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Fallo Levinas: urge el consenso y la cooperación entre instituciones
El 27 de diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el caso “Ferrari c. Levinas”, el cual en la opinión pública se instaló como “Fallo Levinas” y generó un impacto jurídico e institucional de relevancia. Allí la Corte: (i) declaró que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires es el superior tribunal de las causas que tramitan ante la justicia nacional ordinaria de la CABA y que, por ello, resulta competente para revisar las sentencias dictadas por las Cámaras Nacionales de la Capital; y (ii) exhortó a las autoridades competentes -los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación y de la ciudad- para que adecuen la estructura institucional y normativa necesaria en los términos de la decisión.La sentencia generó una reacción adversa del Poder Judicial nacional -ordinario, no federal- expresado a través de las Cámaras nacionales en lo Civil, del Trabajo, Criminal y Correccional y Comercial, las que de manera concordante resolvieron que no corresponde el recurso de las sentencias de los jueces nacionales ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. También se pronunciaron y efectuaron presentaciones ante la Corte, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.Más recientemente, el 8 de abril último salió publicada en el boletín oficial la resolución 179/2025, dictada por el Ministerio de Justicia de la Nación, la cual establece la creación de una comisión, integrada por representantes de la órbita del Ministerio de Justicia nacional y de la ciudad porteña, para analizar y elaborar propuestas para el traspaso de la justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En ese sentido es importante ratificar que, en el marco de una república democrática con instituciones sólidas, el Poder Judicial representa la última garantía de los derechos fundamentales de las personas, y la Corte Suprema, emplazada como cabeza de dicho poder, tiene como misión asegurar la supremacía constitucional, ser intérprete final de la Constitución Nacional y custodiar los derechos y garantías enunciados en ella.El respeto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación garantiza la seguridad jurídica y, con ello, el fortalecimiento del Estado de Derecho en el sistema democrático. Si bien es posible (en algunos casos excepcionales) apartarse de tales criterios, dicha facultad debe ejercerse de un modo que no altere los alcances institucionales de las decisiones adoptadas ni menoscabe la autoridad del máximo tribunal dentro del orden constitucional.Por otra parte, es preocupante el impacto de esta controversia respecto de los ciudadanos, quienes -frente a las respuestas brindadas por los distintos órganos judiciales implicados- ven afectada su seguridad jurídica y tranquilidad ante un conflicto que requiere una solución inmediata por parte de las autoridades competentes.Es por ello que resulta primordial que las autoridades competentes asuman con entereza y responsabilidad su mandato constitucional, y, sin dilaciones, adopten las medidas necesarias para alcanzar los objetivos trazados por la Constitución: dotar a la ciudad de una autonomía plena, garantizar los derechos de los magistrados, funcionarios y empleados de la justicia nacional y, especialmente, traer certeza y previsibilidad a los justiciables.En conclusión, urge encontrar caminos de consenso que respeten la matriz institucional de los diferentes actores involucrados, tanto dentro del Poder Judicial como en los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En vistas a ello todos los implicados deberían fomentar un proceso colaborativo que permita una solución consensuada, respetuosa de los principios constitucionales y de la plena autonomía de la CABA. Este enfoque de cooperación interinstitucional no solo fortalecerá la confianza pública en nuestras instituciones, sino que también permitirá establecer un marco normativo claro y previsible para el futuro, garantizando la estabilidad jurídica y el respeto a los derechos de los justiciables.Directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral
El 27 de diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el caso “Ferrari c. Levinas”, el cual en la opinión pública se instaló como “Fallo Levinas” y generó un impacto jurídico e institucional de relevancia. Allí la Corte: (i) declaró que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires es el superior tribunal de las causas que tramitan ante la justicia nacional ordinaria de la CABA y que, por ello, resulta competente para revisar las sentencias dictadas por las Cámaras Nacionales de la Capital; y (ii) exhortó a las autoridades competentes -los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación y de la ciudad- para que adecuen la estructura institucional y normativa necesaria en los términos de la decisión.
La sentencia generó una reacción adversa del Poder Judicial nacional -ordinario, no federal- expresado a través de las Cámaras nacionales en lo Civil, del Trabajo, Criminal y Correccional y Comercial, las que de manera concordante resolvieron que no corresponde el recurso de las sentencias de los jueces nacionales ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. También se pronunciaron y efectuaron presentaciones ante la Corte, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Más recientemente, el 8 de abril último salió publicada en el boletín oficial la resolución 179/2025, dictada por el Ministerio de Justicia de la Nación, la cual establece la creación de una comisión, integrada por representantes de la órbita del Ministerio de Justicia nacional y de la ciudad porteña, para analizar y elaborar propuestas para el traspaso de la justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido es importante ratificar que, en el marco de una república democrática con instituciones sólidas, el Poder Judicial representa la última garantía de los derechos fundamentales de las personas, y la Corte Suprema, emplazada como cabeza de dicho poder, tiene como misión asegurar la supremacía constitucional, ser intérprete final de la Constitución Nacional y custodiar los derechos y garantías enunciados en ella.
El respeto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación garantiza la seguridad jurídica y, con ello, el fortalecimiento del Estado de Derecho en el sistema democrático. Si bien es posible (en algunos casos excepcionales) apartarse de tales criterios, dicha facultad debe ejercerse de un modo que no altere los alcances institucionales de las decisiones adoptadas ni menoscabe la autoridad del máximo tribunal dentro del orden constitucional.
Por otra parte, es preocupante el impacto de esta controversia respecto de los ciudadanos, quienes -frente a las respuestas brindadas por los distintos órganos judiciales implicados- ven afectada su seguridad jurídica y tranquilidad ante un conflicto que requiere una solución inmediata por parte de las autoridades competentes.
Es por ello que resulta primordial que las autoridades competentes asuman con entereza y responsabilidad su mandato constitucional, y, sin dilaciones, adopten las medidas necesarias para alcanzar los objetivos trazados por la Constitución: dotar a la ciudad de una autonomía plena, garantizar los derechos de los magistrados, funcionarios y empleados de la justicia nacional y, especialmente, traer certeza y previsibilidad a los justiciables.
En conclusión, urge encontrar caminos de consenso que respeten la matriz institucional de los diferentes actores involucrados, tanto dentro del Poder Judicial como en los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En vistas a ello todos los implicados deberían fomentar un proceso colaborativo que permita una solución consensuada, respetuosa de los principios constitucionales y de la plena autonomía de la CABA. Este enfoque de cooperación interinstitucional no solo fortalecerá la confianza pública en nuestras instituciones, sino que también permitirá establecer un marco normativo claro y previsible para el futuro, garantizando la estabilidad jurídica y el respeto a los derechos de los justiciables.
Directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral
