilidad en el Gobierno

En unas declaraciones remitidas este jueves a los medios de comunicación, la consejera de Desarrollo Rural ha insistido en un mensaje de tranquilidad porque, sostiene, su departamento está actuando conforme al plan de gestión del lobo en Cantabria.

"Un plan que es perfectamente legal, como así lo ratificó en su momento el Tribunal Supremo", ha recalcado Susinos, quien también ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria denegó las medidas cautelares solicitadas por Ascel, que el miércoles presentó recurso de reposición frente a dicho auto, según han informado este jueves desde la asociación conservacionista.

María Jesús Susinos ha subrayado que el Gobierno de Cantabria va a continuar con su "hoja de ruta marcada desde el primer momento en el que lobo abandonó el Lespre" y también con el control poblacional de la especie.

Según la orden de extracciones publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado día 2 de abril, en 2024 se registraron 2.681 ataques en 2024, 3.233 cabezas de ganado muertas y otras 207 heridas, unos datos que la consejera ve "irrebatibles".

"Queremos coexistir como se ha hecho históricamente y para ello es necesario que continuemos con el tan necesario control poblacional, pero siempre como lo estamos haciendo con la ley en la mano", ha apostillado.