El PP advierte a Mónica García que irá a la justicia si no se trata la ampliación de plazas en Primaria

Las comunidades autónomas del PP no descartan acudir a la vía judicial si el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) no trata la ampliación de plazas de formación de Medicina Familiar y Comunitaria, un punto que no se ha incluido en el orden del día aunque sí se ha establecido uno respecto a cuál va a ser el modo de financiación.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han manifestado que se debe resolver la falta de médicos de familia en diversas regiones y no se ha incluido en el orden del día de la próxima reunión del CISNS, a pesar de que sí se ha establecido un punto relacionado con la financiación de los recursos sanitarios. La situación ha generado un clima de tensión entre las administraciones autonómicas y la ministra de Sanidad, Mónica García, que podrían verse enfrentadas si no se avanza en este tema fundamental para el sistema de salud.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, en declaraciones a los medios momentos antes de celebrarse la reunión del CISNS, donde ha lamentado que en orden del día de esta reunión falta este punto sobre la medicina familiar y comunitaria.

En este sentido, ha recordado que las comunidades autónomas del PP escribieron el pasado 6 de marzo a la ministra de Sanidad, Mónica García, solicitándole una convocatoria extraordinaria del CISNS para tratar este asunto, «lo cual nos obliga a decir que la ministra no cumple lo que dice el artículo 13 del reglamento del Consejo Interterritorial».

«Es lamentable, pero es así. Porque ese artículo no deja que sea optativo lo que piden las comunidades, sino que es imperativo. Y o viene en un pleno extraordinario, aceptamos que podía ser en este pleno, o viene en un pleno ordinario metiendo los puntos que nosotros hemos pedido», ha sostenido.

Ello le ha llevado a decir que los ‘populares’ se van a ver obligados a utilizar «todas aquellas medidas administrativas» para que se cumpla el reglamento del Pleno del Consejo Interterritorial, a lo que ha añadido, a preguntas de los medios, que llegarán incluso a «medidas judiciales a nivel contencioso-administrativo».

Plan de salud mental

En otro orden de cosas, Vázquez Ramos se ha referido al Plan de Salud Mental que se va a tratar en el Consejo Inteterritorial que ya fue rechazado en la reunión del pasado 14 de febrero. «En aquel momento adujimos que ese plan no contaba con el aval de las sociedades científicas de la materia», ha añadido.

Bajo su punto de vista, «es imposible» pretender poner en marcha un plan de acción si «realmente» no cuenta con el aval de las sociedades científicas, por lo que ha visto necesario «volver a tener consenso, diálogo y coordinación para sacar adelante un plan tan importante».

Ante la cifra de 39 millones de euros que se baraja para financiar este plan, el consejero de Sanidad de Castilla y León lo ha visto «insuficiente», teniendo en cuenta que en su comunidad autónoma se gastan más de 400 millones de euros en este fin, por lo que ha abogado por negociar «esas cifras».