El Gobierno abre expediente sancionador a Alquiler Seguro por cobrar a los inquilinos comisiones ilegales

La investigación que el Ministerio de Consumo puso en marcha en octubre contra varias inmobiliarias, tras detectar prácticas ilegales, sigue su curso. Mientras continúan las pesquisas, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto ya un expediente sancionador a Alquiler Seguro, ante la evidencia de que carga a los inquilinos con cláusulas ilegales, como el cobro de comisiones por la gestión. Esta es la fórmula que algunos portales estarían utilizando para camuflar el conocido como “mes de agencia”, que prohibió la Ley Estatal de Vivienda y que asociaciones de consumidores y usuarios llevan denunciando desde entonces.

Por el momento, desde Consumo solo han deslizado que se trata de una “gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional”, pero ha sido la propia compañía la que ha admitido haber recibido ese expediente que deben “analizar” para ver “qué interpretación” dan al mismo. Según ha indicado este mismo jueves el CEO de Alquiler Seguro, David Caraballo, se trata de un proceso “muy inicial que todavía”. “Somos muy transparente y, por supuesto, todo nuestro buen hacer lo vamos a demostrar a la administración”, ha señalado, aunque ha abierto la puerta a auditar cualquier protocolo.

La Dirección General de Consumo inició sus actuaciones tras recibir denuncias sobre este tipo de prácticas ilegales por parte del Sindicato de Inquilinas, Facua Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En concreto, estas entidades señalaban infracciones relativas al cobro de una comisión por la gestión del arrendamiento, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados.

El Sindicato de Inquilinas apuntó este jueves a Alquiler Seguro, a quien denunciaron ante Consumo por “llevar a cabo prácticas abiertamente contrarias a la legalidad de manera estructural”, como el “cobro de honorarios, imposición de cláusulas abusivas en sus contratos e incumplimientos del derecho de desestimiento, entre otras”. Entre otros ejemplos, desde la organización apuntan incluso a cláusulas como la incorporación de un índice para las actualizaciones superior al que marca la ley.

La apertura de un expediente sancionador no supone una sanción en sí misma, pero es el paso previo. La normativa permite ahora a la inmobiliaria presentar alegaciones, antes de que la Dirección General de Consumo decida el importe de la sanción que, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios podría ir desde una multa de 100.000 euros, si la infracción es grave, hasta el millón, si se trata de incumplimientos muy graves.

Desde el Sindicato de Inquilinas señalan, no obstante, que esta decisión ya “allana el camino a demandas judiciales contra Alquiler Seguro por seguir cobrando a las inquilinas los honorarios que deben ser abonados por los arrendadores desde la entra en vigor de la Ley de Vivienda”. Además, acusan a la empresa de que “bajo una retórica grandilocuente de criminalización de las inquilinas y ”protección al propietario“ se escondía una estafa permanente de la que también eran víctimas los propios rentistas” porque “el procedimiento investigador, proveniente de varias afiliadas, deja claro que la inmobiliaria exige en concepto de ”garantía adicional“ unas cantidades que en ningún caso protefían al casero, sino que se quedaba la propia empresa”.

El Ministerio no dispara con balas de fogueo. En noviembre ya sancionó a cinco aerolíneas de bajo coste con multas de 179 millones de euros, 107 de ellos a Ryanair, por prácticas abusivas. Era la primera vez que la administración imponía multas por faltas muy graves en el ámbito del consumo, tras adquirir esta competencia en junio de 2022, y supuso también un mensaje claro: que el Gobierno ejercería dicha competencia frente a “grandes empresas que se han acostumbrado a ser quienes dictan las reglas en el mercado”, reconocía Bustinduy entonces, en una entrevista en elDiario.es.

Ya en aquel momento el ministro advertía que “la vivienda está actuando como una aspiradora de riqueza, que está consiguiendo que la mejora relativa en la distribución de la riqueza y de la redistribución de los salarios en España sea absorbida por un mercado regido por una lógica especulativa y rentista, que hace que vivir de alquiler se haya convertido en un factor de exclusión social y de pobreza”.

Consumo quiere hacer valer sus competencias para atajar esta vulnerabilidad que sufren miles de inquilinos en plena crisis de la vivienda. Además de la apertura de un expediente sancionador a una inmobiliaria y la investigación que continúa respecto a otras empresas por la misma causa, el ministerio está rastreando también a los grandes gestores de pisos turísticos por posibles “prácticas engañosas”, como hacerse pasar por particulares cuando son empresas.

Además, la Dirección General de Consumo ha abierto otro expediente sancionador a Airbnb, después de que la plataforma se negase a retirar miles de pisos que ofertaba como turísticos, pese a no tener licencia o no mostrarla. El ministerio no comparte el nombre de las compañías que investiga, pero en este caso fue la propia plataforma quien reconoció ser la receptora de esta notificación, con la que se muestra “profundamente en desacuerdo” porque “siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales”.