Juan Carlos Peinado: 16 actuaciones estrambóticas de un juez "chusquero"
Hasta abril del 2024 Juan Carlos Peinado García era un perfecto desconocido para los ciudadanos salvo, como se verá, para aquellos que hubieran tenido el infortunio de cruzarse en su camino. De hecho, de su trayectoria profesional, primero como secretario de Ayuntamiento en municipios menores de 5 mil h (1980-1989), después como abogado en un pequeño despacho de Madrid (1989-1993) y, finalmente, como juez por el tercer turno (1994-2025) apenas da para escribir su CV en media cuartilla. Su aparición en escena y consiguiente lanzamiento mediático se produce a partir de una decisión muy calculada como fue solicitar al CGPJ una prórroga de dos años para permanecer en el servicio activo hasta la edad de 72 años (jubilación obligatoria) que se cumplirán el 27 de septiembre 2026. Y es que conviene recordar que apenas tres meses después de aprobarse su prorroga, casualmente o no, por el turno de reparto, decide admitir contra Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno, una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias. Desde entonces hasta hoy su instrucción ha estado salpicada de ruidosas decisiones, la mayoría no motivadas, que ampliadas y jaleadas por sus hooligans mediáticos y parlamentarios le han convertido en un juez excéntrico y no menos esperpéntico. Dentro de la judicatura la Audiencia Provincial de Madrid se ha visto obligada a llamarle la atención acotando primero el perímetro de su investigación y después corrigiéndole algunas decisiones que vulneraban derechos de los investigados. A partir de esta breve descripción del personaje os proponemos repasar 10 actuaciones cronológicamente ordenadas que nos pueden ayudar a entender mejor como puede acabar esta caótica instrucción. Vamos a ello: Aunque, como es natural, son numerosas las causas que podrían merecer atención se han seleccionado las siguientes: 2012. Audiencia Provincial de Madrid. Sección 18 Civil. Sentencia condenándole a pagar 75.366,61€ que debía a la constructora Ruano Zapata SL por unas obras en su chalet de La Ladrada (Ávila) 2019. Siendo ya titular del JI 19 decidió imputar a 12 periodistas por publicar informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los Comités de Defensa de la República (CDR) mientras la causa había sido declarada secreta por el JCI nº 6 de la Audiencia Nacional. Tras recurrir la fiscalía provincial de Madrid en febrero del 2020 archivó las diligencias "por no hallarse en este momento la forma de esclarecer la autoría de unos hechos relevantes penalmente". 2020. Denuncia de un particular contra el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y el concejal Carabante por el cierre de parques de Madrid durante el COVID. Peinado aceptó un recurso del alcalde para que no compareciera presencialmente al estimar que, en ocasiones, una denuncia o una querella contra un personaje público solo busca la foto en la puerta del juzgado: "Debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano (…) ya que podía suponer un inconveniente que en casos de personajes o cargos públicos una citación del juzgado puede comportar una estigmatización adicional...
Hasta abril del 2024 Juan Carlos Peinado García era un perfecto desconocido para los ciudadanos salvo, como se verá, para aquellos que hubieran tenido el infortunio de cruzarse en su camino. De hecho, de su trayectoria profesional, primero como secretario de Ayuntamiento en municipios menores de 5 mil h (1980-1989), después como abogado en un pequeño despacho de Madrid (1989-1993) y, finalmente, como juez por el tercer turno (1994-2025) apenas da para escribir su CV en media cuartilla. Su aparición en escena y consiguiente lanzamiento mediático se produce a partir de una decisión muy calculada como fue solicitar al CGPJ una prórroga de dos años para permanecer en el servicio activo hasta la edad de 72 años (jubilación obligatoria) que se cumplirán el 27 de septiembre 2026. Y es que conviene recordar que apenas tres meses después de aprobarse su prorroga, casualmente o no, por el turno de reparto, decide admitir contra Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno, una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias. Desde entonces hasta hoy su instrucción ha estado salpicada de ruidosas decisiones, la mayoría no motivadas, que ampliadas y jaleadas por sus hooligans mediáticos y parlamentarios le han convertido en un juez excéntrico y no menos esperpéntico. Dentro de la judicatura la Audiencia Provincial de Madrid se ha visto obligada a llamarle la atención acotando primero el perímetro de su investigación y después corrigiéndole algunas decisiones que vulneraban derechos de los investigados. A partir de esta breve descripción del personaje os proponemos repasar 10 actuaciones cronológicamente ordenadas que nos pueden ayudar a entender mejor como puede acabar esta caótica instrucción. Vamos a ello: Aunque, como es natural, son numerosas las causas que podrían merecer atención se han seleccionado las siguientes: 2012. Audiencia Provincial de Madrid. Sección 18 Civil. Sentencia condenándole a pagar 75.366,61€ que debía a la constructora Ruano Zapata SL por unas obras en su chalet de La Ladrada (Ávila) 2019. Siendo ya titular del JI 19 decidió imputar a 12 periodistas por publicar informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los Comités de Defensa de la República (CDR) mientras la causa había sido declarada secreta por el JCI nº 6 de la Audiencia Nacional. Tras recurrir la fiscalía provincial de Madrid en febrero del 2020 archivó las diligencias "por no hallarse en este momento la forma de esclarecer la autoría de unos hechos relevantes penalmente". 2020. Denuncia de un particular contra el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y el concejal Carabante por el cierre de parques de Madrid durante el COVID. Peinado aceptó un recurso del alcalde para que no compareciera presencialmente al estimar que, en ocasiones, una denuncia o una querella contra un personaje público solo busca la foto en la puerta del juzgado: "Debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano (…) ya que podía suponer un inconveniente que en casos de personajes o cargos públicos una citación del juzgado puede comportar una estigmatización adicional...
