El PP alerta en Bruselas de que Sánchez "atenta contra la independencia judicial" a causa de la 'ley Begoña'

Las últimas normativas que prevé aprobar el Gobierno han llegado, de nuevo, a Bruselas. La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha debatido este martes dos peticiones relacionadas "con las restricciones impuestas por el Gobierno de España a la acción popular". Las peticiones denuncian la "nula independencia del fiscal general, quien actualmente está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos", explicaron desde el Partido Popular. En este sentido, la eurodiputada PP y coordinadora de la comisión de Peticiones del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Alma Ezcurra, ha alertado sobre las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez que, según ha denunciado, "limitan la figura de la acusación popular y ponen en duda la independencia judicial y la libertad de prensa en España", en referencia, entre otras a la ley Begoña.

Ezcurra repasó la situación judicial de varios miembros del Gobierno y personas cercanas al presidente Pedro Sánchez. Por un lado, en el círculo más personal "con la imputación de su mujer y su hermano, ambos investigados por tráfico de influencias". Por otro lado, dentro del Partido Socialista, con la imputación de José Luis Ábalos, el que fuera secretario de Organización del PSOE y exministro de Pedro Sánchez y algunos de sus colaboradores de mayor confianza, recalcaron desde las filas populares.

Alma Ezcurra subrayó que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía “ha solicitado, para sorpresa de nadie, el archivo de las investigaciones”. Una solicitud que no ha sido posible gracias a la “acción popular” en España, una herramienta legal “que permite a los ciudadanos impulsar la Justicia”, sobre todo, cuando las instituciones no lo hacen, “o tienen otras prioridades”.

En este sentido, Ezcurra alertó de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha registrado una ley que busca eliminar esta figura, lo que permitiría un mayor control gubernamental sobre el sistema judicial. Como resultado, añadió, esta reforma dejaría al Gobierno "protegido, seguro e impune", consolidando un sistema judicial totalmente subordinado al poder ejecutivo.

La eurodiputada española también denunció los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de controlar la libertad de prensa en España. Según explicó, además de utilizar la televisión pública como herramienta de propaganda, el Gobierno "ha amenazado a empresarios para influir en el accionariado de medios de comunicación" que no se alinean con su línea política. “Esto no lo digo yo, lo dice la prensa francesa”, señaló Ezcurra, subrayando cómo la independencia de los medios está siendo socavada.

A esta maniobra se añade la aprobación de lo que la eurodiputada llamó la “ley de impunidad”, que restringiría las querellas contra políticos basadas en informaciones periodísticas. Asimismo, Ezcurra alertó sobre la mala interpretación de una directiva europea, que originalmente protege a los periodistas de litigios abusivos, para convertirla en un "escudo de los poderosos". “La norma que resguarda a los valientes trata de ser convertida en un instrumento para proteger a los poderosos”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamamiento a la acción a la Comisión Europea y a todos los parlamentarios, advirtiendo que Europa tiene dos opciones: “Proteger la democracia que fundó nuestra Unión o ser cómplices de su propio desmantelamiento”. Ezcurra concluyó con una reflexión instando a Europa a dejar de mirar hacia otro lado. Y es que el Ejecutivo comunitario respondió a los peticionarios que durante su visita a España en mayo para realizar el informe de Estado de Derecho estudiarán de cerca esta reforma, y así poder plasmar sus conclusiones y recomendaciones en este.