El ICO estudia la construcción de 27.000 viviendas de alquiler asequible con los créditos para promotores del Gobierno

Los préstamos estatales para la construcción de viviendas de alquiler asequible han despertado el 'apetito' de los promotores. Son ya 27.000 los pisos cuya edificación está estudiando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) bajo esta línea de financiación puesta en marcha a finales de julio por el Gobierno y dotada con 4.000 millones de euros. Así lo ha señalado este lunes el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, que ha actualizado el dato en un foro monográfico sobre el acceso a la vivienda organizado por la consultora EY.

Estas solicitudes se encuentran en distintas fases de estudio, según ha explicado Lucas, que ha apuntado que son casi 7.000 las que ya han sido aprobadas por parte del ICO. El secretario de Estado ha puesto en valor esta línea de financiación, que ha asegurado que "está siendo un instrumento muy valioso, muy eficaz y muy importante para dar un impulso a la construcción de vivienda social y asequible" a través de la banca pública. "En los últimos 35 años, el ICO había financiado 20.000 viviendas. Solo desde el año pasado ya hay 27.000 en estudio", ha destacado.

El volumen de proyectos presentados por promotores y constructores para acceder a financiación pública equivale a casi dos terceras partes de las 43.000 viviendas que el Gobierno prevé impulsar a través de esta línea de crédito. El ICO y los ministerios de Economía y Vivienda firmaron hace siete meses y medio los correspondientes convenios para movilizar 4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ampliación del parque de vivienda, unos préstamos respaldados por otros 2.000 millones adicionales en forma de avales públicos como garantía de hasta el 50% de los créditos.

Los inmuebles construidos a través de estas ayudas deben ser viviendas destinadas a alquiler social o asequible —o estar cedidas para su uso— durante un periodo mínimo de 50 años. Además, los proyectos financiados tienen que finalizarse en un plazo de entre cuatro y ocho años —prorrogables hasta otros cuatro más—, en función de si se trata de rehabilitación u obra nueva. Estas ayudas se pueden solicitar hasta el 1 de junio de 2026, pudiendo acogerse a ellas operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2022.

Lucas ha celebrado la buena acogida de préstamos ICO por parte del sector privado y ha señalado que son un ejemplo de que las política impulsadas por el Gobierno "empiezan a producir cambios de manera estructural". "Estamos convencidos de que en los próximos años seremos capaces de poner cimientos para garantizar el derecho constitucional a la vivienda", ha expresado, recalcando la necesidad de ampliar el parque público de vivienda. Para avanzar hacia ese objetivo, ha insistido en que todas aquellas viviendas que sean impulsadas con dinero estatal "tendrán que garantizar la permanencia en su protección".

El número dos de Vivienda ha asegurado que el número de pisos en alquiler a precios asequibles ha aumentado un 33% en España desde 2019. De este modo, en los últimos cinco años se habrían sumado 162.000 inmuebles de este tipo, hasta alcanzar un total de 614.000. En consecuencia, el parque público de vivienda asequible habría crecido desde representar el 2,5% del total hasta alcanzar el 3,4%, todavía lejos del 8% en el que se sitúa la media europea.

En el horizonte más inmediato del Ministerio de Vivienda, el secretario de Estado ha señalado la intención de presentar "antes de Semana Santa" el PERTE anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mediados de enero para impulsar y modernizar el sector de la construcción. "Significa un gran entendimiento con el sector para posibilitar una agilización de procesos constructivos que conlleva más eficiencia energética, seguridad laboral, menos costes productivos y que las viviendas estén antes", ha explicado, recordando que el epicentro se ubicará en Valencia para reactivar el tejido empresarial tras la DANA y apuntando a la necesidad de facilitar el acceso a financiación cuando se produce en fábrica.

Lucas también ha explicado que el ministerio está trabajando en la transposición de la directiva europea sobre eficiencia energética y ha señalado como prioritaria la rehabilitación de viviendas. "Hasta ahora toda la política de rehabilitación se había centrado en los fondos Next Generation, que terminan en 2026 y lo lógico es en el Plan Estatal de Vivienda recuperarla. Tiene que ser un elemento fundamental", ha afirmado. El departamento de Isabel Rodríguez ha empezado ya a elaborar la que será la hoja de ruta en este ámbito a partir del año que viene, un plan que el secretario de Estado ha asegurado que será fruto de la colaboración con las comunidades y que incluirá ayudas para quienes más dificultades tienen para acceder a un techo.

En el plano político, el secretario de Estado ha lamentado el reciente rechazo del Congreso a la tramitación de la ley del suelo y ha acusado al PP de "incongruencia" por haber votado en contra. Lucas también ha defendido la ley estatal de vivienda, que ha calificado como una norma "joven" y en la que todavía hay que "profundizar", al mismo tiempo que ha instado a las comunidades autónomas a declarar zonas tensionadas en su territorio para tratar de atajar la crisis habitacional.