El Gobierno sigue ratificando la represión policial de la protesta de jubilados del último miércoles y alega que durante la movilización hubo supuestos grupos de barras bravas que actuaron de manera “premeditada”. La denuncia que radicó este viernes el Ministerio de Seguridad alude a la participación en la marcha de presuntas agrupaciones de Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago y Los Andes.

Esta hipótesis oficial ahora deberá ser investigada por la justicia federal de Comodoro Py. Pero, aún cuando esa pesquisa todavía no avanzó, el Poder Ejecutivo está decidido a avanzar contra las agrupaciones de los clubes y está acelerando un proyecto de ley “anti barras” que, como punto central, equipara a las barras bravas con una asociación ilícita simplificada. La iniciativa es promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien Javier Milei reivindicó hoy en ExpoAgro a pesar de los cuestionamientos al accionar policial del miércoles.

Según pudo saber LA NACION, ya hay un boceto preliminar del proyecto que quiere impulsar Bullrich y en las últimas horas hubo reuniones en la Casa Rosada con funcionarios de alto nivel y colaboradores de la ministra para darle forma a la iniciativa, que cuenta con aval presidencial.

Actualmente está vigente la Ley N 23.184 (contra la Violencia en Espectáculos Deportivos) que aplica penas más severas a las personas que cometan delitos en ocasión de un evento dentro del estadio, en sus inmediaciones o durante los traslados previos y posteriores.

Si bien todavía se debe consolidar su letra chica, el punto central del proyecto de Bullrich es el que califica a las barras bravas como un tipo especial de asociación ilícita. Ya hubo en el pasado barras de clubes importantes que fueron investigadas como asociaciones ilícitas en distintas causas judiciales. La novedad, entonces, sería la de clarificar vía ley la tipificación para que sea más fácil investigar a las cabezas de las organizaciones.

Eso permitiría agravar las penas que se apliquen en sintonía con el Código Penal, donde se prevé para las asociaciones ilícitas de cinco hasta 20 años de prisión.

El borrador de la nueva iniciativa oficial alude, además, a “todos los negocios que rodean a la actividad de las barras bravas”. Esto buscaría investigar y penalizar, según las fuentes oficiales, a los trapitos que se encuentran en las inmediaciones de los estadios, aún cuando pidan dinero a voluntad.

El proyecto de ley de Bullrich también apunta a castigar a las autoridades del club que faciliten entradas a las barras y a los organizadores del encuentro deportivo -en otras palabras, los dirigentes- que habiliten el ingreso a los estadios de armas frías o armas de fuego violando los controles de seguridad.

Régimen de Inhabilitación

Entre las ideas que tiene la ministra está la de incorporar al proyecto de ley un régimen de inhabilitación que impida ingresar a los estadios a las personas imputadas en alguna causa. En caso de los condenados, se aplicaría la restricción de concurrencia administrativa por tiempo indeterminado. En rigor, ya existe desde la gestión de Mauricio Macri el Programa Tribuna Segura con un régimen administrativo que impide ingresar a la cancha a quienes cometan hechos violentos. Se verá si esto ahora toma forma de ley.

Esta semana, de cara a la marcha de los jubilados, el Gobierno ya avanzó en esta agenda: promulgó una resolución en el Boletín Oficial que impide el ingreso a eventos deportivos a toda persona que pueda “generar un riesgo para la seguridad pública” considerando, no sólo las alteraciones del orden que ocurran en las inmediaciones de un estadio de fútbol, sino también a las que se registren en otras manifestaciones públicas que no estén vinculadas a lo deportivo, como una protesta contra el Gobierno.

Hoy, Milei reivindicó a Bullrich pese a los reclamos de la oposición y a que la jueza porteña, Karina Andrade, resaltó los déficits del accionar policial con los detenidos la noche de la protesta de los jubilados. “Quiero agradecer la presencia de Bullrich, que vino a acompañarme a esta exposición, y por su enorme trabajo sosteniendo los valores de la República en todos los terrenos que ello lo requiera”, dijo el Presidente en ExpoAgro.

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada a los “grupos organizados de barras bravas” de más de una veintena de clubes de fútbol.

La denuncia también apunta contra dos intendentes del PJ, Fernando Espinoza, de la Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y contra Leandro Capriotti, un militante del PJ supuestamente ligado a Luis Barrionuevo.