El PP acusa al Gobierno de "mercadear" con los menores inmigrantes y exige financiar su acogida

Ya hay respuesta del PP al acuerdo del Gobierno con Junts para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería que obligará a las comunidades a acoger a los menores migrantes de los territorios saturados. Los de Génova han mostrado su rechazo al decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros, el cual consideran que rompe "el modelo de convivencia" y reparte a los menores extranjeros "como si fueran paquetería". Los 'populares' —cuyos votos ya no serán determinantes para convalidar la iniciativa en el Congreso— han sido tajantes: se negarán a acoger a esos niños y adolescentes migrantes si el Estado no asegura unas "garantías".

"Lo que ha pactado el Gobierno es que le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña, que es lo único que les preocupa, al parecer. El Gobierno de Sánchez ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad y eso es cruel", ha recriminado el portavoz del Parido Popular, Miguel Tellado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso. Se refería Tellado a la parte de la reforma en la que se fijan unos criterios de distribución, como el "esfuerzo previo" en la acogida de cada autonomía, y que, según calcula Junts, hará que Cataluña apenas tenga que acoger a unos 30 menores, frente a los más de 700 que tendría que recibir Madrid.

Tras reprochar al Ejecutivo que haya pactado una política de fronteras "a la carta para los independentistas catalanes" —por el acuerdo de delegación de competencias migratorias a Cataluña—, el portavoz ha afeado que ahora se vaya a establecer "una política de reparto de inmigrantes a la carta". Así, ha avanzado, lo que harán las comunidades gobernadas por el PP será "negarse a acoger" a los en torno a 4.400 menores de Canarias y Ceuta, si no tienen capacidad para alojarlos "con respeto y garantías". "Son personas a atender, no son paquetes a recepcionar", ha advertido. En ese sentido, ha insistido en que si el Gobierno "no pone medios ni financia la acogida de estos menores", las autonomías del Partido Popular "no podrán colaborar".

Con todo, Tellado ha asegurado que harán una "lectura atenta" de la iniciativa, según la cual todas las comunidades autónomas del país tienen hasta el 31 de marzo para trasladar al Gobierno central el número de menores migrantes no acompañados que tutelan actualmente. En función de ese número se establecerá el límite de capacidad que tiene cada autonomía y a cuántos niños y jóvenes extranjeros deben acoger según los criterios ponderados. Preguntado por si incumplirían la ley en caso de que este decreto se convalide en el Congreso, el portavoz ha pedido prudencia y ha asegurado que, en cualquier caso, no hay "ninguna comunidad autónoma del Partido Popular que incumpla la ley nunca". "Cuando conozcamos el Real Decreto, marcaremos cuál es la línea de acción del PP para oponernos a él", ha zanjado.

También la secretaria de Estado del PP, Cuca Gamarra, se ha pronunciado al respecto y en una rueda de prensa desde Aragón, ha denunciado que el Ejecutivo excluya a Cataluña de esa reubicación —porque, dice, "20 menores no acompañados de 4.000 y nada es lo mismo—, y le ha acusado de romper el modelo de convivencia a merced de Carles Puigdemont. Según Gamarra, la emergencia migratoria que sufre España desde hace meses no puede solucionarse por la vía de un real decreto que, reprocha, reparte a los menores "como si fueran paquetería". "Este no es el camino", ha reiterado.

Tras defender las "políticas de retorno" de inmigrantes ilegales que ya se están aprobando en varios países de la Unión Europea, la 'popular' ha advertido de que hay muchas comunidades autónomas que ahora mismo no disponen de más recursos para atender a migrantes. Ha recordado, en ese sentido, que en un acuerdo suscrito por Alberto Núñez Feijóo y el dirigente canario, Fernando Clavijo, se abogó por obligar al Estado a hacerse cargo de las situaciones "de saturación", y habilitando nuevas instalaciones para la acogida. Ahora, y según el decreto ley, el Ejecutivo costeará con una bolsa de 100 millones de euros únicamente los traslados.