El Gobierno pasa a la ofensiva institucional contra Mazón con las políticas climáticas y de inmigración

El Gobierno ha tardado exactamente 24 horas en dar una respuesta a Carlos Mazón desde el Consejo de Ministros. El presidente de la Generalitat valenciana, acorralado políticamente y con un futuro judicial incierto por su gestión de la Dana, encontró una vía de escape en el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox, un pacto mediante el cual asume las principales líneas ideológicas de la ultraderecha en materias como las políticas migratorias o la lucha contra el cambio climático. Su calificación del Pacto Verde europeo como “dogmatismo climático” y su pulso con la inmigración al Ejecutivo de Pedro Sánchez han provocado la reacción inmediata de la Moncloa, que llegó a alterar el orden del día del Consejo de Ministros por el desbloqueo de la reforma de ley de Extranjería y presentó en la comparecencia posterior a la vicepresidenta tercera y al titular de Política Territorial, las dos carteras afectadas por la declaración de intenciones de Mazón en su acuerdo con la extrema derecha.

A primera hora del miércoles lo primero que hizo el Gobierno fue confirmar lo que se había precipitado a anunciar Junts: que después de más de un año de negociación y de un primer rechazo parlamentario, había por fin acuerdo para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería respecto al sistema de acogida obligatoria de menores migrantes no acompañados por parte de las Comunidades Autónomas. “Es un hito en la defensa de los derechos humanos. Hay urgencia y hay necesidad. Y se trata de un acuerdo que plantea una solidaridad equitativa”, defendió el ministro Ángel Víctor Torres sobre el acuerdo.

La víspera, en un discurso que llegó a alabar en sus redes sociales Santiago Abascal, el presidente valenciano había recurrido a la estigmatización y el señalamiento de las personas migrantes de las que hace gala la ultraderecha. “La Comunitat Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el presidente Sánchez. Buscaremos fórmulas legales para que los menores no acompañados puedan volver con sus familias”, proclamó. Y llegó a dar un paso más al exigir datos sobre la nacionalidad de los detenidos por pillaje en los primeros días tras la riada, vinculando inmigración y delincuencia.

Preguntado por la declaración de intenciones de Mazón y también por la amenaza de la Comunidad de la Madrid de llevar el decreto al Constitucional, el ministro Torres llamó al cumplimiento de la norma e incluso dejó la puerta abierta a un choque institucional en los juzgados. “Estamos ante un Real Decreto Ley que, por tanto, tiene normativa de ley y es de obligado cumplimiento. Esperemos que esto no nos lleve a que tengamos conflictos de carácter jurídico”, advirtió.

Torres se preguntó “la razón de carácter humanitario” que esgrimen presidentes autonómicos del PP “para negarse a acoger a menores no acompañados aunque les demos la posibilidad de certificar si están o no saturados”. Y les pidió “una reflexión” antes de llevar demasiado lejos sus políticas antimigratorias. “Quizás hay que pedirles a esos presidentes que visiten los centros donde están hacinados esas chicas y esos chicos porque igual cambiarían de opinión. Lamento esas afirmaciones y les pido que reflexionen en defensa de las personas vulnerables”.

“Estaremos vigilantes”

En unos términos muy parecidos discurrió la comparecencia ante los medios de comunicación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica tras el Consejo de Ministros. El otro flanco al que apuntó Mazón con su acuerdo presupuestario fue el de las políticas contra el cambio climático, a las que también declaró la guerra. Y el Gobierno decidió que fuera la responsable de Transición Ecológica Sara Aagesen quien saliera a combatir “el mensaje negacionista” del líder valenciano.

“El cambio climático nos ha mostrado su peor cara en la Dana. Decimos a los españoles y a los valencianos que no vamos a permitir pasos atrás en la agenda verde, que vamos a estar vigilantes” afirmó Aagesen. La responsable de Transición Ecológica aseguró que la sociedad española “no es negacionista” y que por eso pide “que los gobiernos hagamos más, no menos”. “Ir contra el pacto verde va contra la seguridad de los ciudadanos”, añadió antes de arremeter de manera explícita contra el presidente valenciano. “El cambio climático no es dogmatismo, es ciencia. Que el señor Mazón abrace el negacionismo precisamente en Valencia nos parece especialmente grave. Y lo utiliza para desviar la atención de una mala gestión, de una alerta que no llegó a tiempo”. “Para firmar ese pacto de la vergüenza solo hace falta una cosa: tener muy poca vergüenza”, remató la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Aunque tanto Ángel Víctor Torres como Sara Ageesen dejaron la puerta abierta a un choque institucional con la Generalitat, en Moncloa esperan no tener que llegar a los tribunales. “Esa es una pantalla prematura, no estamos ahí y ojalá que no lleguemos. Dependerá de los lejos que lleguen, pero está claro que tienen que cumplir la ley”, apuntan fuentes del Ejecutivo, donde recuerdan que sí se han producido ya choques de ese tipo con otras administraciones gobernadas por el PP como los casos de Castilla y León, Aragón o la propia Comunitat Valenciana.

Reparto obligatorio

Después de meses de negociaciones con distintas formaciones y un intento fallido de tramitación parlamentaria, el Gobierno ha aprobado por decreto la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que crea un sistema de reparto obligatorio de menores migrantes, tras el acuerdo alcanzado con Junts. La modificación normativa permite que, en caso del desborde del número de plazas de acogida, cualquier comunidad pueda solicitar el traslado de parte de los chavales a otros territorios. El mecanismo se aplicará por primera vez en 2025 para redistribuir a aproximadamente 4.400 niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta, las autonomías que actualmente cumplen con los requisitos para activar la reubicación. 

Durante las negociaciones con Junts, los independentistas solicitaban en un primer momento como condición para apoyar la reforma que Catalunya no tuviese que recibir a ninguno de los menores trasladados, apelando al aumento del número de plazas que el sistema de acogida catalán ha desplegado para atender a niños migrantes. Finalmente, la fórmula utilizada por el Ejecutivo central da un peso importante a lo que denomina “esfuerzo de acogida” previo al reparto, pero eso en principio no se traducirá en que la Generalitat no reciba a ninguno de los chavales redistribuidos. 

Aunque todavía no está confirmado el cupo de traslados que corresponderá a cada comunidad autónoma, los cálculos provisionales realizados por el Ministerio de Infancia apuntan a que las regiones que más menores acogen actualmente, entre las que se encuentran Catalunya, Baleares y Euskadi, serán las que menos chavales recibirán en el próximo reparto, con 27, 58 y 87 traslados respectivamente. Mientras que a la Comunidad de Madrid (806) y Andalucía (796), llegarán el mayor número de chavales con el nuevo plan de redistribución.