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Inquilinos exigen a la Generalitat que retire las demandas de desahucio de los pisos adquiridos a InmoCaixa
Una cincuentena de familias de promociones de vivienda protegida amenazan con una huelga de alquileres contra la entidad financiera para evitar que saque los pisos al mercado libreInquilinos de viviendas de protección oficial en 'huelga' contra el cobro del IBI Los inquilinos de las viviendas compradas por la Generalitat a InmoCaixa en los últimos meses han denunciado este miércoles que todavía tienen demandas de desahucio vigentes. En un acto del Sindicato de Inquilinas de Catalunya en Sitges han exigido al Institut Català del Sòl (Incasòl), el ente público que gestiona ahora las viviendas, que frene los procesos de expulsión. El Govern de Salvador Illa cerró en noviembre la compra de 452 viviendas de la inmobiliaria de CriteriaCaixa para destinarlos a vivienda social, una operación que había dejado casi hecha el anterior Ejecutivo. Entre las fincas adquiridas se incluían algunas que mantenían un pulso con la propiedad que llegó al punto de convertirse en la primera huelga de alquileres en Catalunya, concretamente la localidad de Salou, en Tarragona. Los inquilinos de Salou celebran poder vivir en “pisos protegidos para siempre” y su portavoz, Quica Aguilera, cree que la compra fue una “victoria” colectiva, pero lamenta que a día de hoy “no ha cambiado nada”. Se ha mostrado “preocupada” porque se les garantizó que tendrían nuevos contratos a otro precio, que todavía no se han materializado, “ni tampoco ha habido cambios en las deficiencias del mantenimiento”. Al mismo tiempo, ha reprochado a la Generalitat que no haya detenido las demandas contra los vecinos que no abandonaron los pisos cuando acabó el contrato, a pesar de la Administración se había comprometido a ello, mientras que ha asegurado que los inquilinos “han mantenido escrupulosamente el pago de las cuotas de alquiler”. El acto del Sindicato de Inquilinas celebrado en Sitges ha servido para anunciar que un grupo de 54 familias de cinco promociones de vivienda de protección oficial de InmoCaixa han amenazado con no pagar los alquileres si la propiedad el proceso de venta de los pisos en el mercado libre. Las fincas están en Banyoles, Sitges y Sentmenat. La entidad social defiende la huelga de alquileres como una herramienta efectiva “para detener las expulsiones” que, dice, está promoviendo la inmobiliaria contra todos los inquilinos a los que no les renueva el contrato con intención de poner los pisos a la venta. “La vivienda pública debe salir de las garras de los negocios”, ha afirmado el portavoz Enric Aragonès. Los inquilinos han enviado un ultimátum a la inmobiliaria para exigirle que detenga esta desclasificación de las viviendas y que les permita seguir habitándolas econ un alquiler protegido. En concreto, las familias se coordinaron a principios de marzo para no pagar el recibo del alquiler, y a los cinco días lo ingresaron todas a la vez con una carta a modo de “aviso de coordinación” en la que advertían a la inmobiliaria que, si no detiene las privatizaciones de los pisos, dejarán de pagar el alquiler de forma indefinida. Fuentes de InmoCaixa Criteria consultadas por la agencia ACN han respondido que la compañía actúa en base a “un cumplimiento estricto de la legalidad”. Sostienen que “siempre” buscan “el equilibrio” entre la defensa de su cartera de pisos y la “sensibilidad” de los casos de inquilinos en los que existe una vulnerabilidad económica acreditada y añaden: “Si hay desacuerdos puntuales, InmoCaixa lo gestiona caso a caso y con flexibilidad para encontrar la mejor solución”.
Una cincuentena de familias de promociones de vivienda protegida amenazan con una huelga de alquileres contra la entidad financiera para evitar que saque los pisos al mercado libre
Inquilinos de viviendas de protección oficial en 'huelga' contra el cobro del IBI
Los inquilinos de las viviendas compradas por la Generalitat a InmoCaixa en los últimos meses han denunciado este miércoles que todavía tienen demandas de desahucio vigentes. En un acto del Sindicato de Inquilinas de Catalunya en Sitges han exigido al Institut Català del Sòl (Incasòl), el ente público que gestiona ahora las viviendas, que frene los procesos de expulsión.
El Govern de Salvador Illa cerró en noviembre la compra de 452 viviendas de la inmobiliaria de CriteriaCaixa para destinarlos a vivienda social, una operación que había dejado casi hecha el anterior Ejecutivo. Entre las fincas adquiridas se incluían algunas que mantenían un pulso con la propiedad que llegó al punto de convertirse en la primera huelga de alquileres en Catalunya, concretamente la localidad de Salou, en Tarragona.
Los inquilinos de Salou celebran poder vivir en “pisos protegidos para siempre” y su portavoz, Quica Aguilera, cree que la compra fue una “victoria” colectiva, pero lamenta que a día de hoy “no ha cambiado nada”. Se ha mostrado “preocupada” porque se les garantizó que tendrían nuevos contratos a otro precio, que todavía no se han materializado, “ni tampoco ha habido cambios en las deficiencias del mantenimiento”.
Al mismo tiempo, ha reprochado a la Generalitat que no haya detenido las demandas contra los vecinos que no abandonaron los pisos cuando acabó el contrato, a pesar de la Administración se había comprometido a ello, mientras que ha asegurado que los inquilinos “han mantenido escrupulosamente el pago de las cuotas de alquiler”.
El acto del Sindicato de Inquilinas celebrado en Sitges ha servido para anunciar que un grupo de 54 familias de cinco promociones de vivienda de protección oficial de InmoCaixa han amenazado con no pagar los alquileres si la propiedad el proceso de venta de los pisos en el mercado libre. Las fincas están en Banyoles, Sitges y Sentmenat.
La entidad social defiende la huelga de alquileres como una herramienta efectiva “para detener las expulsiones” que, dice, está promoviendo la inmobiliaria contra todos los inquilinos a los que no les renueva el contrato con intención de poner los pisos a la venta. “La vivienda pública debe salir de las garras de los negocios”, ha afirmado el portavoz Enric Aragonès.
Los inquilinos han enviado un ultimátum a la inmobiliaria para exigirle que detenga esta desclasificación de las viviendas y que les permita seguir habitándolas econ un alquiler protegido. En concreto, las familias se coordinaron a principios de marzo para no pagar el recibo del alquiler, y a los cinco días lo ingresaron todas a la vez con una carta a modo de “aviso de coordinación” en la que advertían a la inmobiliaria que, si no detiene las privatizaciones de los pisos, dejarán de pagar el alquiler de forma indefinida.
Fuentes de InmoCaixa Criteria consultadas por la agencia ACN han respondido que la compañía actúa en base a “un cumplimiento estricto de la legalidad”. Sostienen que “siempre” buscan “el equilibrio” entre la defensa de su cartera de pisos y la “sensibilidad” de los casos de inquilinos en los que existe una vulnerabilidad económica acreditada y añaden: “Si hay desacuerdos puntuales, InmoCaixa lo gestiona caso a caso y con flexibilidad para encontrar la mejor solución”.
