El tribunal que condenó a los asesinos de Fernando Báez Sosa juzgará al sospechoso del triple crimen de Chascomús

Hace un año y dos meses, en Chascomús hubo un triple crimen. Diego Reddy, su mujer, María Eugenia Suárez, e Ignacio, el hijo de 12 años de la pareja, fueron ejecutados a sangre fría. El juicio por el múltiple homicidio ya tiene fecha y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, que en 2023 condenó a los jóvenes juzgados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven al que mataron a golpes en Villa Gesell en 2020.

En el banquillo de los acusados estará sentado Francisco Reddy, hijo y hermano de dos de las víctimas. El comienzo del debate está previsto para el 10 de agosto de 2026, el tribunal está integrado por María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, y el Ministerio Público será representado por Juan Manuel Dávila, uno de los fiscales que encabezó la acusación contra los ocho jóvenes condenados a prisión perpetua en el caso Báez Sosa.

“Existen motivos bastantes para sospechar que Francisco Waldemar Reddy ha participado en el hecho investigado”, sostuvo en el requerimiento de elevación a juicio el fiscal de Chascomús Jonatan Robert, a cargo de la investigación.

El triple crimen de Chascomús ocurrió entre las 18 y las 19.30 del 29 de diciembre de 2023 en la estancia situada en Cuartel IV, a diez kilómetros de la ruta 2, sobre el camino conocido como Bajada a Puerta del Diablo.

Según el expediente judicial, Suárez cocinaba cuando el asesino ingresó en la casa destinada a los caseros y le disparó en la nuca a una distancia menor de 25 centímetros. Murió casi en el acto.

Después, el homicida caminó 60 metros y se dirigió hasta el galpón del establecimiento rural, donde baleó y golpeó a su hermano Ignacio, de 12, quien también falleció. La tercera víctima, Diego Reddy, el padre del sospechoso, intentó escapar y corrió a campo traviesa. Pero no pudo salvarse. Instintivamente, ante el primer disparo, quiso protegerse con el brazo izquierdo. Ya herido, también fue ejecutado en la nuca.

Con el correr de las horas y para desviar la investigación, el sospechoso, que hasta su detención cumplía funciones en la sede La Plata de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía bonaerense, simuló que su padre había sido víctima de un secuestro y que por su liberación los captores exigían 7.000.000 de pesos.

Las llamadas extorsivas que Reddy, dijo haber recibido, nunca existieron. Además, un compañero del sospechoso declaró que el sindicado homicida le pidió que lo llamara por teléfono y le pidiera dinero.

En el citado requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Robert sostuvo que el sospechoso intentó generar una “coartada” para simular el secuestro de su padre. El cuerpo de Diego Reddy fue encontrado 48 horas después de que se cometiera el triple crimen.

La hipótesis es que detrás del múltiple homicidio hubo una cuestión económica. Las pruebas reunidas durante la investigación robustecen la línea investigativa.

Un día antes de matar a su padre, a su hermano y a Suárez, Francisco Reddy vendió 20 vacas “en negro” y a mitad de precio de mercado: 3.400.000 pesos.

“El imputado, horas antes del hecho, llevó adelante operaciones comerciales que implicaban un menoscabo patrimonial de quien en vida fuera su padre”, afirmó el fiscal al pedir el juicio para el sospechoso.

Las vacas eran parte de la hacienda que Diego Reddy tenía en un campo familiar situado en el denominado Triángulo de las Bermudas, en el límite entre Pila, Ayacucho y General Guido.

La operación, según declaró el comprador, se pactó entre el 10 y 12 de diciembre pasado, pero recién se concretó un día antes del triple crimen.

“La sospecha es que Francisco Reddy concretó el plan criminal antes de que su padre fuera a controlar la hacienda”, había dicho a LA NACION una fuente de la investigación tras la detención del imputado El sospechoso había vendido dos vacas raza Aberdeen Angus coloradas y 18 Aberdeen Angus negras.

El día del crimen, en horas del mediodía, el sospechoso compró una camioneta Chevrolet S-10 doble cabina blanca del año 2008. Al vendedor le entregó Suzuki Fun y, por la diferencia, le prometió entregar cinco vacas.

La operación de compra de la camioneta fue una prueba clave contra el sospechoso. Según las declaraciones de los testigos, la tarde del triple crimen en la estancia Los Pinos, una persona llegó en una camioneta Chevrolet S-10 doble cabina blanca.

“De la declaración testimonial prestada por el efectivo policial Saúl Barroso se desprende que de la observación de las imágenes de la cámara de seguridad situada en el camino que conduce a la estancia Los Pinos se aprecia en tres momentos el paso de una camioneta marca Chevrolet modelo S-10 doble cabina blanca. Dicha camioneta resulta ser en la cual se movilizaba el imputado”, según se desprende del expediente judicial.

En esa camioneta, la policía bonaerense encontró una carabina calibre 22. Un familiar del sospechoso que declaró como testigo afirmó que el día del triple crimen le había prestado a Francisco Reddy un arma de esas características.

“De las constancias antes incorporadas se desprende que el calibre del arma de fuego incautada de la camioneta del imputado se corresponde con las vainas servidas secuestradas en la escena del triple homicidio y con las heridas que quedaron plasmadas en las respectivas operaciones de autopsia”, había sostenido el fiscal Robert cuando pidió la prisión preventiva del sospechoso.

El imputado no solo intentó desviar la investigación con el supuesto secuestro extorsivo de su padre. También le echó la culpa del triple crimen a otras personas.

Así consta en el expediente. Cuando Facundo Urruspil llegó al velatorio de su madre [[María Eugenia Suárez] le preguntó a Francisco Reddy qué había pasado en la estancia Los Pinos, escenario de la masacre. La respuesta del joven, que todavía no estaba en el radar de los investigadores, fue la siguiente: “Para mí fue el administrador”.

Francisco Reddy será juzgado por el delito de homicidio calificado por alevosía en concurso real por homicidio en concurso real por homicidio calificado por el vínculo.