Expertos reivindican el modelo de los pisos turísticos frente al cierre total que plantea Barcelona

«Los pisos turísticos se están utilizando como falsa cabeza de turco de la crisis de la vivienda y su supresión sería contraproducente y haría resurgir la oferta fraudulenta», han defendido expertos en derecho, sector inmobiliario y economía urbana en la jornada 'La regulación de los pisos turísticos en Barcelona, un modelo pionero y de éxito en riesgo', celebrada el martes 18 de marzo, en el Espacio Bertelsmann de Madrid, y organizada por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). En el transcurso del acto se repasó la ordenación del sector implementada en la ciudad de manera pionera desde hace más de una década, así como la lucha contra los alojamientos turísticos ilegales a través de la colaboración público-privada. En el encuentro se presentaron, además, argumentos para resaltar que esta parte de la actividad económica no es la causa ni la solución de la crisis de la vivienda , uno de los principales argumentos del Ayuntamiento de Barcelona para eliminar en 2028 todas las licencias que en su día otorgó. Como contexto, la Ciudad Condal ha cerrado 10.000 pisos turísticos ilegales desde 2016 con un modelo pionero de regulación y control que la hace diferente al resto de territorios que ahora empiezan a plantearse la ordenación del sector. El modelo de gestión implementado en Barcelona está ahora en riesgo por la decisión del ayuntamiento, cuando desde hace más de diez años las viviendas de uso turístico de Barcelona están limitadas y sujetas a un número de licencia, y su número se ha mantenido estable alrededor de 10.000, sólo el 1% del parque residencial total de la ciudad. «Apartur fue uno de los principales impulsores en 2019 del Servicio Municipal de Convivencia y Turismo de Barcelona, que ofrece asesoramiento y mediación entre vecinos y propietarios o gestores de las viviendas de uso turístico legales», señalan desde la asociación. Y añaden que el sector, conformado en su mayoría por pequeños propietarios, también «invierte continuamente tanto para dar cumplimiento a exigencias normativas, como para dar el mejor servicio a los usuarios, desde medidas de seguridad a sostenibilidad, eficiencia energética y tecnología». Desde Apartur inciden además en que el principal cliente de las viviendas turísticas son las familias, y que la eliminación de esta opción de alojamiento supone dificultar y encarecer las vacaciones de la clase media. Como avanzó Pablo Molina, especialista en Derecho Urbanístico en Garrigues, en la intervención inaugural, «la decisión de eliminar las licencias es empobrecedora y no conlleva ningún resultado positivo». Añadió que «es una renuncia de la administración pública a gestionar el sector de los pisos turísticos y aprovechar su contribución económica y fiscal en favor de los ciudadanos que, además, es probable que haga resurgir de nuevo la oferta ilegal». Por otra parte, según datos del reciente informe de PwC 'El impacto de la eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona', los pisos turísticos en la capital catalana contribuyen con más de 1.900 millones al PIB de Barcelona y generan más de 40.000 puestos de trabajo. Estos pisos suponen el 38% del alojamiento turístico de la ciudad de Barcelona, pero sólo el 1,2% del parque total de vivienda. Sobre esta base, la mesa redonda 'El futuro de la vivienda turística en España y propuestas de acción' reflexionó sobre estos datos, con la participación del presidente y CEO de España y Portugal de Colliers, Mikel Echavarren; Pablo Molina; el director general de inAtlas y experto en economía urbana, Luis Falcón, y el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, que subrayó que «cualquier decisión, para ser eficiente, debe fundamentarse en datos, no en percepciones». A su juicio, el informe de PwC aporta información relevante sobre el potencial impacto de la prohibición de licencias, y añadió: «El Banco de España recomienda que cualquier medida restrictiva sobre la vivienda de uso no residencial debe tener en cuenta una evaluación global de su impacto». Echavarren señaló cómo «la oferta de vivienda turística legal es tan legítima como la de otros negocios que también se desarrollan en pisos, y que ocupan muchos más inmuebles que los de uso turístico». Añadió que «la solución al problema de la vivienda pasa por medidas en positivo con las que incrementar la oferta como rehabilitar edificios de oficinas obsoletos y convertirlos en vivienda, o flexibilizar y dar seguridad jurídica al mercado de la vivienda». Falcón incidió en la importancia de «sacar a las viviendas de uso turístico del centro del grandísimo reto de la vivienda» y apostilló que «hay que ponerlas en valor como actor imprescindible para la competitividad de la ciudad ». De hecho, los participantes en la mesa redonda recordaron el reto que supone atender el incremento de la demanda, puesto que el número de visitantes se ha duplicado en la última década, entre otras razones, por todo tipo de grandes eventos que se organizan en la ciudad. El sector realiza una propuesta de diálogo y reflexión para afrontar el presente y el futuro de las viviendas turísticas, en un entorno, como destacó Alcántara, «que necesita ser legislado a partir de datos y al que contribuimos con medidas como la instalación de sonómetros en más de 6.000 viviendas turísticas, así como el programa weRespect, de promoción y educación sobre convivencia vecinal».