En defensa de la universidad pública

Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por alumno universitario, a pesar de que la renta per cápita regional es un 36,5% superior a la media nacional. La situación de asfixia financiera y la competencia de un número creciente de centros privados (que a menudo no han recibido los requisitos adecuados en materia académica e investigadora), han llevado a la universidad pública madrileña a una situación insostenible.

Por ello, los seis rectores de las universidades públicas madrileñas han reclamado de forma apremiante al Gobierno de Ayuso la financiación necesaria para garantizar el funcionamiento y la calidad necesaria del servicio publico de la educación universitaria.

Madrid cuenta ya con 13 universidades privadas y seis públicas. La última de estas fue inaugurada en 1996. No necesitamos más universidades. Lo que debe hacer el Gobierno de nuestra comunidad es financiar y potenciar las que ya tiene. Grandes universidades con presupuestos exiguos que languidecen por culpa del pasotismo (¿o mala fe?) del Ejecutivo.

Es muy urgente adoptar medidas para acabar con la asfixia económica de los campus públicos: dotarlos de financiación adecuada y necesaria; dignificar la carrera docente del profesorado; reforzar el sistema de becas hasta asegurar que ninguna persona deba renunciar a la enseñanza superior por razones económicas, o instaurar la gratuidad de la primera matrícula son acciones que deberían implementarse cuanto antes.

Además, las universidades públicas deben tener los recursos suficientes para ofertar aquellas titulaciones que en la actualidad imparten en exclusiva los centros privados, para defender así el papel de la universidad publica como motor de desarrollo y de justicia social e investigación. Es imprescindible que desde ya los centros públicos de Madrid cuenten con una financiación sostenible y estable que cubra las necesidades docentes e investigadoras, y que se alcance el objetivo del 1% del PIB.

Erradicar la infrafinanciación es una prioridad para evitar la degradación que hace años que se percibe sin que se ponga ninguna medida para paliar la situación.

La sociedad madrileña no se lo puede permitir.