El Gobierno modificará el Código Penal para penalizar los montajes con IA que afectan a menores
El Gobierno tiene previsto aprobar una ley orgánica para la protección de los menores en el entorno digital. La norma tiene por objetivo la protección de los menores de edad frente a posibles amenazas digitales como son las falsificaciones de identidad o la manipulación de imagen y voz. Este tipo de estrategias son utilizadas en muchos casos por depredadores sexuales para engañar a los menores. Su votación se producirá en el Consejo de Ministros del martes, según lo ha avanzado El País. La ley, que modificará algunos artículos del código penal y agravará este tipo de conductas, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea y se espera que quede aprobada antes de verano. Su redacción se produjo a partir de los informes aportados por distintos organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. Uno de los objetivos es "adaptarse a las nuevas formas de criminalidad" para poder "ejercer una protección eficaz frente a los nuevos delitos tecnológicos". Algunos de los cambios que se recogerán en el Código Penal abordan temas como el de las "ultrafalsificaciones", más conocidas como deepfakes. Esta práctica consiste en la modificación de la imagen y la voz para que resulten lo más realistas posibles. El desarrollo de la Inteligencia Artificial ha permitido imitar una voz para poder falsificarla, lo mismo ha ocurrido con las imágenes. Para penalizar estas prácticas se ha incorporado un nuevo artículo, el 173 bis. Este, según recoge el proyecto de ley, sanciona "a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias". La norma regula también otras conductas como la creación de una identidad falsa en las redes sociales, práctica que también se conoce con el nombre de grooming. En concreto controla la falsificación de la identidad cuando se produce con la intención de cometer un delito de carácter sexual. Son muchas las personas que crean perfiles en las redes sociales y mienten en cuestiones relativas a la edad, el sexo u otras condiciones. Para penalizar este tipo de conductas se han añadido diferentes tipos agravados en los artículos 181, 182, 183, 185, 186, 188 y 189 del Código Penal. Esta modificación ha sido impulsada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Otra de las modificaciones penaliza a los delincuentes con la prohibición en el uso de los entornos virtuales. En concreto, se modifican los artículos 33, 39, 40, 45, 48, 56, 70 y 83 del Código Penal para añadir la "pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro...
El Gobierno tiene previsto aprobar una ley orgánica para la protección de los menores en el entorno digital. La norma tiene por objetivo la protección de los menores de edad frente a posibles amenazas digitales como son las falsificaciones de identidad o la manipulación de imagen y voz. Este tipo de estrategias son utilizadas en muchos casos por depredadores sexuales para engañar a los menores. Su votación se producirá en el Consejo de Ministros del martes, según lo ha avanzado El País. La ley, que modificará algunos artículos del código penal y agravará este tipo de conductas, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea y se espera que quede aprobada antes de verano. Su redacción se produjo a partir de los informes aportados por distintos organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. Uno de los objetivos es "adaptarse a las nuevas formas de criminalidad" para poder "ejercer una protección eficaz frente a los nuevos delitos tecnológicos". Algunos de los cambios que se recogerán en el Código Penal abordan temas como el de las "ultrafalsificaciones", más conocidas como deepfakes. Esta práctica consiste en la modificación de la imagen y la voz para que resulten lo más realistas posibles. El desarrollo de la Inteligencia Artificial ha permitido imitar una voz para poder falsificarla, lo mismo ha ocurrido con las imágenes. Para penalizar estas prácticas se ha incorporado un nuevo artículo, el 173 bis. Este, según recoge el proyecto de ley, sanciona "a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias". La norma regula también otras conductas como la creación de una identidad falsa en las redes sociales, práctica que también se conoce con el nombre de grooming. En concreto controla la falsificación de la identidad cuando se produce con la intención de cometer un delito de carácter sexual. Son muchas las personas que crean perfiles en las redes sociales y mienten en cuestiones relativas a la edad, el sexo u otras condiciones. Para penalizar este tipo de conductas se han añadido diferentes tipos agravados en los artículos 181, 182, 183, 185, 186, 188 y 189 del Código Penal. Esta modificación ha sido impulsada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Otra de las modificaciones penaliza a los delincuentes con la prohibición en el uso de los entornos virtuales. En concreto, se modifican los artículos 33, 39, 40, 45, 48, 56, 70 y 83 del Código Penal para añadir la "pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro...
