La fragilidad parlamentaria del Gobierno, con una mayoría de escasa fiabilidad en el Congreso y en minoría en un Senado controlado por el PP, el primer partido de la oposición, se traduce en situaciones inéditas, con conflictos de atribuciones entre las dos sedes de las Cortes Generales que se repiten con una relativa frecuencia. Ahora, tras aprobar la Cámara Baja por primera vez una ley –la de desperdicio alimentario– sin permitir el debate de todas las enmiendas introducidas previamente por la Cámara Alta, el asunto aboca a un doble choque institucional que bien podría terminar dirimiéndose en el Tribunal Constitucional (TC). Las fuentes jurídicas consultadas por ABC, entre las que figuran letrados de las Cortes Generales, penalistas y catedráticos de...
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